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EL PUEBLO
Martes, 18 de septiembre de 2018

La obligación de denunciar hechos delictivos

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Es cierto que en esta ciudad es muy habitual escuchar que hay niños de Marruecos escolarizados en los colegios ceutíes y que cada día atraviesan la frontera para llegar a clase. Afirmaciones que, a menudo, llegan acompañadas de quejas sobre el hecho de que estos niños pueden ocupar plazas de otros que, viviendo en la ciudad, se ven desplazados a centros que están alejados de su vivienda, o que están haciendo que la ratio de alumnos por profesor supere el límite teórico de 25. Sin embargo, hasta ahora, nadie había dicho públicamente que le consta que hay niños escolarizados que no viven en la ciudad. Y es que, esto, en definitiva, lleva aparejado el delito de falsedad documental, ya que para escolarizar al menor se ha de presentar un certificado de empadronamiento. Sin embargo, ayer, el director provincial de Educación, Javier Martínez, no dudó en asegurar que les consta que hay niños escolarizados en Ceuta que viven en Marruecos. La responsabilidad de ello la puso Martínez en el tejado de la administración local por emitir los certificados. No obstante, esta administración, consciente de la realidad y el problema que suponen los empadronamientos ilegales, lleva años luchando contra ellos. A diario, la Policía Local detecta este tipo de fraude y se da de baja en el padrón a decenas de personas. Por eso, la Ciudad Autónoma no debería estar sola en esta cruzada, que debería ser de todos los ceutíes. Y es que, no se entiende cómo el director provincial haga esa afirmación tan grave de forma pública, y desde Delegación del Gobierno no se haya abierto una investigación o levantado un teléfono, al menos, para denunciar la situación y poner a la Policía Local sobre la pista. Es verdad que no corresponde a Educación investigar los empadronamientos ilegales, pero teniendo la constancia de que existe fraude, es una obligación denunciar este delito y no que, por el contrario, se utilice como arma arrojadiza en una contienda con tintes más electorales que de servicio público. 

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