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EL PUEBLO
Jueves, 11 de enero de 2018

Caballas presenta recurso de resposición contra el ‘patrocinio del helicóptero’

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“Se está ante un contrato de patrocinio que “encubre una verdadera subvención nominativa, lo que se traduce desde el derecho civil en una anomalía jurídica de la causa del contrato”

Caballas lo había anunciado y lo ha cumplido, ha procedido a presentar un recurso de reposición contra el “Patrocinio para la difusión de la imagen de la Ciudad de Ceuta, como destino turístico conectado por vía aérea”, y lo ha hecho con un escrito a la Sociedad Municipal Procesa instando a que retire dicho contrato.


Así argumenta varias cuestiones legales que se estarían incumpliendo de continuar con este concurso. En este sentido, lo primero que se recuerda desde Caballas es que Procesa podrá contratar, patrocinar o subvencionar en nombre propio actividades que redunden en el fomento y desarrollo de la Ciudad, según el limitado alcance que prevé el artículo 3 de sus estatutos sociales, pero advierte que “en ningún caso podrá suplir a la misma en aquellos contratos que deban suscribirse “intuitu personae”, lo que de suyo supondría un ejemplo de huida del Derecho Administrativo proscrita por el ordenamiento jurídico”.


En este sentido, resaltan que el objeto del contrato no tiene relación alguna con el objeto social de PROCESA, ni por otra parte constituye una actividad propia de la empresa, sino que busca, según Caballas, de forma “fraudulenta” que ésta se erija como poder adjudicador que suplanta al verdadero sujeto de este contrato, que no es otro, que la propia Ciudad de Ceuta.


La desviación de poder que denuncia Caballas viene configurada por la tramitación formal por la sociedad PROCESA de un contrato de patrocinio publicitario, acudiendo  aparentemente a las normas que disciplinan estas adjudicaciones, pero encubriendo en realidad un fin ilegítimo y contrario a Derecho, consistente en la concesión de una subvención nominativa a la única empresa de transporte de pasajeros vía aérea de la Ciudad. Se acude por tanto, tal y como indica Caballas, “a la aplicación de normas previstas para un fin cuando lo que en realidad se pretende es la concesión de una subvención que la propia Administración sabe y le consta que es contraria a Derecho”.


Del mismo modo, Caballas destaca que existen una serie de hechos con potencialidad acreditativa más que suficiente para probar la existencia de una verdadera intención oculta, meramente subvencionadora a una concreta empresa:


Así, primeramente indica que Helity es una empresa de reciente creación y que desde hace pocas fechas transporta pasajeros en helicóptero desde Ceuta a dos puntos de la Península. Desde el principio la empresa solicito ayuda pública y así se recogía en todos los medios de comunicación social.


Igualmente, se destaca que el Gobierno de la Ciudad adoptó los acuerdos previos pertinentes para proceder a conceder una subvención nominativa por importe de 300.000 euros, hasta el punto de que por parte del Consejo de Gobierno se aprobó un expediente de modificación de créditos para que figurara en los Presupuestos de la Ciudad esta cantidad.


En este sentido, Caballas ha resaltado también que con posterioridad, la Ciudad recabó informes jurídicos que avalasen la decisión de subvencionar, y ante la sorpresa de los miembros del Consejo de Gobierno, éstos son desfavorables por cuanto la subvención pretendida contraría el ordenamiento comunitario. Ante este hecho, Caballas considera sorprendente que estos informes no obren en los expedientes por lo que han instado al Gobierno a que estos informes se incluyan.


En el recurso de reposición, Caballas denuncia que el Gobierno, “sin disimulo alguno, abandona la opción de la subvención, incluso con la partida presupuestaria aprobada, y se decide intentar esquivar la evidente intención subvencionadora requiriendo a PROCESA la adjudicación de un contrato de patrocinio en el que sólo puede concurrir la única empresa que presta el servicio y que casualmente se calcula en un precio anual de 298.165,14 euros más IPSI”.


Esta maniobra ha sido catalogada por Caballas como un “burdo fraude de ley que ni siquiera se ha querido aparentar una cierta desvinculación entre la subvención frustrada y la sobrevenida necesidad de celebrar un contrato de patrocinio, y, de esta manera, si la subvención prevista alcanzaba los 300.000 euros, el precio del fingido contrato es de 298.165,14 euros anuales”.


Para Caballas es evidente que no existe una intención real de “revertir” en beneficio de la Ciudad el gasto sufragado por la institución. “La intención real, como puso de manifiesto el propio Gobierno en la redacción de la memoria de la modificación de crédito que se adjunta, era subvencionar a la empresa en la cantidad de 300.000”, destaca Caballas.


Por todo lo expuesto Caballas considera que se produce una vulneración del ordenamiento jurídico al no existir cálculo de un precio de mercado real sino uno meramente ficticio en relación a un solo contratista posible, además de indicar que se está ante un contrato de patrocinio que “encubre una verdadera subvención nominativa, lo que se traduce desde el derecho civil en una anomalía jurídica de la causa del contrato. El artículo 1274 del Código civil dispone que en los contratos onerosos, como el que analizamos, se entiende por causa la prestación o promesa de una cosa o servicio exigiendo que la causa exista, sea lícita y real”, concluye.

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