La juez Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una euroorden de detención de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos. Junto al expresident de la Generalitat están en Bélgica los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura). Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

La juez Carmen Lamela afirma que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del Govern para “llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Caluña” junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas. “Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento constitucional”.

La juez ha redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident “continuó impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos”. Toda una batería de argumentos que vuelve a poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el papel que debería jugar cada uno de los actores”.

Según insiste el auto, Puigdemont era “conocedor de la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña para convocar un referendum”. “Pese a lo que insistió públicamente en mantener la convocatoria del referéndum como primer paso del llamado 'proceso de desconexión' del Estado español”, apostilla Carmen Lamela, que recalca que los pronunciamientos del Constitucional le fueron notificados “personalmente” y “reiterados de forma clara y sin fisuras”