Cuatro detenidos por presunto fraude en las autorizaciones de residencia por arraigo

El conflicto entre ProCeuta y la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) desde que Miguel Señor está al frente, y del que informó EL PUEBLO la pasada semana ha terminado por explotar este miércoles después de que la UCRIF haya procedido a la detención de cuatro personas. Como informábamos hace una semana, la academia asegura que le están poniendo trabas a la hora de homologar los diplomas de formación a sus clientes, algo que desde el órgano de representación del Gobierno en la ciudad autónoma niegan en rotundo a este diario. El problema ha escalado a tal magnitud que la entidad -investigada por la UCRIF por una supuesta “falsedad documental” en algunos cursos- decidió denunciar y, según fuentes consultadas por este medio, la jueza ha admitido a trámite la querella por “prevaricación”. Ambas partes deberán declarar este 20 de mayo. “Estamos tranquilos”, explican desde la institución pública.

Con todo ello, este miércoles por la mañana efectivos de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF-1) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta, han procedido a la detención de cuatro personas como autoras de los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores. Entre los detenidos se encuentra el propietario y la directora de la academia Proceuta, así como otras personas relacionadas, y estarían dentro de la investigación de irregularidades detectadas en los cursos de formación impartidos a ciudadanos extranjeros para la consecución de autorizaciones de residencia por arraigo.

La investigación, nombrada “Operación Tetuán”, se inició a comienzos del año 2024 tras el incremento inusual de peticiones de ciudadanos extranjeros en situación irregular detectado por la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno de Ceuta. Pretendían obtener autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo para la formación, en la que acreditaban la superación y obtención de diplomas y certificaciones, tras la realización de cursos de formación profesional impartidos en una conocida academia de la ciudad.

Los responsables de la citada academia, utilizando la infraestructura que le ofrece la actividad en el ámbito formativo desempeñada desde hace años y en connivencia con una empresa de limpieza, ambas con el mismo domicilio social, y con la imprescindible colaboración de otras dos personas relacionadas con ambas entidades, habrían captado al menos, a 54 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular. Se les habría ofrecido la posibilidad de regular su situación administrativa en España, únicamente con la facilitación de certificaciones y diplomas de superación de un curso de formación profesional, a cambio del pago de mil cuatrocientos euros por la matrícula del mismo.

Dichos cursos no se habrían impartido con los requisitos que exige la legislación. Se detectaron numerosas irregularidades por parte de la Delegación Provincial de Educación, Formación Profesional y Deportes de Ceuta, como por ejemplo carecer en tiempo y forma de las autorizaciones pertinentes para la realización de los cursos ofertados, o la falta de autorización para la realización de las prácticas formativas laborales, para las que ninguno de los alumnos fueron dados de alta en la Seguridad Social.

A todas estas irregularidades de carácter administrativo, se unen impedimentos de peso como es la barrera idiomática, dado que la normativa recoge que dichos cursos deben impartirse en castellano, con un módulo de formación teórica que conlleva la realización de varios exámenes tipo test, por lo que es obligatorio y necesario “poseer habilidades de comunicación suficiente que permitan el aprendizaje”. Así pues, la mayoría de los alumnos no sabían leer ni escribir el idioma español, y muchos de ellos apenas lo hablarían.

Conociendo este impedimento idiomático, tanto por los responsables de impartir la formación como por los alumnos, los investigadores consideraron que habría quedado sobradamente acreditada la connivencia entre los al menos 54 alumnos investigados, a quienes se les imputan delitos de falsedad documental, y los responsables de la academia. Así, obtuvieron una matrícula que les servía para obtener el permiso de residencia que de otra forma no hubieran podido obtener, y todo ello a cambio de una prestación económica.

En ningún momento hubo intención de impartir realmente la formación, si bien era posible que, algunos de estos alumnos acudieran presencialmente a la sede con la intención de guardar la apariencia externa, sobre todo de cara a terceras personas, con la única finalidad de prevenirse ante posibles inspecciones que desde la Delegación Provincial de Educación pudiese llevar a cabo.

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