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EL PUEBLO
Martes, 10 de julio de 2018
DEFENSOR DEL PUEBLO

Reivindica el derecho de los solicitantes de asilo residentes en los CETI a circular por todo el territorio español

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El Defensor se reunirá con representantes de la Administración y de la sociedad civil y visitará los CETI y el perímetro fronterizo, entre otros lugares

Sobre la situación de los solicitantes de asilo que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, el Defensor del Pueblo mantiene su recomendación, formulada por primera vez en 2013, de impartir instrucciones para que se autoricen los traslados de los solicitantes de asilo desde estos centros a la península. 


Fernández Marugán, recuerda que los solicitantes de asilo tienen derecho a circular por todo el territorio español. El criterio de la Institución coincide con sentencias dictadas por Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y por el TSJ de Andalucía que reconocen el derecho de los demandantes de asilo a trasladarse a la península. El Defensor del Pueblo sigue recibiendo quejas por este motivo por lo que en su viaje volverá a incidir en este asunto.


La Institución también ha recomendado priorizar el traslado a la península de los solicitantes de protección internacional residentes en los CETI que pertenecen al colectivo LGTBI, por su especial vulnerabilidad.


Mujeres y menores en los CETI
La convivencia de personas extranjeras de distintas edades y procedencias en los CETI hace necesaria la adopción de medidas para la prevención de situaciones de violencia sexual y de género. 


Por ello, y ante los casos detectados de violencia contra las mujeres, la Institución ha recomendado la elaboración, con carácter urgente, de un protocolo para la prevención de la violencia sexual y de género en estos centros. 


Esta recomendación fue rechazada ya que la Administración consideró que la implantación de dicho protocolo debe ser a nivel nacional. Para el Defensor del Pueblo, sin embargo, la puesta en marcha de este  protocolo en los CETI podría ser una experiencia piloto valiosa, de cara a su futura implantación en el resto del Estado.  


La situación de algunos menores que son separados de sus familias mientras se les realiza pruebas de ADN para determinar la realidad de los vínculos familiares ha derivado en actuaciones de la Institución para reclamar que no se produzcan demoras en la recogida de muestras. 


Finalmente se destaca que todos estos retrasos se deben en ocasiones a que las autoridades melillenses no siempre siguen las previsiones contenidas en el Protocolo Marco de Menores no Acompañados, que establece que las pruebas de ADN deben ser realizadas por la Policía Nacional.

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