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J.M. Rincón
Viernes, 8 de junio de 2018
CONSEJO DE GOBIERNO

El Plan de Gestión de Residuos estará operativo para el mes de septiembre

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La Comisión Europea ha anunciado que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos previstos en la normativa comunitaria; entre otros lugares, en Ceuta

La Comisión Europea (CE) anunció el jueves que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos previstos en la normativa comunitaria; entre otros lugares, en Ceuta. La CE explica que no se han establecido ni revisado esos planes, además de en Ceuta, en otras cuatro comunidades autónomas: Canarias, Aragón, Baleares y Madrid.


España tenía que haber concretado los planes de gestión, previstos en la directiva sobre residuos, para todo su territorio, como muy tarde, el 12 de diciembre de 2010, y debía haber evaluado y revisado esas iniciativas como mínimo cada seis años.


Además, las autoridades españolas tenían que haber informado a Bruselas de los planes de gestión una vez adoptados, y de todas sus revisiones. “La Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones que le incumben: primero, a través de una carta de emplazamiento, en noviembre de 2016, y después mediante un dictamen motivado en julio de 2017”, algo que ayer mismo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno de los viernes, reconoció el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel.


En este sentido, Hachuel avanzó que será el Ministerio de Asuntos Exteriores quien represente tanto a Ceuta como al resto de comunidades implicadas, recordando que tienen dos meses para presentar alegaciones, y que Ceuta “tiene mucho que alegar”.


El portavoz del Gobierno local destacaba que el Ejecutivo no ha estado de “brazos cruzados” durante este tiempo e indicaba que se ha estado trabajando para lograr la implantación de este Plan de Gestión de Residuos. No en vano recordó que en el último trimestre de 2017, el Pleno de la Asamblea aprobó de manera provisional dicho Plan de Gestión de Residuos, cumpliéndose así con uno de los trámites necesarios para poder poner en marcha el citado plan.


A partir de ahí, según indicó Hachuel, se abrió el periodo de exposición pública, llevándose a cabo durante este periodo una serie de contactos con los distintos organismos involucrados en este plan, dándoles a conocer la aprobación inicial del citado plan y pudieran realizar las alegaciones que considerasen necesarias.


Hachuel avanzó que la aprobación definitiva del Plan de Gestión de Residuos está previsto que se realice en el pleno del mes de septiembre, indicando que en un año aproximadamente se ha realizado todo el procedimiento que se solicitaba a la Ciudad, y que por consiguiente, “una vez esté aprobado definitivamente, daremos cumplida respuesta a la denuncia realizada por la Comisión Europea”.


Los planes de gestión de residuos son, según la CE, “un instrumento clave” a la hora de reducir el impacto negativo de la generación y la gestión de los residuos sobre la salud y el medio ambiente. La CE envió este jueves a España un primer aviso en relación con otro incumplimiento de la directiva de residuos. 


El Ejecutivo comunitario ha remitido una carta de emplazamiento para que cumpla con una sentencia del TJUE de 2017, que declaró que España había incumplido la legislación sobre residuos por no adoptar las medidas necesarias en 61 vertederos. 


“Las autoridades españolas tenían que haber garantizado que la gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud ni perjudicar al medio ambiente”. Pese a “algunos avances” desde la sentencia, “la clausura, sellado y las obras de reparación están aún pendientes en 22 vertederos (19 en Canarias, uno en Andalucía y dos en la Región de Murcia), en los que se prevén retrasos importantes”, ha señalado la Comisión. Más de un año después de la decisión del Tribunal, “la sentencia aún no ha sido aplicada en su totalidad por las autoridades nacionales, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente”. Tras la carta de emplazamiento, España dispone de un plazo de dos meses para actuar.

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