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EL PUEBLO
Viernes, 5 de enero de 2018

La Ciudad informó en 2011 que la adjudicación de las 170 VPO seguiría las bases generales

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El Ejecutivo local, a través de la web ‘gobiernodeceuta.es’, informaba de la reunión mantenida con el Estado y que el proceso pasaría por la Comisión Local de Vivienda

Si la Comisión Local de la Vivienda tuvo competencias para la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar se ha convertido en un aspecto clave para dilucidar si algunos de sus miembros que están siendo investigados, como son los casos de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali, cometieron, o no, uno o varios delitos.

 

Los abogados de los investigados vienen defendiendo que el Reglamento de la Ciudad “no resulta de aplicación al procedimiento de adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar” ya que las viviendas “fueron financiadas en su integridad por la Administración Central del Estado”, con lo que “la competencia para el proceso de adjudicación, control y seguimiento de las mismas corresponde a la Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó el 3 de noviembre de 2011”.

 

El propio Gobierno de la Ciudad en su página web www.gobiernodeceuta.es, informaba de la constitución de dicha Comisión, en que estuvieron presentes “el consejero de Hacienda y Recursos Humanos y presidente del Consejo de Administración de Emvicesa, Francisco Márquez, y el gerente de esta sociedad municipal, Antonio López, mientras que por parte del Estado han estado el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, y varios representantes de la Secretaría de Estado, encabezados por la secretaria general de Vivienda, Anunciación Romero”.

 

Además, indicaba que la reunión había girado en torno “a la entrega de la única promoción de viviendas que ha construido el Estado al amparo del citado convenio, una de 170 ubicada en Loma Colmenar”. 
No obstante, también señaba que la entrega de la promoción habilitaba a la Ciudad “a iniciar los trámites para la adjudicación de estas casas”, advirtiendo que, y aquí está la clave, este proceso seguiría “los criterios establecidos en las bases generales” y que pasaría, “como es perceptivo, por la Comisión Local de Vivienda”.

 

¿Era entonces la Comisión Local de la Vivienda el órgano competente para la adjudicación de viviendas públicas o estaba excluía de ostentar el papel de órgano de selección de adjudicatarios? ¿Tenían los investigados la obligación de llevar a cabo todo el control del procedimiento y de velar porque se cumpla la normativa legal? ¿O el Acuerdo Marco dejaba la adjudicación, control y seguimiento de las viviendas en manos de una Comisión Técnica de Evaluación de la que formaban parte representantes de la Administración General del Estado y de la autonómica?

 

Los abogados de los investigados lo tienen claro: “la Comisión Local no tenía ningún papel adicional en la instrucción más que el de darse por enterada, tal y como refleja el Orden del Día de la Sesión de febrero de 2013”. En síntesis, “la adjudicación se producía de manera directa y automática, a quienes estuvieran inscritos en un registro por cumplir los requisitos exigidos, las viviendas se entregaban en alquiler y sobre las adjudicaciones se estableció un triple control, el último de los cuales era anual, ajeno y externo a Emvicesa”.
“Es ya indiscutible que la financiación estatal remite a una normativa y a una regulación distinta a la que es tenida por rectora del proceso en toda la investigación. Este error inicial arrastra a todos”, afirman.
Fiscalía

 

Sin embargo, la Fiscalía no lo tiene tan claro. De hecho, el pasado mes de noviembre rechazó la petición de sobreseimiento. El Ministerio Público vio de especial relevancia que Chandiramani dijese que “la baremación y por tanto la normativa que reguló el procedimiento de las 170 VPO fue el Reglamento, no haciendo referencia en todas las declaraciones prestadas en esta instrucción a cualquier otra normativa por la que se debería de regir el procedimiento tratándose de una promoción idéntica a las anteriores”.

 

En sentido, será muy importante la próxima declaración de la actual consejera de Hacienda y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa), Kissy Chandiramani que ha sido citada de nuevo en calidad de testigo el próximo día 30 de enero.  Chandiramani deberá aclarar si conocía o no el referido Acuerdo Marco que dejaba la adjudicación, control y seguimiento de las viviendas en manos de una Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó en 2011 y de la que formaban parte representantes de la Administración General del Estado y de la autonómica. 
 

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