El ‘papel cero’ en los juzgados, al menos hasta dentro de 6 meses

EL PUEBLO

CEUTA.- La aplicación del ‘papel cero’ en los juzgados que entró ayer en vigor se ralentizará al menos para Ceuta y supondrá una demora de al menos seis meses.

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que hoy se habrán culminado los niveles “básico” y “medio” en la aplicación de las comunicaciones electrónicas en los juzgados y tribunales que no tienen transferidas las competencias de justicia: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla.

El escepticismo y las dudas protagonizan la entrada en vigor hoy del mandato contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos judiciales entre los profesionales se comuniquen de forma telemática, lo que supondrá el fin del papel en los juzgados y tribunales.

La digitalización de la Justicia es uno de las grandes apuestas que figuraban en la agenda del ministro Rafael Catalá, quien fijó el 1 de enero de 2016 como el horizonte para impulsar la gestión telemática entre los profesionales de la Justicia.

El texto establece la obligatoriedad a partir de hoy de que las comunicaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales.

Así, los jueces utilizarán los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

Y los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.

No obstante, los desequilibrios entre las comunidades autónomas marcan la entrada en vigor del plan digital puesto que no todas las regiones aseguran estar en condiciones para dar cumplimiento a la Ley a partir de ayer.

Catalá defiende que la mayor parte de las autonomías sí están preparadas para alcanzar el “papel cero” en las administraciones judiciales y sólo la Comunidad Valenciana incumplirá ese objetivo por completo, en tanto que Cataluña, Cantabria y País Vasco solo lo harán parcialmente.

Durante el proceso de implantación, autonomías como Andalucía, Canarias o Aragón, además de la Comunidad Valenciana, han advertido de sus dificultades para alcanzar ese fin ya que no todas han hecho la misma inversión en nuevas tecnologías, es decir, carecen de medios o de formación necesaria.

El Consejo General de la Abogacía, el Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), el Consejo General de Procuradores de España y Jueces para la Democracia (JpD) apuestan por la digitalización pero advierten de que no es un objetivo realizable.

Todas las comunicaciones de aspecto judicial tendrán que ser realizadas a nivel telemático: no habrá papel

Una de las cuestiones que se aprobaron en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la obligación desde el viernes de que todas las comunicaciones entre los profesionales de la Justicia (jueces, secretarios, fiscales, abogados o procuradores) se realicen por medios telemáticos. Es decir, que la presentación de escritos, documentos o notificaciones se realizarán por correo electrónico o la intranet específica (Lexnet) de la Administración de Justicia.

Galicia fue una de las comunidades autónomas pioneras -a día de hoy la Comunidad de Valencia no tiene sistema; Cataluña, Cantabria y País Vasco lo aplicarán parcialmente, y otras cuatro autonomías y Ceuta y Melilla apurarán un plazo de 6 meses para actualizarse- pero en el fondo el papel continúa existiendo en los diversos órganos judiciales.

Se trata de una medida que en todo caso trata de agilizar la justicia, pero obliga también al usuario a utilizar medios tecnológicos que no en todos los casos se encuentran a su alcance.

CCOO indica que se ha perdido poder aquisitivo en las pensiones

E.P./CEUTA.- A pesar de que se ha anunciado por parte del Gobierno una subida de las pensiones, los datos que maneja CCOO indican que en realidad la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas se ha visto a la baja, concretamente en un 1,10%.

El viernes se anunció la subida de pensiones para 2016 en un 0,25%. Dato conocido desde la reforma de pensiones que, como consecuencia de las condiciones impuestas a España por el rescate internacional de nuestro sector financiero y, con ello, de nuestra economía, aprobó el Gobierno y entró en vigor el 27 de diciembre de 2013.

Aquella reforma, que viene aplicándose desde entonces, se alcanzó sin acuerdo parlamentario ni con los interlocutores sociales. Se apartó de los consensos alcanzados en esta materia desde 1995 como consecuencia del Pacto de Toledo en materia de pensiones y supone, “de hecho, que esa revalorización de pensiones del 0,25% anual, se mantendrá durante muchos años”.

“Hay que recordar que, antes de la misma se había suspendido la aplicación de la normativa vigente, que desde 1996 preveía la revalorización de las pensiones con el IPC, en dos ocasiones durante la crisis. La primera, la congelación aprobada por el gobierno socialista en 2011 (que supuso una pérdida de poder adquisitivo de un 2,9% para la mayoría de pensiones); la segunda, la no regularización a final de año de la subida de pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 (que supuso una pérdida de poder adquisitivo de 1,9% también para la mayor parte de pensionistas.”

Con ello, el balance de la revalorización de pensiones durante la crisis, es de pérdida de poder adquisitivo para 3 de cada 4 pensionistas (-1,10%), “lo que se compadece mal con el triunfalismo del Gobierno, que ha intentado e intenta aprovechar la débil situación de nuestra economía acompañada de un período de tasas negativas de inflación, para presentar como ganancia de poder adquisitivo, lo que es un efecto coyuntural, recogido acríticamente en demasiadas ocasiones en la información publicada”.

“Pero el problema fundamental es que este no es el mayor problema. Lo peor está por venir. Será n el momento en que la situación económica se normalice y el dato de inflación se sitúe en los objetivos establecidos “.