Desalojo de okupas: Así establece la ley cómo debe actuar la Policía ante un allanamiento

En España, las ocupaciones ilegales de viviendas han generado un aumento en la preocupación social y judicial. Durante 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron un total de 16.426 casos de okupación, con muchos más continuando en 2025.

Sin embargo, no todas las okupaciones se gestionan de la misma forma, y las fuerzas de seguridad deben aplicar diferentes protocolos dependiendo del tipo de ocupación. Desde el allanamiento de morada hasta la usurpación de vivienda, el marco legal varía, y es crucial entender cómo debe proceder la policía en cada caso.

Existen tres tipos fundamentales de okupación que determinan la forma en que la policía puede actuar:

- Allanamiento de morada: Este tipo de ocupación ocurre cuando se invade la vivienda habitual de una persona. Según el artículo 202 del Código Penal, se considera un delito grave, dado que atenta contra la intimidad y seguridad de los moradores. En caso de ser detectado en las primeras 48 horas, los agentes pueden actuar de forma inmediata, sin necesidad de juicio, para desalojar a los ocupantes.

- Usurpación de vivienda: A diferencia del allanamiento, la usurpación no implica la invasión de la vivienda habitual de una persona. Se da cuando alguien ocupa un inmueble o edificio que no es la residencia principal del propietario y sin su consentimiento. Aunque también está penado por el Código Penal, este tipo de okupación no se considera tan grave, lo que limita la capacidad de la policía para actuar de inmediato. En este caso, la solución pasa por el proceso judicial.

- Inquiokupación: Este fenómeno tiene lugar cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y se niega a abandonar la vivienda. Aunque este tipo de okupación no es estrictamente ilegal, ya que el contrato de arrendamiento fue previamente firmado, se trata de una situación conflictiva que requiere procedimientos legales para su resolución.

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El protocolo policial ante el allanamiento de morada

En casos de allanamiento de morada, la ley es clara: la desocupación debe ser inmediata. Así lo establece la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, un documento clave que regula la actuación de las fuerzas de seguridad en casos de ocupación ilegal. Según el protocolo, la policía tiene la obligación de intervenir de forma urgente siempre que se identifique un allanamiento de morada, independientemente del tiempo que haya pasado desde que ocurrió la ocupación.

El experto en derecho penal, Moradai, resalta que aunque el procedimiento es claro en cuanto a la acción inmediata de desalojo, el principal obstáculo radica en demostrar que realmente se trata de un allanamiento de morada. A pesar de la gravedad del delito, la policía no puede actuar sin la debida prueba que confirme que el inmueble ocupado es, efectivamente, la vivienda habitual del propietario. "Las escrituras o facturas solo demuestran la titularidad del inmueble, pero no prueban que se vive allí", explica Moradai.

El concepto de “morada” no está claramente definido en el Código Penal, lo que ha generado dificultades a la hora de aplicar la ley. De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, la morada se entiende como el lugar habitado por una persona y donde desarrolla su vida privada. Esto implica que la policía necesita pruebas adicionales, como declaraciones de vecinos que puedan confirmar que la persona ocupada reside allí de forma habitual. Sin estas pruebas, el proceso de desalojo puede verse obstaculizado.

Moradai sugiere que un buen truco para demostrar la morada es contar con un vecino que pueda atestiguar que la persona vive en la vivienda ocupada. A pesar de la claridad del protocolo, este tipo de pruebas se han convertido en la barrera principal que impide que la policía actúe de inmediato en todos los casos.

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