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Lunes, 13 de noviembre de 2017

En los últimos 15 años el Gobierno y la UE gasta 610 millones para 'proteger' la frontera española con África

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Indra, Dragados y Ferrovial, son las tres empresas del Ibex que más partido le han sacado a la intención del Gobierno y de la Unión Europea de cerrar el grifo a la llegada de personas en situación irregular a la costa mediterránea, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Entre las tres compañías se han adjudicado contratos por valor de 125 millones de euros en proyectos para reforzar el control de la frontera española.

En total, los esfuerzos por frenar la llegada de personas en situación irregular, ya sea por mar o a través de la valla que separa España del continente africano, ascienden a, al menos, 610 millones en los últimos 15 años. Así lo demuestran los datos procedentes de los contratos adjudicados por el Gobierno, recopilados por la fundación porCausa en colaboración con El Confidencial.

La financiación del Sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE), un proyecto que “pretende mejorar la vigilancia de la frontera sur de España con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y contra la inmigración irregular”, ha sido el más costoso para las arcas públicas. Esta iniciativa permite escanear el mar y detectar cualquier aproximación de una embarcación a la frontera española. Su coste, en adjudicaciones, ya supera los 188 millones.

 

La industria del control migratorio

‘NewYork’ y ‘newJersey’ son dos de los proyectos estrella de Proytecsa (extinguida Sallen SL). Detrás de sus nombres modernos, se hallan los dos modelos de valla utilizados, respectivamente, en Ceuta y en Melilla. Para hacerlos, la empresa ha ingresado cerca de 30 millones de euros.

 

Lo que más cuesta al Estado es, sin embargo, la financiación de la vigilancia terrestre y marítima para controlar la llegada de extranjeros. Se dedicaron a esta partida, en diferentes adjudicaciones, más de 200 millones de euros. Otro de los planes que más fondos ha recibido es el del refuerzo de la frontera. En concreto, se han invertido 91,38 millones en la instalación de concertinas o en mejoras de los sistemas de vigilancia.

 

 

 

 

Aunque las cantidades percibidas por gigantes como Indra, Dragados y Ferrovial suponen una mínima parte de su negocio (las ventas de Indra en 2016 fueron de 1.833 millones de euros, por poner un ejemplo), estas compañías son activas en la pelea por la adjudicación de estos contratos. También hay otros nombres importantes detrás de los diferentes operativos. Aunque con acuerdos de menor cuantía, Telefónica, Siemens, Informática El Corte Inglés o Air Europa han participado en construir la denominada ‘industria del control migratorio’.

 

 

 

 

Un ejemplo de las más de 300 empresas que se han posicionado en torno a la política de gestión de fronteras, dependiente casi en su totalidad de los fondos públicos que recibe. La financiación no sólo proviene del Estado. La Unión Europea tiene un papel importante a la hora de proveer de fondos al Gobierno español, como intermediario de los contratos, o a la propias empresas. Para ello, se sirve del Fondo de Fronteras Exteriores y de las subvenciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Ambas entidades han adjudicado a España 896 millones de euros desde el año 2010.

 

Hay empresas, además, cuyos resultados anuales dependen directamente de esta ‘industria’. Es el caso de Amper Sistemas SA, una teleco situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que en 2016, último período disponible, facturó 14,78 millones. En 2017, un año después, los contratos adjudicados relacionados con el control migratorio ascendieron a 14,66 millones de euros.

 

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