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Domingo, 14 de octubre de 2018
MENORES

Las CCAA solo ofrecen 150 plazas para el reparto de 11.000 menores

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La Ciudad Autónoma de Ceuta, que se reconoce “desbordada” con más de 400 menores a su cargo, calcula que necesitaría transferir la tutela de 130 MENA’s

El plan del Gobierno para apelar a la solidaridad de las comunidades a fin de que se repartan la acogida de los 11.100 menores extranjeros no acompañados que se calcula que hay en España no está dando resultado. El Ministerio de Sanidad, responsable por las negociaciones, lleva desde el 20 de septiembre estirando plazos para arrancar un mayor compromiso a las autonomías que condicionan su solidaridad a recibir más dinero. Hasta ahora, solo han ofrecido unas 150 nuevas plazas, una cifra que está muy lejos de resolver la situación de Andalucía, Cataluña, Ceuta o Melilla, que tutelan más del 70% de los menores.


Esta oferta de mínimos, aunque todavía se puede ampliar, contrasta con las necesidades de las regiones que más peso migratorio soportan. Fuentes próximas a La Moncloa calculan que para aliviar el sistema de acogida deberían distribuirse al menos unos 6.000 de los 11.000 menores.


Andalucía lleva meses protagonizando titulares por los problemas de gestión de sus centros, en los que los niños tienen que dormir en colchones en el suelo por la sobreocupación. La Junta, que, según datos oficiales, asume más del 50% de los menores, esperaba apoyarse en la solidaridad territorial para ceder la tutela de 1.000 jóvenes a otras regiones.


Las autoridades de Melilla, que a pesar de su superficie territorial acoge otro millar de menores inmigrantes (prácticamente los mismos que Cataluña), mantiene que no puede atender a más de 260. Mitigar temporalmente su situación supondría destinar más de 700 chicos a la Península. Ceuta, que se reconoce “desbordada” con más de 400 menores a su cargo, calcula que necesitaría transferir la tutela de 130.


La oferta de plazas proviene de apenas 10 comunidades. Castilla y León, por ejemplo, se ha dispuesto a acoger un mínimo de 40 menores; Extremadura ofrece 34 y Baleares, 10. Las autonomías que más acogen, como era de esperar, no se han ofrecido a tutelar más niños, según han confirmado a este periódico. Son nueve: Andalucía, Cataluña, Melilla, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Ceuta, Murcia y Canarias. La Comunidad Valenciana, que recibió al Aquarius con 630 migrantes a bordo, no cierra la puerta a acoger más en el futuro, pero advierte de que en ningún caso lo hará sin que se concrete la contrapartida económica. “No se puede comenzar la casa por el tejado”, ilustran fuentes del Gobierno valenciano. El tiempo para ofrecer medidas a corto plazo apremia: el fenómeno de los menores extranjeros, cuya competencia recae en las comunidades autónomas, es una prioridad del Gobierno en el contexto migratorio.

 

Fondo de 40 millones para compensar a las CCAA que han incrementado el número de MENA’s acogidos

El Ministerio de Sanidad trabaja con un fondo interministerial de 40 millones para compensar a las comunidades en las que se ha incrementado el número de acogidos desde diciembre de 2017. El dinero está destinado tanto a incentivar a las autonomías a recibir más menores como para compensar a las que más tutelas han asumido en lo que va de año. La previsión es que esa distribución de recursos y de niños, que se regulará en un Real Decreto, se inicie a finales de este mes o, como mucho, a comienzos de noviembre. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó en agosto, ante la canciller alemana, Angela Merkel, que habría “acuerdo” para repartir a los menores.

 

El registro de los MENA que llegan a España, gestionado por la Policía Nacional con los datos que aportan las CCAA, no está actualizado

El registro de los menores que llegan a España, gestionado por la Policía Nacional con los datos que le aportan las autonomías, no está actualizado. La falta de rigor de los únicos números que se tienen sobre los menores que migran solos implica, por un lado, la falta de dimensión real del fenómeno. Y, por otro, que la distribución de fondos que premiará el incremento de tutelas asumidas por las comunidades se realice sobre unos números cuestionados. Las comunidades son responsables de comunicar a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras las altas, las fugas —el año pasado casi se alcanzan las 1.300, según la memoria de la Fiscalía—, las bajas y el traspaso de tutelas a otras regiones. En su informe de 2016, el Defensor del Pueblo reconoció los avances en el sistema, pero criticó la falta de coordinación entre los servicios sociales autonómicos y la policía.

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