Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
Ángel Muñoz
Lunes, 13 de noviembre de 2017

González & López: un agravio comparativo escandaloso

Guardar en Mis Noticias.

La falta de respuestas crea la sensación de que la prisión provisional de López se decreta como un método de ablandamiento y de castigo a su no colaboración, o a un deseo de venganza o a un sentido equivocado de lo que la justicia exige

La problemática de la disparidad de criterios judiciales que pueden darse, y se dan, sobre asuntos similares que se dilucidan en cualquiera de nuestros tribunales, no es algo nuevo. Pero la reciente decisión del juez Manuel García-Castellón, de dejar en libertad al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, una vez consignados en el juzgado los 400.000 euros de la fianza impuesta para salir de prisión, dónde se encontraba desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la denominada Operación Lezo, ha puesto de manifiesto una vez más la gran disparidad judicial, quiero pensar que involuntaria, con el caso del exgerente de Emvicesa, Antonio López. 

Hay que recordar que González y López, ambos políticos, están siendo investigados por delitos similares, entre ellos prevaricación, malversación, falsedad documental o blanqueo de capitales, aunque la amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es incluso más elevada en el caso de González, siendo a priori, superior a los 20 años de prisión.

Además, en ambos casos los magistrados de instrucción señalan que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad que los soportan, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva por parte de los dos investigados, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal. 

Sin embargo, mientras la magistrada Raquel Lucini se muestra inflexible y mantiene a López en prisión provisional sin fianza desde el pasado mes febrero, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 ha conseguido abandonar la cárcel después de que su abogado, Esteban Mestre, intentara en tres ocasiones -julio, agosto y octubre- su excarcelación. Las dos primeras, sin éxito. 

Como en el caso de Antonio López, las dos ocasiones en las que la Audiencia negó a González la salida de prisión, el juez advirtió del riesgo de fuga y del “papel decisivo” en la trama. Pero ha sido a la tercera, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, la que ha consiguido convencer al magistrado instructor Manuel García Castellón de que el riesgo de fuga había desaparecido, así como la reincidencia delictiva. 

Teniendo en cuenta siempre las diferencias legítimas entre cada caso, me pregunto qué pasa entonces con López. ¿Cuándo va a desaparecer ese riesgo de fuga? ¿Nunca? ¿Qué más garantía puede ofrecer para acreditar su voluntad de estar a disposición del Juzgado? Dónde está en estos momentos la garantía de que en España toda persona tiene derecho no sólo a un juicio adecuado en materia penal, de llegar el caso, sino también a obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Es evidente que estamos ante una gravísima diversidad de criterios, con el agravante de que en el caso de Ignacio González hablamos de muchos millones de euros, algo que en el caso de López se reduciría a unos pocos miles, si finalmente se confirma todos los hechos.

Cuando he expuesto estas interrogantes, varios abogados me han contestado de forma identica: “¿Pero Ángel, tú todavía crees en la justicia?”. Debería ser una pregunta tremenda, casi estremecedora. Pero, para abogados con varios años de ejercicio profesional, triste y lamentablemente, solo provoca una leve sonrisa como respuesta.

Son estas decisiones, basadas solo en criterios personalísimos acordes con la inteligencia, el signo político y la capacidad deductiva de las señorías que las sostienen, las que realmente cabrean de verdad a los ciudadanos. No es de recibo tener que escuchar habitualmente de los propios abogados que los asuntos pueden resolverse de una manera u otra dependiendo de la señoría que toque en suerte. Cómo si no, se puede mantener que en el caso de López, al contrario que en el de González, exista aún riesgo de fuga y de destrucción de pruebas cuando el tiempo transcurrido y el avance de la instrucción judicial del caso Emvicesa, ¡¡¡que ya supera los dos años!!!, reducen claramente dicho riesgo. ¿Es Ceuta diferente? 

La falta de respuestas lógicas crea la sensación de que la prisión provisional de López se decreta -al igual que en las antiguas cárceles de la inquisición- como un método de ablandamiento o de castigo a su no colaboración, olvidando la obligada ponderación que el criterio de proporcionalidad debe tener en toda decisión judicial y dejando sin contenido al principio general de la fianza. 

Si a ello le añadimos el hecho de un sistema procesal extraordinariamente lento, nos encontramos con que López, protegido por la presunción constitucional de inocencia, cumple anticipadamente una pena de privación de libertad sin que haya sido objeto de ninguna sentencia condenatoria.

En este caso la medida cautelar de la prisión provisional parece contradecir este principio fundamental de presunción de inocencia, pues éste, constitucionalmente relevante en el ámbito procesal para el autor de un hecho delictivo -presunto delincuente-, no afecta a López, que pasa a ser un recluso con todas las de la ley, desde el momento que pisa la cárcel, y como tal va a sufrir todas las consecuencias negativas de la privación de libertad. 

Todo ello impone –en mi opinion personal– la necesidad de acomodar la situación personal de López, al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso.

La pena provisional privativa de libertad, que por sí misma es un mal, sólo puede justificarse porque produzca un bien mayor que el mal que causa, pues causar daño al presunto delincuente, sin obtener de ese daño una utilidad manifiesta, no satisface ni la justicia ni el deseo de hacerla: o responde a un deseo de venganza o a un sentido equivocado de lo que la justicia exige. Si el mal causado al presunto delincuente no hace más que sumarse al que el delito produjo no tiene justificación posible.

Las leyes no son prendas de vestir hechas a la medida de cada persona; son normas generales cuyo fin último es lograr el bienestar social por encima del individual. Si la norma se aplica en forma discriminatoria, se pierde la confianza en la Justicia.

Noticias relacionadas
Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
El Pueblo de Ceuta • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados