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EL PUEBLO
Miércoles, 26 de septiembre de 2018

Un problema grave, ¿sin solución?

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Según el último informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de infracciones penales cometidas por menores en Ceuta es, de lejos, la más alta de todo el país situándose el año pasado en 60,3 por cada mil habitantes, muy lejos de Melilla, que ocupa 0el segundo lugar en este ranking con una tasa de 35,9, y multiplicando por cinco la nacional, que es de 12,8. Así, Ceuta encabeza una lista negra que deja en evidencia un problema con jóvenes que con frecuencia son condenados por dos o más delitos.  Este hecho viene a evidenciar y a dar una mayor consistencia a esa preocupación tantas veces mostrada por la sociedad ceutí y que tan poca respuesta se le ofrece por parte de las autoridades.


En este sentido, frente al delito, especialmente cuando es cometido por menores de edad, la sociedad se siente en ocasiones inerme, impotente e indefensa. Psicólogos y educadores subrayan los efectos criminógenos de la falta de atención que en muchos casos reciben nuestros hijos y de una sociedad permisiva que los educa en sus derechos, pero no en sus deberes, donde ha calado de forma equívoca el lema “no poner límites” y “dejar hacer”, abortando una correcta maduración, así como el hecho de que hay padres que no sólo no se hacen respetar, sino que menoscaban la autoridad de los maestros, lo que se percibe por los hijos como una toma de posición que refuerza su previo rechazo de su autoridad. La mayor parte de los autores sitúan la crisis de la institución familiar entre los factores centrales de casi todas las modalidades de violencia juvenil; normalmente se integra por unos padres que sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que se han generado, y por unos hijos que pasan de comportamientos desobedientes e irrespetuosos a comportamientos claramente agresivos y violentos hacia sus padres y entorno más inmediato. Por ello, existe la necesidad de reflexión, evaluación y estudio.

Precisamente, locales como por parte de la Delegación del Gobierno. En este asunto ya no caben más paños calientes, ni escudarse siempre en la defensa de los derechos del menor, ya que el resto de ciudadanos también tenemos nuestros derechos, y por ellos parece que no vela nadie.

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