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J.M. Rincón
Martes, 17 de abril de 2018
SESIÓN PLENARIA

La Ciudad devolverá los pagos por la tasa de vado a minusválidos y asegura que no se cobrará más

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Chandiramani reconoce que todo se ha debido a un error surgido tras una actualización llevada a cabo por el OAST del censo de la ocupación de los espacios privativos públicos y que ha provocado la emisión de estos recibos, y avanza que se modificará la ordenanza para que este error no se vuelva a producir, y dejar claro que no se cobre nada a este colectivo por estos vados.

Ciudadanos ha recibido el respaldo unánime del pleno de la Asamblea a su propuesta de iniciar un procedimiento de anulación de las liquidaciones y cobros de la tasa de reserva de la vía pública para aparcamientos exclusivos en los casos en los que corresponda a reservas para vehículos de personas con diversidad funcional, así como que se proceda a la devolución de las cantidades ingresadas hasta el momento.


El diputado y portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha criticado la postura del Gobierno por exigir ahora una nueva tasa que “ha generado malestar en la opinión pública, especialmente en las familias y ciudadanos afectados”.


Varga se ha referido a esta tasa como nueva, porque como indicaba, “no se había cobrado hasta este año, cuando se ha procedido a realizar la liquidación y a exigir el pago correspondiente al ejercicio 2017”.


Ciudadanos ha puesto de manifiesto que son muchos los afectados que desde que se comenzó a reclamar el abono de dicha tasa se han acercado a los diferentes grupos políticos para denunciar este hecho que les está obligando a hacer frente a una deuda que en muchos casos supera los mil euros.


Varga ha criticado que tras semanas solicitando información tanto a Servicios Tributarios como al área de Fomento, todavía no puedan entender “por qué el Gobierno empieza a cobrar ahora esta Tasa y, en su caso, por qué no se ha cobrado hasta ahora”, denunciándose igualmente que el Gobierno está “equiparado las plazas de estacionamiento reservadas a vehículos de discapacitados poco menos que con la carga y descarga”. 


Desde la dirección de Ciudadanos también se le ha recordado a la Ciudad que “no existe aprobado ningún precio público que grave estos estacionamientos reservados a discapacitados”, y por ello se insistía en que “no les puede ser de aplicación la aludida tasa correspondiente a reservas de aparcamiento exclusivo o carga y descarga de mercancías y tampoco sus tarifas anuales, ya que estas están dirigidas a empresas o a particulares sin discapacidad alguna”.


La formación naranja acusaba por tanto al Gobierno de “inventarse una tasa no aprobada” y de intentar cobrar  una tasa “a los que la propia administración reconoce en razón de su estado el derecho a disponer de una reserva de estacionamiento en la vía pública, unas tarifas equiparables al coste de un garaje privados, bajo techo y con puertas de cierre”.


Además, para finalizar, desde Ciudadanos se ha considerado que la inclusión de personas con diversidad “ya no es un principio o un criterio orientativo, sino un derecho otorgado por la comunidad internacional”. 


Al igual que el diputado de Ciudadanos, el portavoz y diputado del PSOE, Manuel Hernández, también reconocía el elevado número de usuarios que hasta Daoiz se han desplazado para denunciar este cobro de esta tasa. Hernández no ha ocultado su sorpresa en cuanto a la falta de sensibilidad hacia el colectivo de discapacitados cuando la Ciudad se viene erigiendo como defensora de la accesibilidad.


Del mismo modo, para el líder socialista la Ciudad ha realizado “una interpretación torticera de esta ordenanza, ya que se trata a los discapacitados como si fueran meras mercancías”, y por ello se ha mostrado convencido en que esta forma de actuar es “un maltrato hacia el colectivo de discapacitados”, llegando a decir que el Ejecutivo local, con el cobro de esta tasa, “pretende financiar buena parte de la obra de la Gran Vía”.


El diputado de Caballas, Mohamed Alí, también tomaba la palabra para apoyar esta propuesta de Ciudadanos, pero preguntaba al Gobierno los motivos que le ha llevado a reclamar ahora esta tasa, emplazando al Ejecutivo local a echar marcha atrás.


La más crítica fue la diputada de MDyC, Fátima Hamed, quien aseguraba que esta medida “es el penúltimo despropósito del desgobierno del presidente Vivas”.


Al igual que el resto de grupos de la oposición, Hamed no entiende como el Gobierno se jacta de defender la eliminación de todas las barreras y que sin embargo se lleve a cabo este cobro, indicando que “es el más claro ejemplo de su falta de sensibilidad y de como lo que dicen no se corresponde a lo que terminan haciendo”, viendo en este cobro un “afán recaudatorio”.


La diputada de MDyC apelaba a la sensibilidad del Gobierno para paralizar lo que catalogó “un atropello y un total y absoluto despropósito”.


La responsable del área de Economía y Hacienda, Kissy Chandriamani, ha sido la encargada de responder al problema suscitado, acusando a los grupos de la oposición de realizar unas críticas “torticeras”.


Chandiramani, que ha reconocido que todo se debe a un error, ha pedido tranquilidad a las personas afectadas, indicando que todo se ha debido a un error surgido al llevar el servicio técnico del OAST una actualización del censo de la ocupación de los espacios privativos públicos y que ha provocado la emisión de estos recibos.


Por ello, y tras reconocer el error, ha reconocido que están estudiando el procedimiento legal para revertir los pagos que ya se han producido hasta la fecha, un total de 42 de los 100 afectados, además de avanzar que se producirá una reunión de la Comisión Informativa de Hacienda para  tratar el asunto con los servicios técnicos y jurídicos.


Chandiramani ha resaltado que tiene previsto convocar un pleno extraordinario para mayo con el objetivo de modificar la ordenanza de ocupación de espacios privativos públicos, ya que tal y como ha resaltado la consejera “el Gobierno no se quiere poner más trabas a las personas con discapacidad”.


Del mismo modo ha destacado que existe comunicación con las entidades de personas con discapacidad, y también avanzó que el comité de accesibilidad se reunirá el próximo jueves para ver qué actuaciones de forma consensuada se pueden llevar a cabo.


Finalmente, y además de indicar que se devolverá la cantidad abonada, Chandiramani ha asegurado que “la intención del Gobierno es que las personas que ocupen una plaza no tengan que pagar nada por el uso de estas plazas”.


Por último, la responsable del área ofreció una transaccional a la propuesta presentada por Ciudadanos, en la que incluía la de “instar al Gobierno de la Ciudad a que inicie un procedimiento de anulación, bonificación, exención, régimen específico de ayudas o cualquier otra que proceda en derecho de las liquidaciones y cobros de las tasas de reserva de la vía pública para aparcamientos exclusivos en los casos en los que corresponda a reservas para vehículos de personas con diversidad funcional, así como que se proceda a la devolución de las cantidades ingresadas hasta el momento, transacción que fue aceptada por Varga y el grupo Ciudadanos, concluyéndose ahí el debate.

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