Sánchez logra acuerdo con Junts para aprobar un nuevo Decreto ‘Ómnibus’ con medidas sociales clave
POLÍTICA
Por su parte, Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, criticó la falta de diálogo previo y subrayó que cualquier acuerdo debía alinearse con sus principios políticos: “Nuestros programas electorales son totalmente distintos, y hay un conflicto entre ambas naciones"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acelerado las negociaciones con Junts para alcanzar un acuerdo que permita aprobar este martes un nuevo real decreto-ley con medidas sociales esenciales, como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público. El pacto se cerró tras intensas conversaciones que marcaron la agenda del Consejo de Ministros, prolongado más de lo habitual por el delicado proceso de consenso.
La semana pasada, el decreto original que incluía estas medidas fue rechazado en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts, dejando al Ejecutivo en una posición delicada. Sin embargo, Sánchez ha optado por reformular la iniciativa y buscar el apoyo de Junts para evitar una nueva derrota parlamentaria.
El nuevo texto incorpora elementos fundamentales del llamado “escudo social,” como la revalorización de las pensiones, el incremento del ingreso mínimo vital, ayudas para afectados por la DANA y la financiación de abonos de transporte público. No obstante, algunas propuestas polémicas, como la suspensión de desahucios para familias vulnerables, han quedado fuera debido a la firme oposición de Junts.
Junts justificó su rechazo inicial señalando que el Gobierno no había negociado el contenido del decreto y que su aprobación se había planteado de forma apresurada. Según Josep Rius, portavoz de la formación, “no podemos avalar un texto de 140 páginas que se nos presenta con apenas 24 horas de margen.”
Por su parte, Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, criticó la falta de diálogo previo y subrayó que cualquier acuerdo debía alinearse con sus principios políticos: “Nuestros programas electorales son totalmente distintos, y hay un conflicto entre ambas naciones.”
El acuerdo logrado excluye iniciativas que Junts considera controvertidas, como la suspensión de desahucios, al argumentar que “no resuelve la problemática de las ocupaciones delincuenciales,” según señaló Rius. Esta postura refuerza la estrategia de Junts de exigir un análisis detallado y un debate más amplio para medidas de esta magnitud.
Tras el respaldo de Junts, el Gobierno confía en que el texto revisado sea aprobado en el Congreso, allanando el camino para implementar las medidas sociales previstas. Sin embargo, el proceso ha evidenciado las dificultades que enfrenta un Ejecutivo sin mayoría absoluta, obligado a negociar cada iniciativa con partidos cuyas prioridades a menudo chocan con las suyas.
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