Los abogados advierten de que el derecho de defensa se está viendo afectado por una digitalización de la justicia deficiente

Los profesionales de la abogacía en Ceuta han mostrado su preocupación por las dificultades que encuentran para acceder al expediente judicial electrónico a través de la plataforma Horus. El Colegio de la Abogacía de Ceuta (ICACE) advierte de que las carencias que presenta el sistema afectan al derecho de defensa que asiste a sus representados. “La implementación del expediente judicial electrónico está generando graves deficiencias que afectan al derecho de defensa y al acceso en igualdad de condiciones que el resto de operadores jurídicos a la información procesal”, señala el ICACE en un comunicado.

Los abogados explican que jueves y fiscales disponen a día de hoy de mayores facilidades para acceder a los expedientes, lo que, a juicio de los lertrados, afecta al principio de igualdad en el proceso judicial.

El ICACE ha subrayado toda una serie de deficiencias que presenta actualmente el sistema. Los abogados se quejan de que los expedientes a los que acceden a través de Horus no incluyen todo el contenido utilizado por el órgano judicial. Además, denuncia “fallos recurrentes” que impiden acceder al sistema y critica la falta de un índice claro y de una estructura determinada que facilite la consulta de todos los documentos del expediente.

A todas estas carencias, los abogados suman la falta de conexión entre los distintos sistemas judiciales autonómicos, una situación que dificulta el trabajo de los profesionales del derecho ya que imposibilita acceder al expediente cuando se trata de procedimientos o recursos que se tramitan en otra comunidad autónoma. “La situación ha llegado a un punto crítico, y no se puede continuar así: deben desaparecer los obstáculos para el acceso al expediente judicial electrónico”, protesta el Colegio.

El ICACE reclama al Ministerio de Justicia y a los órganos con competencias la adopción de “medidas urgentes” para corregir las deficiencias y garantizar que la digitalización de la justicia no suponga la vulneración del derecho de defensa.

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