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Miguel R. Calderón
Domingo, 9 de abril de 2017

40 Años de la legalización del PCE (1977-2017)

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El proyecto de reforma impulsado por Adolfo Suárez recibió un serio revés cuando en enero de 1977, un grupo de pistoleros de la extrema derecha asesinó en su despacho de la madrileña calle de Atocha, a cinco abogados laboralistas, militantes del PCE

Las incógnitas planteadas por la muerte de Franco, se despejaron a través de un proceso de transición en el que sectores reformistas y sectores revolucionarios, planearon en común un salida legal al caduco sistema franquista: La ley para la Reforma Política.

Para hacer realidad el proyecto de reforma, aprobado en referéndum el 15 de diciembre de 1976 por más del 94% de los votantes, había que permitir la actuación de todos los partidos políticos; es decir, legalizarlos, y por ello había que cambiar la legislación vigente entonces. Un sector franquista y del ejército se oponía a que fuese legalizado el PCE (Partido Comunista de España).

D. Juan Carlos de Borbón era pieza clave de la reforma y si el ya Rey quería serlo de todos los españoles en una democracia, digamos a la europea, donde los partidos comunistas eran legales, difícilmente podrían marginar a los comunistas y además, la monarquía llegaba de las manos de Franco, con un Rey que había jurado los principios del llamado Movimiento, sin legitimidad alguna dado que dicha legitimidad la había perdido la corona cuando Alfonso XIII apoyó el golpe de estado de Primo de Rivera, lo que dio lugar, años más tarde al advenimiento de la II República. Si el PCE no era legalizado junto a las demás fuerzas políticas, la monarquía de Juan Carlos estaría cuestionada desde el principio. 

El proyecto de reforma impulsado por Adolfo Suárez recibió un serio revés cuando en enero de 1977, un grupo de pistoleros de la extrema derecha, vinculado al grupo Fuerza Nueva y a los guerrilleros de Cristo Rey, asesinó en su despacho de la madrileña calle de Atocha, a cinco abogados laboralistas, militantes del PCE, que habían defendido a procesados del sindicato de CC.OO. El asesinato buscaba sin duda, hacer retroceder el proceso de democratización puesto en marcha, provocar una respuesta violenta del PCE y la intervención de las fuerzas armadas.

A este episodio hubo que añadir el secuestro del general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, por un comando del GRAPO, poniendo en vilo a la incipiente democracia. La serena reacción de protesta ciudadana sirvió de acicate para que se facilitase el proceso de legalización de los partidos políticos, al eliminar su necesaria inscripción en el Registro de Asociaciones.

El 27 de Febrero de ese 1977, Suárez celebraba una entrevista secreta con Santiago Carrillo, que llevaba ya cierto tiempo viviendo en España, en la que el secretario general del PCE se comprometía a aceptar dos premisas fundamentales: el reconocimiento y aceptación de la monarquía como sistema político en España y también la bandera rojigualda; todo ello a cambio de ser reconocidos como partido legal.

Adolfo Suárez legalizó el PCE el 9 de Abril de 1977, Sábado Santo, tras declararse el Tribunal Supremo incompetente sobre el tema. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimitió de su cargo como muestra de la fuerte indignación que produjo la noticia entre oficiales y un sector civil de derechas.

Don Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes consiguió bloquear una iniciativa de más de 100 procuradores en Cortes, que solicitaron un pleno extraordinario para debatir la decisión del gobierno. El 23 de Mayo, sin embargo, dimitió Fernández Miranda, sin duda, por desacuerdos con el presidente Suárez.

Por su parte el PCE, que había permanecido en la clandestinidad durante 40 años, quería participar del juego democrático aceptando las nuevas reglas del juego, Desde entonces la política del PCE sería de permanente adaptación a las circunstancias de corte político, rompiendo de raíz la política que los comunistas habían desarrollado desde el fin de la Guerra Civil española.

Curiosamente el PSOE, en el proceso de legalización del PCE, no mostró apoyo alguno ni interés en la definición del asunto, un hecho histórico que supuso un punto de inflexión en el proceso de la transición política de España.

En las elecciones de Junio de 1977 resultó vencedor la UCD de Adolfo Suárez con un 34,5 % de apoyo electoral y 165 escaños; el Partido Socialista se convirtió en la segunda fuerza política con 118 escaños , a gran distancia del PCE-PSUC que sólo pudo alcanzar las 20 actas de diputados. UCD y PSOE lograrían imponerse en un proceso que llevaría a la redacción de la Constitución de 1978.

Aquel varapalo electoral fue un duro contratiempo para los intereses del PCE, que habiendo optado por la reconciliación nacional que tanto le había costado aceptar durante los años de lucha antifranquista, vio cómo los resultados electorales no reflejaban todo el esfuerzo opositor de cuarenta años de lucha política. 

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