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CCOO
Miércoles, 8 de febrero de 2017

Tirar la piedra y esconder la mano

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Un diario local, en sus ediciones del pasado fin de semana, y bajo los títulos “La Policía Local sacará agentes de la custodia de edificios para patrullar” y “Los retos del Jefe de la Policía Local”, publicaba sendos artículos en los que, además de hacer un diagnóstico sobre la situación actual de este servicio público, apuntaba los objetivos que pretende abordar el nuevo Superintendente en su aún nonata reestructuración. No se trata sólo de artículos de opinión. También es una descripción de los planes de la Consejería. Por ello, la Sección Sindical de CCOO de la Policía Local, quiere hacer las siguientes puntualizaciones:

 

No podemos compartir, bajo ningún concepto, la afirmación de que “la Policía Local atraviesa por su peor momento”. Es una valoración injusta, que no se sustenta en dato objetivo alguno. Pero en cualquier caso, y para dotar al análisis del rigor debido, es preciso llamar la atención sobre dos hechos fundamentales: Por un lado, la reducción de la plantilla, que se sitúa en torno a un 12% en los últimos años. Esto supone un problema evidente cuando, además, durante este periodo se ha carecido de algo tan elemental como el modelo de Policía que se pretende y de una planificación racional. La política del Gobierno se ha reducido a “tapar la boca” a la ciudadanía en cada una de sus demandas, improvisando unidades y servicios de toda clase y condición, sin evaluar previamente las consecuencias que la implantación de estas unidades traería a medio y largo plazo. Así se ha ido (des)estructurando la Policía hasta llegar a situaciones absurdas en la que no hay suficientes efectivos para cubrir todas las necesidades que el propio Gobierno se ha creado (también responsable de los recortes de la plantilla). Cuando esto sucede, se procede a eliminar lo que anteriormente, y de manera poco reflexiva, se consideraba “prioritario”. Cada una de estas decisiones (creación y eliminación) conlleva su correspondiente proceso administrativo (nunca inferior a tres meses) y consecuente desorden.

 

Con respecto a la “revolución necesaria” en la Policía Local, es necesario dejar muy claro que en materia de Policía Local hay muy poco margen para la “creatividad”. Sus funciones están perfectamente definidas y reguladas en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 2/1986 y en el Reglamento vigente.

 

En relación a la pretensión de “sacar más Policías a la calle”, consigna política recurrente cuando la opinión pública “aprieta” alarmada por la inseguridad ciudadana; cabe, exigir el estricto cumplimiento de las Bases para la provisión de puestos de Trabajo de la Policía Local, por el procedimiento de concurso de méritos, así como el Reglamento de la RPT de la Ciudad Autónoma.

 

No nos parece correcto anunciar (utilizando indirectamente los medios de comunicación) “tirando la piedra y escondiendo la mano” la intención de suprimir los servicios que se están prestando en la actualidad: vigilancia del Palacio Municipal y del Centro de La Esperanza. En primer lugar porque estas decisiones deben ser objeto de debate en los foros correspondientes establecidos a tal efecto. Pero es que, además, nos tememos que estamos, de nuevo, ante una decisión poco meditada. El servicio que se presta en menores (calificado en su día por el Gobierno de esencial), concretamente en el centro de La Esperanza, es hoy más necesario que nunca. Así lo ponen de manifiesto los profesionales que allí desarrollan su labor diariamente. En la actualidad atienden a más de doscientos menores en condiciones muy complicadas por la escasez de medios. La aportación de la Policía, a juicio de este sindicato, es tan importante como necesaria desde el compromiso de la prestación de servicios públicos de calidad. Por otro lado, también resulta sorprendente que la decisión de sustituir a la Policía Local por seguridad privada en el Palacio Municipal se adopte cuando estamos en “Alerta 4, antiterrorista”. Este hecho, que ahora no parece importar, ha sido esgrimido por el Gobierno de la Ciudad y la Delegación del Gobierno como un factor fundamental para planificar la política de seguridad. Amén de la competencia exclusiva de este cuerpo en la custodia de edificios municipales.

 

Por todo lo expuesto, y a modo de resumen, enumeramos las condiciones que, a nuestro juicio, debe inspirar los cambios que se pretenden abordar en la Policía Local:

 

Uno. Respetar los marcos de negociación establecidos, en los que se debe inscribir un proceso de diálogo entre todas las partes afectadas. Los medios de comunicación tienen otra función.

 

Dos. Los límites de este proceso de reorganización están en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en el Reglamento de la Policía.

 

Tres. Es muy importante asumir por parte de todos y todas que la Policía Local no es un sucedáneo de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil. Es preciso acabar, de una vez por todas, con esa tendencia a pensar que, ante las carencias de otros cuerpos, la Policía Local puede servir de cuerpo multiusos ejerciendo de manera precaria y desordenada (el Gobierno presume y los Policías sufren las consecuencias).

 

Cuatro. La Ciudad debe ejercer el papel que le corresponde en la Junta de Seguridad, en la que, hasta ahora, ha mantenido una posición subordinada y sumisa. Es preciso exigir, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, que cada administración ejerza de manera rigurosa las competencias que la ley le asigna (con los medios suficientes).

 

Cinco. De nada sirve anunciar aumentos de plantilla si los procesos selectivos se demoran eternamente sin explicación alguna. Se necesitan hechos y no palabras. Por ello, consideramos que el proceso para cubrir las nueve plazas de Policía Local se debe poner en marcha de inmediato.

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