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EL PUEBLO
Jueves, 8 de marzo de 2018

El Juzgado acuerda el archivo de la denuncia contra Carreira por la encomienda de gestión a Tragsa

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La juez ha dictado el sobreseimiento y archivo de la causa iniciada por CCOO y UGT contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas y el consejero del Gobierno, Emilio Carreira, por presuntos delitos de malversación y prevaricación por la encomienda de gestión que el verano pasado la Ciudad hizo a Tragsa para ejecutar trabajos de limpieza.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Ceuta, Antonio José Pastor, ha dictado el sobreseimiento y archivo provisional de la denuncia presentada por CCOO, UGT y CSIF contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas y el consejero del Gobierno, Emilio Carreira, al considerar que no cabe apreciar los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la encomienda de gestión que el verano pasado la Ciudad hizo a Tragsa para ejecutar trabajos de limpieza.


En este sentido, el juez Pastor pone de manifiesto que “aun cuando la diversa documentación esté dictada por autoridad o funcionario público, resulta del todo imprescindible analizar si la encomienda de gestión resultaba o no contraria a Derecho, elemento este imprescindible para poder hablar de conducta prevaricadora del artículo 404 CP”. 


En este sentido, señala que “la citada encomienda de gestión a TRAGSA vino precedida de un Convenio Marco entre la Ciudad de Ceuta y la propia beneficiaria TRAGSA” po los que “el problema reside en que dicha encomienda se adjudicó a TRAGSA antes de que la Ciudad entrara a formar parte de su accionariado, lo que contrariaba la Sentencia del TJUE de fecha 19 de abril de 2007” según los sindicatos denunciantes. 


Sobre este hecho, el juez resalta que “aun cuando del conjunto documental nº 4 aportado por la defensa del ex consejero de Medio Ambiente se puede leer que la aprobación definitiva de la adquisición de una acción de TRAGSA acaeció el 28 de julio de 2017,  tiempo después a su publicación en el DOCE, este instructor entiende que la actuación no merece ser calificada de conducta prevaricadora por entender que no supone vulneración alguna de la STJUE antes citada ni de la legislación administrativa”. 


Además expone que “aun cuando resulte necesario, para que surta validez la encomienda, que el ente encomendatario tenga la consideración de medio propio por parte de las distintas CCAA entre las que se incluye la Ciudad de Ceuta no ha quedado probado que la encomienda funcionara antes incluso de la adquisición de una acción propia por parte de la Ciudad. Las fotografías aportadas nada dicen al respecto”, afirma.


Asignación de obras y servicios


En cuanto a los alegado por  los denunciantes sobre que la encomienda de gestión no respeta la asignación de obras y servicios recogidos expresamente en el expediente, porque sus trabajadores realizan los mismos servicios y obras que las encomendadas a TRACE, para lo que aportan distintas fotografías, donde los denunciantes manifiestan que se ven a empleados de TRAGSA asumiendo tareas propias contratadas con TRACE y más en concreto como digo la limpieza viaria, el magistrado destaca que “las fotografías aportadas poco acreditan a este respecto toda vez que no están fechadas desconociendo saber el lugar donde se tomaron incluso dudando si fueron tomadas en esta ciudad o en cualquier otra”. 


Así, el juez señala que “nada puede intuirse de lo que dicen los denunciantes”, añadiendo que “aun cuando en beneficio de la duda pueda creerme que fueron tomadas en Ceuta, desde luego de lo que se aprecia no puede concluirse que los trabajadores estén realizando tareas vedadas en el punto 2.1.2 de la encomienda pudiendo enmarcarse dentro de las recogidas en el punto 2.1.1 como es el adecentamiento y conservación de diversas zonas públicas del término municipal de la Ciudad”. Para concluir,  el juez Pastor indica que “se aporta informe de fecha 22 de febrero de 2017 donde se recoge la ausencia de denuncia o de incidencia alguna efectuada por los Servicios de Control adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad”.


A este respecto, el auto recoge que “si bien puede decirse que el documento está fechado con bastante tiempo anterior a la ejecución de la encomienda, también es cierto que a día de la fecha nada se dijo ni se acreditó por los denunciantes en cuanto a la existencia de quejas de empleados de TRACE respecto de la usurpación de funciones por empleados de TRAGSA”, añadiendo que “que no queda constancia de que los empleados de TRAGSA hayan venido desarrollando la prestación de servicios más allá de lo que ha sido el objeto la encomienda de gestión”.


Licitación pública


Según el magistrado “tampoco puede acogerse el argumento de que la encomienda no cumplió el trámite previo de licitación pública y ello, porque del artículo 4 del Real Decreto 1072/2010 por el que se desarrolla y regula el régimen jurídico de TRAGSA se desprende la posibilidad de la encomienda de gestión, previo cumplimiento por los órganos competentes de los documentos y trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto, tal como se acredita con el ramal documental aportado por la defensa del investigado”. 


No obstante, contra este auto las partes podrán interponer un recurso de reforma en un plazo de tres días o un recurso de apelación en un plazo de cinco días.

 

Pastor advierte que la denuncia desemboca en una “judicialización de la política innecesaria”

 

En auto emitido, al que ha tenido acceso EL PUEBLO, el magistrado Antonio José Pastor da un fuerte rapapolvo a los sindicatos denunciantes al señalar que “aun cuando hipotéticamente pueda pensarse que la encomienda de gestión a TRAGSA adolezca de vicios o defectos de forma, nada impide a los denunciantes hacer uso del planteamiento de nulidad que recogen los artículos 39 y siguientes del RDL 3/2011 de 14.11, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público legitimando a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados”. Algo que “evidentemente -señala el juez- no se ha hecho acudiendo a la vía penal cuando ésta debería ser la última ratio antes de resolver asuntos con un carácter eminentemente administrativo o por qué no decirlo, político”. En este sentido, el juez advierte que “lo que desemboca sin dudas en una judicialización de la política ”innecesaria e inútil”.


Además subraya que “tampoco se acredita que los denunciantes hicieran uso de la posibilidad de recabar mensualmente del Director de la actuación el desarrollo de los trabajos encomendados, en base al artículo 4.6 del citado tantas veces Real Decreto”, señala el auto.


Precisamente esta apreciación coincide con las manifestaciones que el pasado día uno de marzo hacía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, al realizar un llamamiento para erradicar la tentación de resolver conflictos políticos a través de los tribunales. La de la judicialización de la política en la ciudad ha sido una inquietud que los magistrados ceutíes compartieron con Del Río en el transcurso de la reunión mantenida con motivo de su visita a Ceuta.


En este sentido, Del Río expresó que “muchas veces la primera reacción ante un problema es la de acudir a los juzgados”, aclarando que “a mí no me preocupa la politización de la Justicia, que no la hay, pero sí la judicialización de la política, recalcó en su atención a los medios de comunicación.

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