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EL PUEBLO
Miércoles, 15 de febrero de 2017

El caso Antonio López va camino de convertirse en el caso Emvicesa

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Ha pasado de ser el caso 317 VPO de Loma Colmenar a convertirse en el caso ‘Emvicesa’, ya que las investigaciones de la UDyCO no sólo se han centrado en lo ocurrido en las citadas VPO sino que se han trasladado a otras promociones como las 225 y las 170 VPO

Las investigaciones iniciadas hace aproximadamente quince meses, tras el revuelo producido por la publicación de la denominada ‘Lista fantasma’, ha venido a destapar una presunta trama que ha pasado de ser el caso 317 VPO a convertirse en el caso ‘Emvicesa’, ya que las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO) de Ceuta no sólo se han centrado en lo ocurrido en las citadas VPO de Loma Colmenar sino también en otras promociones como las 225 y las 170 VPO contruidas en la misma zona.Esta circunstancia hace que no se descarten nuevas e importantes detenciones en los próximos días, que podrían provocar un terremoto político de dimensiones desconocidas en Ceuta.


En este sentido, la investigación ha tenido como objeto intentar conocer cuales fueron los procesos de distribución de estas viviendas así como constatar que los adjudicatarios son finalmente los que en su día aparecieron en los listados aprobados por la Comisión Local de la Vivienda, además de descubrir que relaciones y conexiones pueden existir, todo ello bajo la sospecha de posibles acciones de tráfico de influencia. 

 

Pagos para el acceso a viviendas

Además, otro de los asuntos que está centrando la investigación de la UDyCO es la presunta exigencia de un pago para garantizar el acceso a viviendas oficiales, algo que ha sido voz pópuli durante muchos años. 
Incluso en 2005, mucho antes de que llegara López al área de Emvicesa, ya se comenzaron a conocer las primeras ‘denuncias’ sobre esta cuestión. No en vano, familias que cumplen los requisitos de renta para el acceso al parque público de viviendas de Ceuta llevan años participando en los procedimientos sin éxito alguno, mientras que otras afortunadas han logrado hasta tres pisos, lo que les ha permitido incluso lograr rendimientos económicos con su posterior venta. 

 

Cuando surgió el escándalo, muchos fueron los partidos que salieron a la palestra a exigir transparencia y dirimir responsabilidades políticas, aunque ayer, después de que este caso se haya cobrado su primera detención, pocos quisieron pronunciarse al respecto. Tan sólo Javier Varga, diputado de Ciudadanos, dio la cara considerando que “con todos los respetos a la acción de la justicia y a la presunción de inocencia”, si se ha determinado ya la detención de Antonio López es porque “la jueza ha visto ya indicios más que razonables de un presunto delito”.

 

Desde Ciudadanos reconocían ayer satisfacción por que la justicia aborde por fin un asunto que se conoce porque está en la calle y comience así una limpieza a fondo de esta cuestión. Del mismo modo, Varga recordaba que “López era viceconsejero de un Gobierno que sigue gobernando, y el Gobierno no puede soslayar sus responsabilidades políticas”, resaltando que las judiciales las determinarán los jueces, pero insistiendo en que “se tienen que enfrentar a las responsabilidades políticas y no pueden pretender dejar el asunto al lado con un simple, yo de esto no sabía nada”.

 

A Ciudadanos le gustaría que, ya que ese trabajo de revisión de los procesos de adjudicación “parece imposible de aclararlo en el ámbito político, la justicia no se pusiera límites a la hora de investigar todo lo que ha rodeado el mundo de las viviendas sociales en esta ciudad en los últimos diez o veinte años. El Gobierno debería estar más que preocupado en los dos aspectos, tanto en el político como en el judicial”.

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