Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
Paulina Rodríguez
Miércoles, 19 de abril de 2017

Una Comisión Local de la Vivienda que “miraba para otro lado”

Guardar en Mis Noticias.

El auto de la detención de Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí habla de “graves conductas ejecutadas para separarse de la legalidad aplicable a las adjudicaciones”. En el caso de la exconsejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, se añaden sospechas de haber favorecido a familiares para la concesión de VPO en las 170

Poco a poco van conociéndose detalles de la investigación en torno a la empresa municipal Emvicesa. Una investigación sustentada en numerosas diligencias, registros y actuaciones como las llevadas a cabo el pasado 15 de febrero. Una jornada clave en esta trama y que comenzó con las detenciones de las ya exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, así como del líder de la coalición Caballas, Mohamed Alí. 


El auto concluye que se justificó esa decisión en la necesidad de actuar con rapidez teniendo en cuenta que horas antes se había procedido a detener en Marbella al exgerente de Emvicesa, Antonio López. A juzgar por lo que se esperaba de su declaración, que finalmente no llegó a producirse, se trató de impedir que las palabras del primer, y principal, investigado pudieran trascender a la opinión pública, “vistas las grandes filtraciones que se están produciendo”, y con ello pudiera dar lugar a preparar las declaraciones de los miembros de la Comisión Local de la Vivienda. 


Una Comisión Local de la Vivienda que no jugó el determinante papel de velar por la legalidad vigente, al menos según se desprende de las conclusiones expuestas en el extenso sumario de una trama que ya ha hecho correr ríos de tinta y cuyo texto se espera continúe aportando información de cómo ha sido, en los últimos, el procedimiento, presuntamente irregular, en la adjudicación de viviendas de titularidad pública. 


De hecho, el auto de esa detención es categórico al señalar a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda así como a las “grandes expectativas de criminalidad, los indicios contundentes y la gravedad de actuaciones que superan las irregularidades administrativas para alzarse en verdaderos indicios de delito que, además, vienen apuntalados con graves conductas ejecutadas, de forma voluntaria y consciente de querer separarse de la legalidad vigente aplicable a los procesos de adjudicación de vivienda pública, mirando para otro lado”, expone el auto de Lucini. 


Todo ello, asume la magistrada, para convertir un proceso de adjudicación de viviendas en algo “caprichoso, oscuro, ilícito, interesado, arbitrario y tremendamente inquietante para el imparcial observador”. 


Pero, según el auto de la titular del Instrucción número 1 de Ceuta, los integrantes de la Comisión Local de la Vivienda no sólo “miraron para otro lado dejando de cumplir, a sabiendas con las mínima obligación anudada al cargo que ocupan, sino ejecutando, refrendando y aprobando una lista de compromisos que, a estas alturas de la investigación, se sabe que ni están permitidos por la ley, ni están amparados y, a mayor abundamiento, algunos de ellas están comprados con dinero”. 


Para Lucini, estos se encuentran en aspectos como “no enseñar al ciudadano el proceso de adjudicación, apagando la luz de la legalidad durante el mismo, y llegando a incumplir requisitos tan fundamentales como la publicidad del inicio del proceso, la elección del tipo de proceso de adjudicación, la atribución de tantos por cientos de los cupos, la falta de baremación de los mismos, la creación de figuras ilegales de atribución directa de vivienda, ‘el compromiso’, la aprobación de listas de compromisos no recogidas legalmente, los votos a supuestas listas de adjudicatarios o el permitir la entrada de adjudicatarios sin tener dicha cualidad al no estar aprobada la lista definitiva”. 


A las imputaciones por presuntos delitos de prevaricació y falsedad documental se úne, en el caso de Rabea Mohamed, otro por tráfico de influencias. La investigación de hecho, también trata de determinar si la exconsejera favoreció a varios familiares en la promoción de las 170. 

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
El Pueblo de Ceuta • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados