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Paulina Rodríguez
Miércoles, 19 de abril de 2017

Clientes que pagaban “sin duda” porque esa era la práctica habitual

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El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Emvicesa’ evidencia que las VPO se vendían desde hace años y con la “seguridad de que iban a ser entregadas”

No existía un procedimiento de adjudicación a excepción de que si pagabas un precio estipulado podrías tener acceso a una vivienda de titularidad pública. Esa es una de las muchas, muchísimas, conclusiones alcanzadas a lo largo de miles de folios de instrucción que, en las últimas horas, van dejando un reguero de nuevos titulares bajo la alargada, y pesada, sombra del ‘caso Emvicesa’. 


Una de las claves de esta trama, las escuchas telefónicas, evidencian precisamente ese convencimiento de que el dinero, y no siempre la necesidad, traería aparejado una VPO. Las viviendas se venían vendiendo desde hace años, tal y como parece haber corroborado la investigación. Pero es que, además, se hacían con la absoluta seguridad de que iban a ser entregadas sin ningún tipo de de problemas, lo que muestra que se trataba de pasos que ya se habían dado con anterioridad. Ese era, de hecho, el principal atractivo de los investigados: “la formalidad de haber entregado una remesa de viviendas de forma ilícita, de ahí que todas las personas paguen sin objeción o duda”. 


Ese inexistente procedimiento de adjudicación, al menos en base a la legalidad vigente, con todos sus elementos irregulares, sería el punto de partida para detenerse en uno de los presuntos delitos que se investigan en este caso: la prevaricación. Es de hecho, el detonante para iniciar una singular senda que incluiría la falsedad documental, el cohecho, la organización criminal y el blanqueo de capitales. “No hay cabida para esos delitos si, con anterioridad, no se hubiera producido la prevaricación”. 


Uno de los tomos de los que se compone el sumario, cuyo levantamiento fue decretado el Viernes de Dolores, se detiene en analizar la figura de esos “clientes”. Tras la aparición de la “lista fantasma” se dio pie a la aparición de “denuncias” que pasaron de ser testigos protegidos a convertirse en investigados por un presunto delito de cohecho. Personas que hacían alusión a un pago a través de una serie de intermediarios hasta completar un dilatado quién es quién en la bautizada como ‘Operación Ghost’. 


Esa observación de las llamadas telefónicas entre el exgerente de Emvicesa, Antonio López, posibilitó que se pudieran identificar a un buen número de “clientes” que contactaban directamente con el principal investigado del caso, o bien a través de uno de esos intermediarios. 


Esas personas pagaron diferentes cantidades de dinero que, según la investigación, llegaba a las manos de López. Todo ello, por supuesto, al amparo de la “falta de control” de la Comisión Local de la Vivienda. También trataban, y así se desprende en el dilatado informe de conversaciones telefónicas recopiladas en la instrucción, de recuperar el dinero entregado. 


Uno de esos posibles “clientes” pagó cierta cantidad de dinero para asegurarse una de las viviendas de la promoción de las 317 de Loma Colmenar. Un solicitante, “con cierto grado de enojo” con Antonio López al que le exige que cumpla su palabra, al menos según la interpretación de ese contacto telefónico. “Que sí, que sí, venga tú no te preocupes ¿vale? que no puedo hablar más, concluye la llamada. 


Una promesa de devolución que parece cumplirse, al menos, siguiendo la interpretación de la siguiente llamada recogida y que incluye, además, a uno de los intermediarios. “Dentro de un rato te llamo, ahora me he visto con este, me ha dado eso tuyo”. “Me ha dicho que si podía que te lo trajera yo y yo le he dicho pues ya está, yo se los llevo, no pasa nada”. 


“Se constata que López entrega cada cierto tiempo una cantidad de dinero a los supuestos clientes, pero no se concluye que se realice la totalidad de las devoluciones que supuestamente debe realizar”. 

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