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El Pueblo
Lunes, 5 de febrero de 2018

Una ‘ventana’de oportunidad’

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La Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado noviembre, introduce importantes novedades regulatorias que entrarán en vigor a partir de marzo de este año. Es cierto que puede parecer un texto “continuista” con el TRLCSP de 2011. Sin embargo, existen notables diferencias, principalmente porque, tras el debate parlamentario, se han dado importantes pasos para intentar solucionar problemas estructurales de transparencia y de prevención de la corrupción, en especial derivados de la dualidad de regímenes jurídicos en función de la consideración o no de Administración pública, o de debilidad del control, lo que ponía en cuestión el objetivo inicial de impulsar una diferente “gestión práctica” de la contratación pública. Y pretende, además, un cumplimiento de las exigencias europeas, así como una reorientación de la contratación pública desde la perspectiva de estrategia para implementar políticas públicas.

Las reflexiones expuestas, tanto desde la perspectiva de integridad como de estrategia en la implementación de políticas públicas, conforman un nuevo escenario más alineado con la finalidad de nueva gobernanza pública que pueda servir para “atacar” el déficit público desde una nueva gestión (sin necesidad, por ello, de nuevos ajustes, recortes o incremento de la carga fiscal). Al margen de las críticas técnicas o decisiones discutibles, lo cierto es que, ahora sí, la nueva regulación de los contratos públicos en España parece avanzar en la necesaria regeneración democrática y rediseño de la contratación pública como estrategia de liderazgo público que pivota sobre los principios de eficiencia, transparencia y buena administración.

En definitiva, la nueva Ley de Contratos del Sector Público es, aun con sus debilidades, un paso al frente para reconstruir las ‘murallas’ del Derecho Administrativo, concebido como garante del interés general al servicio de los ciudadanos.

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