¿Puedes jubilarte antes? Así es la reforma publicada en el BOE para profesiones peligrosas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la normativa que regula el procedimiento para permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con condiciones laborales consideradas de riesgo, desgaste o alta siniestralidad. El decreto fue aprobado en Consejo de Ministros el martes 27 de mayo y entra en vigor en un plazo de veinte días.

La nueva regulación establece un mecanismo para identificar aquellas ocupaciones que podrán acogerse a coeficientes reductores de la edad de jubilación. El objetivo es aplicar esta medida a trabajos cuya naturaleza se defina como especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, y que presenten tasas elevadas de morbilidad o mortalidad, según se detalla en el texto oficial.

Según el decreto, el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada exige haber desarrollado la actividad correspondiente durante un periodo igual al exigido para la jubilación ordinaria. La edad mínima para acogerse a esta fórmula será de 52 años y no se permitirá continuar trabajando en la misma ocupación tras la concesión de la pensión anticipada.

Para garantizar el equilibrio financiero del sistema, se establece una cotización adicional a cargo de los trabajadores y empresas afectadas, cuya cuantía se actualizará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

El procedimiento para solicitar el reconocimiento de una actividad como susceptible de reducción de la edad de jubilación podrá iniciarse a instancia de organizaciones sindicales y empresariales representativas, así como por asociaciones profesionales en el caso de autónomos y personal del sector público.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe técnico con base en estadísticas de salud laboral, al que se sumarán evaluaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo. Para los casos del ámbito público, se incluirá también un informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Todos estos documentos serán analizados por una Comisión de Evaluación, encargada de emitir un informe final que podrá dar lugar a la propuesta de un nuevo decreto de reconocimiento para las profesiones solicitadas. El plazo máximo de resolución será de seis meses desde la presentación de la solicitud, y se prevé un trámite de audiencia para la presentación de alegaciones y documentación adicional por parte de los colectivos afectados.

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