Cabillas ve "una barbarie" que el acusado culpe a su hija: "Ya no está su madre y ahora va a por ella"

El letrado de la acusación particular en el juicio sobre el crimen de Parques de Ceuta en 2022, Javier Cabillas, ha definido la versión del supuesto autor del asesinato de su esposa, Alonso G., de "maquiavélica" o de "barbarie", y ha asegurado que "solo lo creen su madre y su hermana" por "sorprendente": "Jamás hemos visto nada igual, ni en esta ciudad ni en ningún sitio", ha considerado, acusándolo de mentir durante su informe final en las conclusiones de la vista y en concordancia con la Fiscalía. "Ya no está su madre y ahora va a por ella", ha depuesto en referencia a M.G.L., la menor de edad durante los hechos y testigo de los mismos. También ha cargado contra la línea de defensa por acogerse a un supuesto trastorno bipolar de la descendiente del matrimonio que no ha llegado a ser acreditado durante la prueba, que se ha prolongado ininterrumpidamente desde el pasado lunes 21 de abril. Para el letrado no hay dudas sobre la verdadera autoría, sobre los malos tratos ejercidos contra la víctima, de que el agente contaba con sus capacidades cognitivas y volitivas el día de autos y de los daños causados a la joven. Pide más de 40 años de prisión para el acusado.

Poco tenía que añadir el abogado de la acusación particular, Javier Cabillas, al informe "brillante", "trabajado" y "minucioso" -en sus propias palabras- expuesto por la Fiscalía. Muchas veces solo he matizado o añadido algo, y en ocasiones es mejor callarse", consideró el letrado al inicio de su exposición, que sin embargo dividió todas las pruebas practicadas en el juicio sobre el crimen en cuatro bloques: la autoría de la muerte de María de los Ángeles L. -esposa y víctima-, la existencia de violencia de género o del maltrato habitual de los que se acusa a Alonso G., el estado mental de este policía local y, por último, los daños provocados a su hija, testigo del disparo que acabó con la vida de su madre.

Con respecto al segundo bloque, se basó en las declaraciones de los testigos, además de en la de la hija, que narraron una relación matrimonial de "gritos, golpes y porrazos" o la situación de una madre "cada vez más apagada" por "una vida machista de dominancia absoluta de él a la mujer". De la misma manera, implicó a otros actores que se han encargado del caso y que siempre lo han catalogado como un crimen de violencia de género: jueces, policías, psicólogos... Incluso la psiquiatra habitual de Alonso, a quien visitó durante casi dos décadas, definió a Mari Ángeles en su informe como "siempre en un segundo plano, callada y sin contradecirle".

En cambio, para dudar del estado mental de Alonso, acreditado con sufrir un trastorno bipolar y otro paranoide de la personalidad, dudó del diagnóstico de esta última especialista por basarse en pocas sesiones -en las que el agente le mentía- y que la llevaron a emitir un informe que "arrastró" al resto de los practicados por el psicólogo forense o por el doctor José Cabrera. También se ha basado en sus comportamientos lógicos el 14 de marzo de 2022, el día del supuesto asesinato: sabía que era lunes y que su hija no estaba en el colegio, se autoprotege al llamar a Emergencias y decir "se me ha disparado el arma" o al intentar lavarse las manos, reconoció a sus compañeros, no lo vieron fuera de sí, etc. "Tuvo la capacidad de cargar un arma, apuntar, disparar e ignorar las súplicas", considera el letrado, por lo que para él no cabe la atenuante o eximente esgrimida por la defensa sobre la salud mental del agente.

En cuanto a los daños psíquicos englobados en los delitos de lesiones contra la menor, Cabillas ha reiterado lo expuesto por las y los profesionales en Psicología y Psiquiatría que han declarado en sede judicial: "Es una persona destruida y las dolencias afectan a todas las esferas de su vida", resumió el abogado, que las describió como "crónicas, permanentes, irreversibles e innumerables". "Esas lesiones causadas siguen provocándose porque sigue haciendo daño a su hija con esta defensa-acusación que intenta culpabilizar a la victima y que aumenta su dolor", ha sintetizado.

Finalmente, a juicio de Cabillas, la Ciudad Autónoma tiene una responsabilidad en el supuesto asesinato perpetrado por Alonso en tanto en cuanto es un policía local con una pistola reglamentaria y en acto de servicio; así como que los protocolos para detectar el riesgo "fueron notoriamente insuficientes" porque se basaban en un cuestionario que los agentes rellenan y en el que pueden mentir. "Es una absoluta temeridad, algunas personas aquejadas de salud mental no son conscientes de su dolencia, debe haber pruebas mucho más estrictas para alguien que tiene un arma", ha concluido.

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