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EL PUEBLO
Viernes, 13 de julio de 2018
Limpieza viaria

Trace desmiente las “afirmaciones afrentosas” del informe de auditoría de la Ciudad

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La empresa, tras tener acceso al informe de auditoría realizado por la Ciudad, presenta alegaciones en las que muestra su “disconformidad” y solicita “desmentir las afirmaciones afrentosas”. En relación con las afirmaciones realizadas por la Intervención de la Ciudad, “nos reservamos el derecho a ejercer las oportunas acciones legales pertinentes”, señalan desde Trace

Trace, tras tener acceso al informe de la auditoría realizada por la Ciudad sobre el servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras, ha mostrado su desacuerdo con las afirmaciones reflejadas en dicho informe, presentando alegaciones en las que muestra su “disconformidad” punto por punto y solicita “desmentir las afirmaciones afrentosas realizadas contra esta parte”.

 

Así, en la citada auditoría se hace constar que el gasto en uniformes “no es necesario para la ejecución del contrato”, a lo que Trace alega que “la ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales en su artículo 17.2 establece la obligatoriedad del empresario de proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal”, añadiendo a este respecto que “el convenio colectivo al cual nos obligó a subrogarnos la Ciudad en la adjudicación del contrato exige la obligación de proteger al trabajador en el ejercicio de sus funciones, suministrando al personal los equipos de ropas y demás artículos necesario”. En el propio convenio se establecía “la obligatoriedad de incluir equipación para la temporada de verano y para la temporada de invierno”. En la contratación de personal eventual también se hace necesario “equiparlos con la uniformidad apropiada”. 

 

Además, desde la empresa Trace señalan que “previa compra, se solicita al comité de empresa su aprobación”, subrayando que respecto al precio de los mismos, “se han comprado los que ofrezcan una mayor calidad/precio y siempre con el consentimiento del Comité de Empresa”.

 

Para Trace parece “surrealista” que los servicios de Intervención estimen como “no necesarios para la ejecución del contrato” la inversión en uniformes, a lo que la empresa recuerda que “la Ley 31/1995 es una trasposición de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, de obligado cumplimiento para los Estados Miembros”. 

 

A este respecto destacan que “la misma Ciudad dota a su personal -brigadas verdes, plan de empleo-, de los uniformes que reglamentariamente necesiten”, por lo que brindan a los servicios de Intervención la posiblidad de que “comparen los costes en los que incurre la Ciudad y los que ha incurrido esta parte en la compra de uniformes para conocer si el precio al que le vende una de las empresas vinculadas está por encima del valor de mercado o no”. 

 

Coste de personal

Los servicios de Intervención reflejan en el informe una estructura administrativa “sobredimensionada”, sin embargo, Trace asegura que “el coste de ésta estructura administrativa es inferior a la estructura que mantenía la anterior adjudicataria”, no entendiendo “en base a qué los servicios de intervención consideran sobredimensionada la estructura administrativa”.

 

Reparaciones y conservación. Vaciado de la fosa séptica

En sus alegaciones, Trace reconoce que “ciertamente este es un sobrecoste que la adjudicataria lleva padeciendo desde sus comienzos”, pero explica que “la anterior adjudicataria mantenía sus instalaciones en una concesión en la ampliación del muelle de Poniente, concesión esta en la cual se debería haber subrogado TRACE, pero gracias a la inactividad de la Administración Local, no se nos permitió subrogarnos en dicha concesión”. 

 

En este sentido, la Administración Local tiene cedida las competencias portuarias, por lo que “el trámite para ceder a Trace las instalaciones concesionales para continuar con el servicio público de RSU no debería haber tenido obstáculo alguno”, y sin embargo, “el anterior concesionario procedió al desmantelamiento y destrucción de las instalaciones”, lamentan. 

 

Trace expone que “como bien debe saber los servicios de Intervención, el suelo en nuestra ciudad es escaso, instalaciones de los metros que se necesitan para el correcto desarrollo de la actividad no existen en Ceuta. Lo único que se ha podido encontrar son las actuales instalaciones que poseemos, las cuales han necesitado una importante inversión para su adecuación. En dichas instalaciones la inexistencia de saneamiento ha condicionado a incurrir en elevados gastos en el vaciado de la fosa séptica”, afirman desde la empresa. 

 

“No pueden los servicios de Intervención dejar de imputar este tipo de gastos al contrato, cuando la propia Administración nos ha llevado a incurrir en los mismos, por su inactividad y negativa a subrogarnos en una concesión cuya ubicación habría reducido los costes de combustible, mantenimiento de maquinaria e inversión en adecuación de la base considerablemente”, advierten desde Trace. 

 

Para mayor abundamiento la empresa concesionaria hace constar que “con fecha de 2014, tras numerosos comunicados verbales, se comunicó por escrito a ACEMSA que procedieran a darnos servicio para conectarnos al saneamiento público. A lo largo del resto de años se ha ido reiterando la petición sin dar solución por parte de la empresa pública”, subrayando que “es lamentable que la administración local recaude dinero público a través de tasas por prestaciones de servicios que no cumple; en nuestras instalaciones conviven más de 400 personas y 70 vehículos y por lo visto no tenemos derecho al acceso a las redes de saneamiento público; y lo que es más, los servicios de Intervención a esta situación la califican de un sobrecoste que incurre la empresa por capricho”. 

 

Siendo insuficientes estas afirmaciones para los servicios de Intervención, para acreditar los continuos intentos por parte de la empresa de optimizar los gastos, “desde 2013 tenemos presentado en la Consejería de Fomento solicitud de licencia de obra y movimientos de tierra en el Barranco Piniers para el traslado de base y optimización de costes, sin embargo, hasta la fecha, debido a los dilatados trámites burocráticos no se nos ha concedido”. 

 

Servicios de profesionales independientes

En relación con las afirmaciones realizadas por el servicio de Intervención, Trace afirma reservarse “el derecho a ejercer las oportunas acciones legales pertinentes”. 

 

Respecto del asesoramiento jurídico Intervención afirma que existen un “excesivo coste, que permite aventurar que se trata de asesoramiento a todas las empresas del grupo”. Para Trace esta afirmación “es de una gravedad extrema, vulnera nuestro de derecho a la integridad y prestigio profesional”. Para el conocimiento de esas dependencias, señalan que “cada empresa del grupo tiene su iguala correspondiente por el asesoramiento jurídico, en ningún caso Trace está pagando el asesoramiento jurídico a empresas del grupo”. 

 

A este respecto, afirman que “actualmente hemos presentado demandas por importe de más de 2,2 millones de euros a la Ciudad, y tenemos pendiente de presentación en breve, otras de otros 2 millones de euros. La relación entre el coste de los servicios jurídicos con las reclamaciones planteadas entendemos que se ajustan perfectamente a los precios de mercado. Si la administración cumpliera con sus deberes probablemente el gasto incurrido sería bastante menor”, advierten.

 

Amortización. Redacción del proyecto de pavimentación
La factura a la que se refiere los servicios de Intervención se corresponde a un importe de 28.144,86 euros, concerniente a la pavimentación de la actual base, “no al proyecto de pavimentación”. La pavimentación consistió en “una losa de hormigón de 2.000 metros cuadrados y de una altura de unos 15 centímetros, es decir, 300 metros cuadrados de hormigón fratasado, el valor de mercado de dichos servicios no es inferior al incurrido por parte de la empresa”. 

 

“Tras diversas denuncias por parte de los trabajadores de las precarias condiciones de salubridad de las instalaciones la empresa se vio obligada a acometer la pavimentación”, alegan desde Trace.

 

Gastos financieros

En este punto la empresa Trace expone que “los gastos financieros estipulados en el Pliego de prescripciones técnicas particulares para la gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos establecen un tipo de interés del 8,26 % para la financiación de la maquinaria. La maquinaría fue adquirida en régimen de arrendamiento financiero a una empresa del grupo a un importe inferior al 8,26 % establecido en el pliego, con lo cual los gastos financieros no son elevados, están por debajo de lo establecido en el pliego”.
En este sentido, advierten que “las partidas que incrementan los gastos financieros se corresponden a la comisión por el aval que garantiza el contrato por un importe de 7.466.370,73 de euros y cuyo coste anual es de 200.000 euros para el concesionario, partida esta no contemplada en el pliego, pero necesaria para poder desarrollar el contrato”. 

 

La otra partida que encarece los gastos financieros son “la cobertura mediante pólizas de crédito que se ha visto obligada la empresa a contratar para financiar los continuos retrasos en los pagos de las certificaciones mensuales, partidas estas que se están reclamando judicialmente”. 

 

Sobre este asunto, desde Trace destacan que “la Administración vulnera constantemente la Ley, incumpliendo el periodo de pago a proveedores establecido, máxime cuando es una partida presupuestaria y en mayor medida su destino principalmente es el pago a trabajadores en más de un noventa por ciento”.

 

Reclamaciones

Trace tiene actualmente reclamaciones judicializadas por importe de 2,2 millones de euros, y en via administrativa los 1,173 millones, a los que se refiere los servicios de intervención en el informe. Además existen más reclamaciones a presentar.

 

Entre las reclamaciones presentadas constan “servicios realizados por la concesionaria a petición por escrito de la Ciudad, los cuales no has abonados hasta la fecha”.

 

“Es excesivo el encarecimiento que en via judicial incurre la administración por la negativa al pago. Los intereses, gastos y costas en los que incurre la Ciudad pueden llegar a un incremento del principal de hasta el veinte por ciento, el cual se sufraga con dinero de

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