Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
EL PUEBLO
Lunes, 12 de febrero de 2018

Kissy Chandiramani y una jurídico de Emvicesa se ratifican en que la Comisión Local si era competente

Guardar en Mis Noticias.

Sin embargo, la defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed ha subrayado “la indecisión, las dudas y los vaivenes ” que a su juicio mostraron este lunes la ex gerente de Emvicesa y la jurídico de la sociedad municipal, calificando de “pregrinas” algunas explicaciones ofrecidas

La exgerente de Emvicesa y actual consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani y una jurídica de la sociedad municipal declararon este lunes ante la juez Raquel Lucini, como testigos en el caso Emvicesa. Ambas habían sido citadas para aclarar cuál fue el marco normativo y el órgano que decidió en las adjudicaciones de las promociones de VPO de Loma Colmenar.


Tanto Chandiramani como la técnico, María José Cariñanos, defendieron la corrección del procedimiento de adjudicación de las viviendas, se ratificaron en que la Comisión Local de la Vivienda si era competente y detallaron el procedimiento  de adjudicación (elaboración de una nueva lista, rebaremación y entrega de las casas mediante sorteo) iniciado desde después de la publicación de la denominada lista fantasma.


No obstante, Chandiramani también reconoció que habían surgido dudas jurídicas tras tener conocimiento a través de la prensa de la existencia de un Acuerdo Marco entre el Estado y la Ciudad específico con su propia Comisión Técnica de Evaluación.


Hay que recordar que la Fiscalía se apoyó en anteriores testificales de Chandiramani, para como “perfectamente conocedora tanto de la normativa aplicable como del procedimiento de adjudicación”, mantener que en el proceso de las 170 VPO de Loma Colmenar se aplicó la normativa local, el Reglamento y la Ordenanza de la Ciudad Autónoma, y no lo prescrito en el Acuerdo Marco suscrito por la Administración autonómica y el Ministerio de Vivienda en 2007.


En este sentido, la competencia o no la Comisión Local de la Vivienda en las últimas adjudicaciones de VPO en Loma Colmenar se ha convertido en un elemento clave para determinar si dicho órgano incurrió en las responsabilidades penales por la que figuran como investigados en el ‘caso Emvicesa’ sus miembros la pasada legislatura, Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali y José Antonio Carracao.


Defensa de Román y Mohamed


Tras la declaraciones realizadas este lunes, a juicio de la defensa de ambas exconsejeras “ha quedado claro la indecisión, las dudas y los vaivenes de quien en el momento de asistir al procedimiento no dudó”.

 

“Frente a eso –afirma la defensa de Román y Mohamed– la documentación pública ya aportada a autos, y que hasta la fecha nadie ha rebatido con documentación que haga dudar de su veracidad y de su vigencia”, destaca.


El letrado Jorge Martín Amaya ya expuso, cuando solicitó el sobreseimiento de sus representadas, “la difícil papeleta” que tenían tanto la exgerente de Emvicesa, como la jurídico, “ya que obran en las actuaciones informes y testificales de ambas que sirvieron, según palabras textuales del propio fiscal del caso, para imputar a los miembros de la comisión local de la vivienda”


Y es que para la defensa “los citados informes parten de un error de base. El ámbito de aplicación de la Ordenanza de la Ciudad está restringido a las viviendas protegidas que reciban subvención de la misma”.


De este forma, “ante la documentación que obra en los autos queda en entredicho lo que amabas informaron verbalmente y por escrito, ya que además del anterior error, los informes remitidos están plagados de inexactitudes al atribuir a la Comisión Local de la Vivienda competencias que no están fundamentadas en la ya tantas veces mencionada Ordenanza”., señala el abogado.


Lo sorprendente para la defensa de Román y Mohamed es que “a pesar de reconocer  abiertamente Chandiramani que no conocía el Acuerdo Marco de 2007 cuando remitió los informes a la UDYCO en 2016, ha mantenido a continuación, de manera inexplicable, la aplicabilidad de la Ordenanza y la competencia de la Comisión Local de la Vivienda, a pesar de que tal afirmación carece de soporte en la propia Ordenanza, una vez acreditada la financiación estatal al 100% y de los informes que ya obran en el procedimiento”, advierten.


Pero no es sólo eso, “además el acta de la sesión de  la Comisión Local de la Vivienda en la que se encomienda a Emvicesa la adjudicación de las 170 viviendas, en 2012, demuestra que lo que se hace es asumir los criterios fijados por la Comision Técnica de 2011, en contra de lo efectuado en el marco de la Ordenanza, que explícitamente atribuye al órgano de selección, esto es la Comisión Local de la Vivienda, la determinación de los criterios de adjudicación. “¿Qué  otra explicación tiene esa comisión y las decisiones allí tomadas?”, cuestiona el letrado.


El hecho es que, para la defensa de las ex consejeras, “tal como refleja el acta de la mencionada reunión, se exigió a los adjudicatarios el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Plan Estatal de Vivienda, no en la Ordenanza, y toda la adjudicación fue coherente con los fijado en el Acuerdo Marco y la Comisión Técnica de Evaluación, incluidos los modelos de contrato, que preparó la misma jurídico de Emvicesa”.


Para la defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed “basta comprobar los cupos de la Ordenanza de 2006 y los que se ordenaron en el procedimiento de las 170 para ver que pertenecen al Plan Estatal de Vivienda y no a la Ordenanza”.


Jurídico de Emvicesa


“Más peregrina aún es la testifical de la jurídico de Emvicesa”, señala la la defensa, indicando que “ha llegado a declarar que utilizaban esa norma porque no había otra. Pero a la vez dice que ella no asesora en materia jurídica a la Comisión Local de la Vivienda, no pudiendo rebatir la exhibición de una advertencia suya a la citada Comisión en relación con el ajuste del procedimiento a la ordenanza, efectuada en 2009”. No obstante, si reconoció que “es la primera vez que en una adjudicación hay un Convenio Marco y una Comisión Técnica de Evaluación”.


Ahora queda ver que valoración hace la magistrada Raquel Lucini, que instruye el caso, sobre éstas testificales en contra de la documentación ya aportada .

Noticias relacionadas
Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
El Pueblo de Ceuta • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados