Ordenan la ejecución forzosa de demolición por obra ilegal en Agrupación Fuerte

La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Ceuta ha hecho público este lunes, 10 de febrero, un anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la ejecución forzosa de la demolición de una obra ilegal en la ciudad. La orden se enmarca dentro de un procedimiento administrativo relacionado con la protección de la legalidad urbanística.

En este sentido, la sentencia obliga al condenado a restablecer el estado físico original del inmueble mediante la demolición de la obra levantada en el área de Agrupación Fuerte 16 y Fuerte Bajo 220 C. No obstante, la demolición no ha sido llevada a cabo por el interesado, lo que ha llevado a las autoridades a activar el procedimiento de ejecución subsidiaria.

Según el Decreto firmado por el Consejero de Fomento, la demolición de la obra ilegal será ejecutada a costa del responsable, tal como establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La resolución también establece que se iniciarán los trámites necesarios para contratar las obras de demolición, cuya valoración asciende a un total de 3.785,60 euros, incluyendo el estudio de seguridad y salud, y el estudio de gestión de residuos.

El procedimiento también afecta a los actuales ocupantes del inmueble, quienes, según un informe policial fechado el 24 de julio de 2024, residen en la vivienda objeto de la demolición. La resolución también señala que se está gestionando la posible intervención de los Servicios Sociales para evitar cualquier desamparo de la unidad familiar afectada.

Además, la Administración local ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta la autorización necesaria para acceder al inmueble y ejecutar la demolición en cumplimiento de la orden judicial. La ejecución subsidiaria comenzará en cuanto se formalicen todos los trámites necesarios.

La resolución, que agota la vía administrativa, subraya la importancia de restaurar el orden urbanístico en Ceuta y hacer cumplir la normativa vigente en cuanto a la edificación y el uso del suelo. Las partes interesadas tienen la posibilidad de recurrir ante los tribunales, si así lo desean, pero la ejecución de la demolición no se suspenderá salvo decisión judicial en contrario.

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