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EL PUEBLO
Sábado, 15 de septiembre de 2018
POLÍTICA

El MDyC exige que se paralice el desalojo de González de la Vega

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La Ciudad ha iniciado un proceso judicial de desahucio, pero los localistas pedirán que se cumpla el acuerdo plenario para no desalojar a ninguna familia sin ofrecerle antes una vivienda alternativa

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha tenido conocimiento de que el Gobierno ha iniciado el proceso final para desahuciar a los vecinos de González de la Vega nº 4, después de que estos no hayan dejado el edificio en el plazo que se les otorgó para salir del mismo. Para los localistas, según han señalado en un comunicado, el Ejecutivo no ha dado “soluciones reales” a estas personas para evitar el desahucio y por ello se manifiestan opuestos al desalojo forzoso.


“El encargado de Fomento ha seguido adelante en su proceso de apropiarse del edificio, sin dar respuesta al uso que quiere dar al mismo, aunque presentimos un halo de especulación que poco contribuye al interés general de los ceutíes”, argumentan desde la formación de Fatima Hamed. Los localistas critican además que se va a producir una apropiación a pesar de que “no se ha dado solución alguna a los afectadas”. 


Dicen desde el MDyC que la “prepotencia” ha “impedido” que el consejero de Fomento, Néstor García, se haya reunido con los vecinos de González de la Vega afectados “para explicarle su postura y las soluciones posibles”. “Ha impuesto la única solución que le interesa sin escuchar ni a los vecinas ni a este grupo municipal que ha planteado otras opciones para que no se vean en la calle”, lamentan los localistas.


Alternativas reales
Mientras, desde el MDyC anuncian que van a exigir que se ejecute el acuerdo plenario que impedía el desahucio de cualquier familia sin darle una vivienda, ya que, insisten desde la formación, esto “es lo único que piden los afectados, aunque el encargado de Fomento diga que lo único que quieren es una vivienda en el centro”.


El paso dado ahora por Fomento al iniciar el proceso de desahucio no es una novedad, puesto que el consejero del ramo ya anunció a principios de agosto que se llevaría a cabo. Transcurridos los dos meses de plazo dados a los vecinos de González de la Vega para que abandonaran sus viviendas y sin que este hecho se produjera, García informaba en rueda de prensa que en el mes de septiembre se presentaría por parte de la Ciudad Autónoma la demanda civil de desahucio. Con ello, explicaba, se iba a trasladar a los juzgados la decisión sobre la salida de estas viviendas para que sea un juez quien determine si da la razón a los vecinos o a la administración pública.


En abril ya se les había comunicado a los vecinos que tenían un plazo de dos meses para desalojar las casas. El inmueble, propiedad de la Ciudad Autónoma, está en malas condiciones y las familias que allí viven aseguran que llevan años esperando ser adjudicatarias de una vivienda pública a la que poder trasladarse. Así, el Gobierno les planteó la posibilidad de incorporarlos al Programa de Alojamiento Alternativo a la espera de que pudieran ser adjudicatarios de una vivienda en la próxima promoción de protección oficial, pero éstos se negaron. Ya no confían en promesas de futuro y a día de hoy cinco familias siguen en el inmueble.


Una situación que para el MDyC muestra que “al Gobierno los problemas de los ceutíes ni le preocupan, ni le ocupan”. “Prefieren derrochar los fondos públicos en obras faraónicas para gloria del líder, que solventar los graves problemas de vivienda, desempleo, desigualdad social, abandono escolar”, lamentan para advertir de que el MDyC va a exigir que se les busque una solución definitiva a los vecinos de González de la Vega y que se retire la orden de desalojo de la misma.
 

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