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EL PUEBLO
Martes, 2 de enero de 2018

La Fiscalía cree que la Comisión Local sí era competente en la adjudicación de las VPO

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El fiscal expone que “todos los indicios apuntan a que efectivamente la lista definitiva se llevaba a la Comisión Local, siendo allí aprobada y ratificada”

El Ministerio Público se opuso a la tesis expuesta en la petición de sobreseimiento de la investigación en lo que atañe a las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, cuyo letrado trata de probar que la Comisión Local, a la que pertenecían las dos investigadas, no llevó la adjudicación de esa promoción porque la pagó íntegra el Estado y los criterios se pactaron en Madrid y se remitieron a Emvicesa para que los aplicase.


En este sentido, la Fiscalía se opuso remitiéndose a lo declarado por la jurídico de Emvicesa y la ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, según las cuales “era de aplicación” el Reglamento local a esa promoción.


Además, el fiscal cuestiona la “aplicabilidad” del Acuerdo Marco Estado-Ciudad de 2007 tanto en su ámbito “material” como “temporal” al estimar que no constaba “ninguna documental que acredite que era la normativa aplicable”. Recuerda que hasta ahora el caso ha girado, sobre documentación y testificales, sobre la base de que el procedimiento se había regido por la Ordenanza de 2006 con la Comisión Local como agente activo y ve difícil de creer que sus miembros cayesen en “un error tan burdo” como no conocer la normativa.


La Fiscalía subraya que incluso la ex consejera no hizo “referencia alguna” en sus declaraciones como testigo o investigada al Acuerdo Marco suscrito en 2007 por la Ciudad y el Estado que eximiría de competencias al órgano político local en las 170 VPO.


“La jurídico de Emvicesa dijo en julio que esa promoción tuvo subvenciones de la Ciudad como ayuda para el alquiler, por lo que resulta de aplicación la Ordenanza de 2006”, añade la Fiscalía en su escrito, en el que también reseña que Chandiramani, ex gerente de Emvicesa y “perfectamente conocedora de la normativa aplicable y el procedimiento de adjudicación” tampoco distinguió el régimen de esas casas del seguido con otras anteriores.


Por último, expone que “todos los indicios apuntan a que efectivamente la lista definitiva se llevaba a la Comisión Local, desconociendo su origen o el autor de la misma, siendo allí ‘aprobada y ratificada’, como se acredita en el acta que aparece en las actuaciones”.

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