El PP impulsa en Europa la reducción del precio de los alimentos sin gluten para celíacos

El Partido Popular ha asumido el liderazgo de una iniciativa en el Parlamento Europeo destinada a reducir el precio de los alimentos sin gluten, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes celíacos, quienes deben seguir una dieta estricta para evitar graves complicaciones de salud.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha subrayado la necesidad de “acabar con la situación de vulnerabilidad que sufren los celíacos tanto a nivel nacional como europeo”, y ha abogado por utilizar “todos los instrumentos posibles” para establecer tipos impositivos reducidos sobre los productos sin gluten, además de impulsar normas específicas para la protección de este colectivo.

Esta propuesta vuelve a cobrar actualidad con el respaldo popular a una petición presentada por la Associació Celíacs Catalunya (SMAP Celíacs Catalunya), que será debatida a mediados de mayo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La cita coincidirá con la conmemoración del Día Internacional de la Celiaquía, el 16 de mayo.

La intervención de la asociación catalana pretende poner el foco en la necesidad de una estrategia común europea que aborde tanto el diagnóstico como el tratamiento de la celiaquía, una enfermedad crónica que requiere un riguroso seguimiento médico y dietético.

Actualmente, se estima que el sobrecoste anual que soportan las personas celíacas en su cesta de la compra supera los 1.200 euros. Esta carga económica, que no es compartida por la población general, convierte a estos pacientes en un colectivo especialmente vulnerable.

En este sentido, Montserrat ha insistido en que reducir el IVA al 4 % en los productos sin gluten “es una medida urgente y posible”. La normativa comunitaria lo permite, pero países como España aún no lo aplican de forma generalizada. “No podemos seguir ignorando esta necesidad básica”, ha añadido.

Uno de los casos más representativos es el del pan sin gluten. A pesar de que el Tribunal Supremo obligó al Gobierno español a aplicar un IVA reducido al pan común, este no se reconoce aún para su versión sin gluten, lo que impide que se beneficie de descuentos fiscales similares.

La Associació Celíacs Catalunya denuncia que estas carencias no se limitan al ámbito fiscal. El acceso al diagnóstico sigue siendo lento y desigual en muchos Estados miembros, incluyendo España, lo que prolonga el sufrimiento de quienes padecen la enfermedad sin saberlo.

La ausencia de medidas armonizadas en la Unión Europea perpetúa estas desigualdades sanitarias. “Estamos dejando atrás a millones de ciudadanos que requieren una respuesta sanitaria y alimentaria específica”, advierte la asociación.

La demora en la atención médica y en la disponibilidad de una alimentación segura tiene consecuencias directas sobre la salud de los pacientes celíacos. Entre los riesgos más comunes se encuentran la osteoporosis, enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer.

“Cada mes que pasa sin medidas concretas es un mes más en el que las personas celíacas continúan expuestas a una atención sanitaria desigual e insuficiente”, ha alertado Montserrat. La eurodiputada considera que no basta con recomendaciones, sino que es imprescindible avanzar hacia una regulación más justa y efectiva.

El PP considera que esta es una cuestión de equidad y salud pública. Por ello, la propuesta plantea que los Estados miembros adopten un marco común que garantice el acceso equitativo al diagnóstico precoz, al tratamiento y a una alimentación sin gluten a precios accesibles.

Desde la formación popular se espera que el debate en la Comisión de Peticiones sirva para activar una hoja de ruta legislativa que logre compromisos reales por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales.

Montserrat, que ha defendido esta causa durante los últimos años en el Parlamento Europeo, concluye que “es hora de dar respuestas concretas a las demandas de un colectivo que lleva demasiado tiempo olvidado en las agendas políticas”.

El impulso de esta iniciativa por parte del PP se enmarca también en su estrategia de reforzar la protección de los consumidores más vulnerables y reclamar un mercado alimentario más justo y accesible para todos.

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