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Miguel R. Calderón
Jueves, 15 de junio de 2017

40 años de las primeras elecciones legislativas de la Democracia (15 de junio de 1977)

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El camino estuvo lleno de dificultades que se fueron soslayando poco a poco, si bien, el primer gobierno de la monarquía del Rey Juan Carlos, presidido por Carlos Arias Navarro, parecía claramente continuista con Fraga Iribarne como ministro de Interior, José Solís como ministro de Trabajo, Antonio Garrigues como ministro de Justicia y José María de Areilza en Asuntos Exteriores

Se cumplen ahora 40 años de las primeras elecciones legislativas en aquella España de 1977, que caminaba firme y decidida hacia la consolidación de la democracia tras la etapa franquista, concluida en 1975 con la muerte de Franco el 20 de Noviembre de ese mismo año. 

 

El camino estuvo lleno de dificultades que se fueron soslayando poco a poco, si bien, el primer gobierno de la monarquía del Rey Juan Carlos, presidido por Carlos Arias Navarro, parecía claramente continuista con Fraga Iribarne como ministro de Interior, José Solís como ministro de Trabajo, Antonio Garrigues como ministro de Justicia y José María de Areilza en Asuntos Exteriores.

 

Durante 1976 se produjeron numerosos incidentes entre manifestantes y fuerzas del orden en las principales ciudades y núcleos industriales de España. Los partidos y sindicatos de oposición demostraban su capacidad de movilización. La represión indiscriminada provocó páginas sangrientas en la concentración carlista de Montejurra (9 de mayo) y una huelga general en el País Vasco, en marzo, como protesta por la muerte de cinco personas a manos de la policía en Vitoria. Al mismo tiempo continuaban los asesinatos de ETA y el terrorismo del GRAPO. El gobierno de Arias Navarro era incapaz de satisfacer las necesidades y deseos de los ciudadanos.

 

El 1 de Julio de 1976, al no contar con el apoyo del Rey, Arias presentaba la dimisión, prueba del fracaso del franquismo continuista. El monarca, a quien correspondía elegir uno de los tres candidatos propuestos por el Consejo del Reino, se decidió por Adolfo Suárez, hombre joven y bastante desconocido procedente de los cuadros políticos del franquismo y ministro del Movimiento con Arias.

 

Su equipo ministerial incluía tecnócratas, cuadros intermedios del Movimiento y algunos democristianos, junto con cuatro generales. Desde el primer momento, Suárez manifestó su intención de introducir cambios democráticos por medios legales y de iniciar un diálogo con la oposición.

 

El proyecto aperturista se notó en la amnistía del 30 de julio y la libertad de actuación de que comenzaron a gozar los partidos de la oposición, aún ilegales: el 8 de diciembre el PSOE celebraba un congreso en Madrid y, aunque el partido aún era ilegal, se realizó con toda normalidad; el día 10, Santiago Carrillo, secretario del PCE, había aparecido en Madrid de forma clandestina y había dado una conferencia de prensa.

 

El proyecto suarista lo hicieron posible los “procuradores” o diputados de las Cortes franquistas, que el 18 de noviembre aprobaron una Ley de Reforma Política que, pese a su brevedad, alteraba totalmente los principios del juego político español y sustituía el sistema anterior por la voluntad del pueblo, los derechos fundamentales de la persona y el sufragio universal. Desaparecía el papel tutelar del ejército y se devolvía el protagonismo a la sociedad civil. Según esa ley, la iniciativa de la reforma política correspondía a unas nuevas Cortes democráticas a elegir.

 

Sometido a referéndum el 15 de diciembre de 1976, pese a la campaña en favor de la abstención por parte de los partidos de la oposición o rupturistas, y la campaña negativa de los grupos franquistas, salió aprobada por más del 94 % de los votantes.

 

Durante los cuatro primeros meses de 1977 continuó el proceso de ir derogando lentamente la legislación más dictatorial y represiva heredada del franquismo, y sustituyéndola por normas democráticas.

 

Ciertamente , para hacer realidad el proyecto de reforma había que permitir la actuación de todos los partidos políticos; es decir, legalizarlos, y para ello, había que cambiar la legislación vigente. Un sector franquista y del ejército se oponía a que fuera legalizado el Partido Comunista. Adolfo Suárez lo legalizó el 9 de abril, Sábado Santo de 1977 tras declararse el Tribunal Supremo incompetente sobre el tema.

 

Fue el 15 de abril, con dos meses de anticipación sobre la fecha objeto de este artículo, cuando se convocaron elecciones generales, y, en mayo, don Juan de Borbón renunciaba a sus derechos a la Corona de España en favor de su hijo.

 

A la contienda electoral se presentaron numerosos partidos: en primer lugar los históricos anteriores a 1936, como el PCE, PSOE, PNV, ERC. La candidatura socialista fue precedida por la entrevista entre Felipe González y el Rey, en la que Juan Carlos demostró su neutralidad. Despertó gran ilusión entre los trabajadores y clases medias, y contó con el apoyo de los socialistas alemanes y de su líder Willy Brandt. Los comunistas fueron apoyados por amplios sectores obreros e intelectuales, aunque resultaba difícil desmontar la propaganda anticomunista del franquismo. También se presentaron nuevos partidos de ámbito estatal, de todo el espectro electoral, y partidos regionalistas o provinciales.

 

Muchos grupos de la derecha participaron a través de Alianza Popular, creada por Fraga a partir del antiguo grupo de reformistas procedentes del franquismo. Por su parte , el presidente Suárez, que gozaba de considerable carisma, agrupó en torno suyo a sectores centristas y democristianos en la llamada UCD ( Unión de Centro Democrático). En el País Vasco, además del PNV se presentó Euskadiko Ezkerra, y en Cataluña UDC (Unió Democrática de Cataluña).

 

Es de resaltar que durante la campaña electoral continuó la ofensiva terrorista de extrema derecha y de ETA, aunque el 20 de mayo indultara el gobierno a los etarras condenados por el régimen franquista durante el proceso de Burgos.

 

Los ciudadanos votaron por el Senado y el Congreso. Para calcular la atribución de escaños a partir de los votos se usó el sistema proporcional conocido como ley d´Hont, que reducía el número de partidos representados y favorecía a los mayoritarios.

 

En el Senado existía un número de 41 senadores designados por el Rey; entre ellos figuraban los ministros del gobierno que no pudieron presentarse a las elecciones y diversos intelectuales, economistas y políticos como Camilo José Cela, Julián Marías, Torcuato Fernández Miranda o el político republicano Justino de Azcárate.

 

Tras los resultados de las elecciones quedó clara la preferencia del electorado por opciones de centro, así como por opciones llamadas “ütiles”, es decir, por los partidos con posibilidad de vencer (UCD y PSOE), como lo refleja el reducido voto al PCE (20 escaños y 9,2 % de los votos). También fue evidente el fracaso de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda; mientras que el triunfo fue claro para el partido de Suárez, la UCD, que obtuvo el 34% de los votos del Congreso y el 47 % de los del Senado, con 165 y 105 escaños, respectivamente; sin embargo, en el Congreso no alcanzó la mayoría absoluta.

 

Con la UCD y el PSOE triunfaban también Suárez y Felipe González, la generación de quienes no vivieron la Guerra Civil y prometían una reconciliación y una reforma: UCD había obtenido más de seis millones de votos, y el PSOE más de cinco millones. Los partidos nacionalistas vasco y catalán demostraron también su importancia en sus territorios respectivos.

 

La legislatura democrática surgida de las urnas asumió el poder legislativo e inició , a partir del mes de agosto de 1977, el proceso de elaboración de una Constitución. El borrador de la misma no lo propuso un partido, sino siete diputados que representaban una amplia gama política, la que se dio en llamar “ponencia constitucional”

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