La AUGC alerta: el protocolo de acoso en la Guardia Civil no protege

La carta enviada por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para alertar sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres guardias civiles víctimas de acoso sexual ha desatado una intensa polémica política. El PSOE local y la Delegación del Gobierno han acusado a la responsable autonómica de lanzar “acusaciones infundadas” contra la Guardia Civil en Ceuta, pese a que la misiva no hace referencia alguna a casos concretos ni menciona a la Comandancia de la ciudad.

Lejos de lo que apuntan las críticas, la carta de Benzina se limita a trasladar al Ministerio de Igualdad las preocupaciones expuestas en un informe elaborado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de carácter estatal, en el que se alerta sobre las deficiencias de los protocolos internos de la Guardia Civil frente al acoso sexual y la desigualdad estructural que afecta a las mujeres dentro del cuerpo.

El documento de la AUGC —al que ha tenido acceso El Pueblo de Ceuta— detalla que, 36 años después de que las mujeres accedieran por primera vez al cuerpo, su presencia apenas alcanza el 9,57 % del total de efectivos. En comparación, la Policía Nacional cuenta con un 16,89 % de mujeres, los Mossos d’Esquadra un 21 %, la Ertzaintza un 16 % y las Fuerzas Armadas un 12,9 %.

Además de esta baja representación, la AUGC advierte de obstáculos estructurales para la promoción profesional femenina y una preocupante falta de garantías en la protección frente al acoso sexual. La asociación denuncia que los protocolos actuales obligan a las víctimas a denunciar ante el superior jerárquico del presunto agresor, lo que genera desconfianza y miedo a represalias.

En su carta, Benzina subraya que “todas las mujeres que desempeñan funciones públicas o en cuerpos de seguridad deben tener garantizado su derecho a un entorno laboral seguro y libre de acoso”. Para la consejera, la desigualdad de protección entre mujeres de la Administración General del Estado y las de la Guardia Civil “vulnera derechos fundamentales y socava la confianza en las instituciones”.

El informe en el que se ampara la consejera también denuncia que, una vez activado el protocolo, la víctima no puede ser acompañada por una persona externa o de su confianza, sino únicamente por otro miembro de la Guardia Civil. Esta limitación, según AUGC, genera situaciones de incomodidad, desprotección y revictimización.

De hecho, la propia AUGC reconoce que muchas víctimas “ni siquiera se atreven a activar el protocolo” y que solo una de cada diez da el paso de solicitar su aplicación. “Las mujeres que denuncian quedan señaladas y desacreditadas por su entorno, y muchas terminan de baja psicológica o solicitando un destino lejos de su unidad”, advierte la organización.

Entre 2019 y 2022 se registraron oficialmente 14 casos de acoso sexual en la Guardia Civil, aunque la AUGC afirma conocer más casos que nunca llegaron a ser denunciados por miedo a las consecuencias.

En contraste, el protocolo aprobado por la AGE en marzo de 2024 contempla garantías mucho más amplias: permite que cualquier trabajador o representante sindical active el procedimiento, asegura el derecho al acompañamiento libre, ofrece asesoría confidencial personalizada y prevé plazos breves de respuesta.

En la Guardia Civil, en cambio, las víctimas deben repetir su testimonio en varias ocasiones, lo que aumenta su exposición emocional, y no tienen derecho a recurrir la resolución interna si no están conformes con su resultado. Su única alternativa es la vía judicial, que muchas no se atreven a emprender.

“Desde AUGC queremos que las mujeres guardias civiles tengan exactamente las mismas garantías que cualquier trabajadora de la Administración General del Estado”, reitera el informe, que subraya que “la naturaleza militar del cuerpo, su jerarquía rígida y la baja representación femenina dificultan enormemente que las víctimas se sientan protegidas”.

La asociación plantea además una reforma urgente del protocolo, incluyendo medidas como la elección libre de acompañante, la desvinculación del proceso de la cadena de mando y la garantía de que sea el presunto acosador, y no la víctima, quien sea apartado del entorno profesional compartido.

A juicio de la AUGC, la Guardia Civil necesita adoptar una cultura institucional más acorde a la sociedad actual, donde “la igualdad de género no sea una declaración de intenciones sino una realidad efectiva”.

La carta de Benzina, lejos de formular acusaciones infundadas, pone sobre la mesa una preocupación legítima basada en un informe contrastado de una asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

Pese a ello, el PSOE de Ceuta exigió a la consejera que “retire inmediatamente” la carta enviada al Ministerio de Igualdad, acusándola de realizar una “denuncia falsa” y de utilizar la violencia sexual “como herramienta política para ganar visibilidad”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, también mostró este viernes su “malestar” por el contenido de la misiva, que considera un “ataque injustificado” a la Guardia Civil, y ha recalcado que “no existe ninguna denuncia por acoso sexual en la Comandancia de Ceuta”.

Desde el entorno de la consejera, sin embargo, se insiste en que el único objetivo de la carta ha sido llamar la atención sobre una problemática recogida por una organización profesional y reclamar una revisión de los protocolos para garantizar igualdad de trato a todas las trabajadoras públicas.

“La violencia sexual no puede silenciarse, ni relativizarse, ni utilizarse para ajustes de cuentas políticos. Las mujeres guardias civiles merecen ser escuchadas y protegidas”, concluye el informe de la AUGC, cuya difusión ha reabierto un debate que va mucho más allá de Ceuta y que interpela a las estructuras más profundas del sistema de seguridad pública en España.

Sigue el canal de El Pueblo de Ceuta en WhatsApp. Pincha aquí, dale a SEGUIR y encontrarás toda la actualidad informativa de la jornada ceutí