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J.M. Rincón
Lunes, 12 de febrero de 2018

El Gobierno decide amortizar dos plazas creadas por sentencia judicial

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La decisión de amortizar una plaza de psicóloga y otra de trabajadora social es porque “no son ni necesarias ni prioritarias tras la reestructuración del servicio”

Este diario ha tenido conocimiento de que el Gobierno, más concretamente la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo Kissy Chandiramany, ha propuesto amortizar las plazas creadas por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de psicóloga y trabajadora social, al no considerar necesarias, tras la reestructuración del Plan Sobre Drogas y otras Conductas Activas, realizadas tras la expiración del Convenio de Colaboración con Cruz Roja.


Tal y como ha sabido EL PUEBLO, esta situación se remonta a septiembre de 2015, cuando el Juzgado de lo Social nº1 de Ceuta fallaba y emitía una sentencia por la cual reconocía la existencia de una cesión ilegal de las trabajadoras demandantes a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad y por tanto el derecho de las mismas a pasar a ser personal laboral indefinido no fijo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.


Esta sentencia fue recurrida por la Ciudad al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual era desestimado, ratificando así la sentencia inicial e instando al Gobierno a ejecutar la misma, indicando que la Administración debería asumir su coste en el capítulo de gastos de personal que no se encontraba presupuestado, ya que en la actualidad en la plantilla de la Ciudad no existen plazas vacantes de esas categorías (psicóloga y trabajadora social).


Así, desde la Consejería que dirige Chandiramani se ha considerado que existía dos posibilidades, o bien crear formalmente las plazas y proceder a su cobertura legal o amortizarlas siempre que se considerase que se puede prescindir de estas trabajadoras atendiendo a la organización y la eficacia del servicio, siendo esta segunda opción la elegida por el Gobierno, tal y como ha tenido constancia EL PUEBLO, amparándose en los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, eficacia, eficiencia, economía y calidad, para tomar esa decisión, considerando que en la actualidad “no es necesario ni prioritario” crear en plantilla las plazas de psicóloga y trabajadora social para la Consejería de Sanidad, en concreto para el Plan sobre Drogas y otras Conductas Adictivas, ya que el informe remitido por los técnicos, pone de manifiesto que tras una reestructuración del servicio, “las funciones que estas dos trabajadoras dejaron de realizar tras la finalización del convenio, han venido desempeñándose hasta diciembre de 2017 por personal propio de la Ciudad, optimizando así los recursos de los que dispone la Administración, sin mermar la calidad en la prestación del servicio”.


Además, en el informe también se deja claro que esta figura de “trabajador indefinido no fijo”, de creación jurisprudencial para los supuestos de contrataciones fraudulentas, carece de régimen jurídico propio legalmente establecido y, por ello ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la que ha solucionado los problemas originados por esta figura contractual, y se refiere a este hecho para indicar en esta jurisprudencia, el Tribunal Superior ha entendido siempre que la  amortización de la plaza generará a favor del trabajador el derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

 

“Es mentira que no se necesite una psicóloga y una trabajadora social”

Esta decisión del Gobierno de la Ciudad de amortizar la plaza de psicóloga y de trabajadora social no es compartida por las centrales sindicales que han venido a referir a este diario que “es mentira que el Gobierno, en los diferentes servicios que presta, no requiera de una psicóloga y de una trabajadora social”. A este respecto ponen de manifiesto que precisamente existen bolsas de trabajo para cubrir estos puestos, y que por tanto la eliminación de ambas plazas “suena más a una estrategia para evitar cumplir la sentencia y así no tener que reconocer a las dos personas denunciantes como trabajadoras indefinidas no fijas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y no tanto a que no hagan falta las mismas”.

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