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Ángel Muñoz
Martes, 1 de agosto de 2017

La prisión provisional

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Este lunes vivimos una nueva jornada de declaraciones relacionadas con el caso Emvicesa, mientras la defensa de Antonio López confía en tener respuesta pronto a la enésima petición de libertad del ex viceconsejero, en prisión provisional sin fianza desde hace ya cerca de seis meses. Casi a la misma hora teníamos conocimiento de que Ángel María Villar, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), encarcelado por una trama de corrupción que se apropió de fondos del fútbol español, podrá salir de prisión si abona una fianza de 300.000 euros.

 

Todas estas circunstancias me hacen opinar hoy por primera vez, si la memoria no me falla, sobre el caso Emvicesa, a pesar de que algunos me han recomendado que no me moje, que no ponga la mano en el fuego, que no me queme por nadie porque total, ellos tampoco lo harían por mí. Lo que no saben es que mi naturaleza me impide ponerme de canto y defender lo que creo en función de que me vaya a beneficiar o no.

 

Dicho esto, siempre es complicado hablar con sosiego de cuestiones de Justicia, lo mismo que siempre es necesaria la prudencia a la hora de pronunciarse sobre decisiones judiciales. No digamos, de la culpabilidad o inocencia de otros, incluido Antonio López, hasta que la jueza dicte una sentencia. Una magistrada, por cierto, a la que no conozco, pero de la que sí tengo las mejores referencias de ser una profesional bien formada, in-cansable y que desarrolla su trabajo de forma muy minuciosa, algo que se deduce de los miles de fólios redactados a lo largo de los dos años que dura ya la instrucción del caso. Igual de minucioso que el trabajo que vienen realizando los agentes de la UDyCO de Ceuta. Juntos están realizando una investigación sin precedentes en nuestra ciudad y que los ceutíes reclamaban y hasta ansiaban.

 

Pero no se equivoquen ustedes. Quienes me conocen saben que no soy defensor a capa y espada de la judicatura y siempre estuve a favor de la crítica de las resoluciones judiciales, si bien esto no me impide pensar que unos de los oficios más peliagudos es el de juzgar a los demás. En este sentido, pienso que la prisión provisional decretada para Antonio López es un poco desproporcionada. Es cierto que la prisión provisional es un mal necesario, pues mediante ella se asegura la presencia del acusado en el juicio. También es igualmente cierto que los delitos que se le imputan son sancionados en el Código Penal con un pena superior a dos años de prisión y que, seguramente, existan en la causa motivos bastantes para creer que es responsable de los delitos que se le imputan. Dos requisitos necesarios para adoptar la medida cautelar de prisión provisional. Pero leyendo los distintos autos, reitero, me parece desproporcionada la medida de privación de libertad. No creo que se vaya a fugar, el riesgo de reiteración delictiva no existe y la posibilidad de destrucción de pruebas es extraña porque se lleva mucho tiempo investigando. Además, en este caso pienso que existe la posibilidad de eludirla mediante otras medidas cautelares alternativas.

 

No conviene pasar por alto que a Villar, tras solo dos semanas en prisión, se le ha impuesto ya una fianza, o que Rodrigo Rato, por ejemplo, condenado por las tarjetas black a cuatro años y seis meses y con tres causas pendientes, algunas ya listas para juicio oral, goza de libertad sin restricción alguna. Comparación llamativa.

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la regla de oro es que dicha privación de libertad debe aplicarse únicamente en los casos de absoluta necesidad y con sujeción a reglas precisas y taxativas que cierren los caminos al abuso que tan funestos resultados puede producir. “Los jueces de instrucción restringirán la prisión provisional a aquellos casos en que sea absolutamente indispensable”, proclamaba la Real Orden de 20 de mayo de 1916, que es lo mismo que vienen repitiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los tribu-nales contitucionales del mundo: “La prisión preventiva queda supeditada a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva (...) gobernada por los principios de provisionalidad y de proporcionalidad (...).

 

Y es que la prisión provisional, se mire por donde se mire, es una pena anticipada. Una auténtica y verdadera pena, diria yo. El preso provisional no es un presunto delincuente, aunque, por desgracia, sí sea un delincuente práctico. Eso por no hablar de los problemas que plantea desde una perspectiva criminológica y penitenciaria, al impedir que sobre el preso provisional se pueda realizar una labor resocializadora. Me lo decían el otro día unos buenos funcionarios de las instituciones penitenciarias: la situación del preso preventivo comporta efectos muy graves y de todo orden; padecen los mismos inconvenientes que los penados y encima sin disfrutar de ninguno de sus beneficios.

 

Hay que perseguir al delincuente. De acuerdo. Pero la caza, e incluso la montería, tiene sus normas. Las lindes que distinguen lo válido de lo que no vale, lo plausible de lo quebradizo, son diáfanas. En buena ley moral, defender lo contrario conduce a convertir la prisión provisional en una tortuosa postura. Puede dar morbo ver a ricos y conocidos en la cárcel. Pero es una pasión insana que casa mal hasta con un frágil sentido de la justicia.

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1 Comentario
Fecha: Miércoles, 2 de agosto de 2017 a las 19:41
andres
Me parece muy acertado vuestro articulo, hay mucho que analizar, como por ejemplo: que diferencias legales hay en los juzgados de otras ciudades con los juzgados de esta ciudad, ¿no es la ley igual en todo el país y para todos sus ciudadanos

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