Rego advierte a las CCAA que el rechazo al reparto de menores no implica que "no se vaya aplicar"
MENORES - INMIGRACIÓN
La ministra ha confirmado el nuevo plazo de 10 días para que aporten toda la información sobre el número de menores acogidos en la actualidad
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido este martes de que la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular al real decreto que establece el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados no impedirá su aplicación, que sigue su curso con plazos y procedimientos ya en marcha.
En una entrevista concedida a TVE, Rego ha recordado que tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se ha activado un nuevo plazo de diez días para que las comunidades autónomas remitan información actualizada sobre el número de menores acogidos en la actualidad.
“Una vez celebrada la conferencia sectorial, estamos en condiciones de poner en marcha plazos que, de alguna manera, limitan más la transferencia de información”, ha afirmado la titular de Juventud e Infancia, en referencia a los retrasos acumulados por algunas autonomías en la remisión de estos datos.
El nuevo plazo, que ha comenzado a contar este martes, servirá según Rego para establecer el sistema ordinario de acogida, un paso previo imprescindible para activar la declaración de contingencia migratoria, un mecanismo que esperan especialmente territorios como Canarias y Ceuta, que afrontan una elevada presión en sus sistemas de atención.
“A partir de aquí podemos comenzar el plan para establecer cuál es el sistema ordinario y cuál va a ser la distribución de estos niños en el conjunto del territorio”, ha explicado la ministra, subrayando que el proceso se enmarca plenamente en el procedimiento previsto en el real decreto aprobado por el Gobierno.
Rego ha reiterado su voluntad de mantener un diálogo abierto con todas las comunidades autónomas, pero ha subrayado con firmeza que “esto no significa que el real decreto no esté operativo, que lo está, y que no se vaya a aplicar, que se está aplicando”. La previsión del Ejecutivo central, ha dicho, es iniciar los traslados de menores este mismo verano.
La ministra no ha respondido en cambio a la petición de recursos adicionales formulada por el Gobierno canario para atender a los menores que permanecen en el archipiélago, aunque sí ha defendido con rotundidad la reforma del artículo 35 del Reglamento de Extranjería como medida estructural para afrontar este desafío.
“Hemos visto cómo el acuerdo voluntario no ha funcionado en los últimos años, en los que menos de la mitad de los niños han sido acogidos. A partir de esta realidad planteamos la modificación del artículo 35, que es la manera estructural de acoger a estos niños con garantías y con unos criterios de viabilidad a sus proyectos de vida”, ha señalado.
En el caso de Ceuta, la presión migratoria asociada a la llegada de menores no acompañados ha desbordado el sistema de acogida local. Así lo advirtió el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, durante su intervención en la Conferencia Sectorial celebrada este lunes en Madrid, donde alertó de la "situación límite" que atraviesa la ciudad autónoma.
Gaitán reveló que solo en los dos últimos días de la pasada semana accedió a Ceuta un número de menores equivalente al 10 % del total acogido hasta ese momento, lo que refleja, en sus palabras, una presión "constante y creciente" que compromete la viabilidad presupuestaria de la ciudad, cuyo sistema de protección está actualmente sobreocupado al 420 %.
Según el consejero, el 75 % de los menores están alojados en recursos provisionales o de emergencia, y la ratio de menores acogidos por cada mil habitantes multiplica por 24 la media nacional. Esta situación, ha denunciado, no solo pone en jaque los recursos locales, sino que constituye un esfuerzo desproporcionado para una administración con competencias limitadas y un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados.
Gaitán ha reclamado un sistema “ágil y ordenado” de traslados, sustentado en criterios objetivos y en la implicación efectiva del Estado. “No es solo una cuestión de justicia y solidaridad, sino de respeto a los principios constitucionales en un Estado descentralizado con competencias compartidas”, ha argumentado.
El representante ceutí ha reiterado que la presión migratoria no puede abordarse como un fenómeno aislado en las fronteras, sino como un desafío nacional que exige una respuesta “estructural, coordinada y solidaria” por parte de todas las comunidades autónomas.
El Gobierno central considera imprescindible sustituir el modelo de acogida voluntario por uno estructurado y obligatorio que garantice el reparto equitativo de menores entre comunidades. Una medida que choca con la negativa de varias autonomías gobernadas por el PP, pero que, según ha remarcado la ministra, no detendrá la aplicación del decreto en vigor.
La situación de Ceuta, como la de Canarias, será especialmente tenida en cuenta en los procedimientos previstos para la declaración de contingencia migratoria, que permitiría desbloquear mecanismos de apoyo y traslados más ágiles. Para ello, el Ministerio de Juventud e Infancia espera contar en los próximos días con todos los datos actualizados por parte de las comunidades autónomas.
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