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Domingo, 14 de octubre de 2018
FRONTERA

Rabat quiere acabar con el ‘comercio atípico’ con Ceuta

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Acabar con el contrabando es una tarea ingente. Genera unos 40.000 empleos directos en Marruecos, sobre todo de porteadoras, mientras que en Ceuta y Melilla el llamado “comercio atípico” genera solo unos 1.600 puestos de trabajo directos

Las autoridades de Marruecos cerraron el 1 de agosto la aduana de Melilla y dos meses y medio después ya están estudiando cómo apretar de nuevo las clavijas a las dos ciudades autónomas españolas, ahora más bien a Ceuta.


Según daba a conocer en su edición de ayer el diario digital ‘El Confidencial’, Rabat quiere acabar con el principal motor económico de ambas ciudades: el contrabando con Marruecos que ceutíes y melillenses prefieren llamar púdicamente “comercio atípico”. No hay ningún cálculo oficial sobre la cuantía de esas exportaciones irregulares, pero la cifra que se suele barajar rebasa siempre los mil millones de euros anuales y algunas estimaciones la sitúan hasta en 1.500 millones de euros, el equivalente de las exportaciones españolas a Australia.


A finales de enero el ministro marroquí del Interior, Abdeluafi Laftit, ya recalcó en el Parlamento que era necesario encontrar “una solución global” al “problema grande y complejo” del contrabando. Reconoció, no obstante, que sería “muy difícil” alcanzarla “sin causar daños colaterales” a algunos de los que viven de él en Marruecos. Laftit intervino en la cámara baja justo después de que dos porteadoras marroquíes hubiesen fallecido a causa de una avalancha en la frontera, en territorio marroquí.


La semana pasada el anuncio de Laftit ha empezado a concretarse. La agencia pública de desarrollo regional de la región septentrional de Tánger-Tetuán-Alhucemas (ARTTA) ha sacado una licitación, por importe de 1,92 millones de dírhams (176.000 euros), para efectuar un estudio sobre el impacto del contrabando con Ceuta.


Para la prensa económica de Casablanca se trata más bien de un ejercicio que deberá proponer “una estrategia contra ese fenómeno del contrabando” que merma los ingresos arancelarios y fiscales del Estado, supone una competencia desleal para las empresas marroquíes, perjudica a la industrialización y al desarrollo del norte del país y hasta pone en peligro la salud de los consumidores porque parte de los productos que entran por esa vía en Marruecos no están sometidos a ningún control sanitario ni de seguridad. Así se vendieron, por ejemplo, unos mecheros chinos que explotaban a veces al encenderlos y por eso fueron prohibidos en la Unión Europea.


Sin ser tan explícito, Mohamed Zouari, director de Aduanas de la región de l’Oriental, declaró esta semana en Nador, la ciudad marroquí colindante con Melilla, que el contrabando era una “lacra” y una “amenaza” para todos aquellos, empresarios y trabajadores, que sí cumplen las leyes. Las autoridades, anunció, quieren “tender una mano” a los que ahora se dedican a ese comercio viciado para que operen dentro de la legalidad, pero no explicó cómo lo harían.


Acabar con el contrabando es una tarea ingente. Genera unos 40.000 empleos directos en Marruecos, sobre todo de porteadoras. Son entre 12.000 y 15.000 las que cruzan a diario varias veces la frontera de Ceuta y entre 3.000 y 5.000 las que lo hacen en Melilla, según la respuesta que en 2017 dio el Gobierno a una pregunta del senador de Bildu Jon Iñarritu. La Cámara de Comercio Americana de Casablanca calculó, sin embargo, a principios de la década pasada, que hasta 400.000 personas vivían directa o indirectamente de ese tráfico ilegal, pero tolerado.


Al margen de generar empleo, el contrabando proporciona ingresos adicionales a muchos de los funcionarios marroquíes destinados en las fronteras que cobran sus “propinas” por hacer la vista gorda. El semanario ‘Al Ayam’ de Casablanca calculó en 2002 —desde entonces no hay nuevas estimaciones periodísticas— que aduaneros y policías destinados en esos puestos fronterizos se embolsaban anualmente unos 90 millones de euros en “mordidas”.


El contrabando es además, probablemente, un cauce para blanquear parte del dinero de la droga exportada desde Marruecos a Europa que genera unos ingresos evaluados por Naciones Unidas en unos 10.400 millones de euros anuales. Al Estado marroquí le sirve para que las importaciones se lleven a cabo sin gastar muchas divisas, porque en las ciudades autónomas se pueden hacer pagos en dírhams, y para atraer a la provincia de Nador, perteneciente al Rif, a marroquíes de otras regiones diluyendo así su carácter rifeño.


En Ceuta y Melilla el llamado “comercio atípico” genera solo unos 1.600 puestos de trabajo directos. Aun así suponía, a mediados de la década pasada, el 70% de la actividad económica de la ciudad, según un informe de la Cámara de Comercio local, una estimación que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, consideraba exagerada. El IPSI (equivalente local del IVA) de importación de productos que después serán exportados a Marruecos, llegó además a generar hasta un 35% de los ingresos de las arcas municipales, pero ya está bajando. El Estado está obligado a compensar con aportaciones esa caída de la recaudación.


Del lado español hay también voces que piden que se ponga coto al contrabando. Es necesario hacerlo “por humanidad, por espeto a unos hombres y mujeres que están siendo explotados, por su seguridad”, rezaba a principios de año un comunicado de la Asociación Española de Guardias Civiles. Más recientemente, en julio, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, resaltaba alarmado que las porteadoras “ponen en riesgo su salud y en ocasiones su vida”. Preconizaba buscar una alternativa al contrabando consensuada con Marruecos y los operadores comerciales.


A juzgar por el texto de la licitación, Rabat no parece estar interesada en actuar de común acuerdo con el Gobierno español. Hace dos meses y medio ya tomó sin consultar con España, como reconoció en el Congreso el propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la decisión de cerrar la aduana de Melilla por la que transitaban legalmente mercancías por valor de una décima parte del contrabando. Aun así el cerrojazo dado a la única aduana terrestre de España con Marruecos —Ceuta no posee tal aduana— asfixia a la ciudad autónoma. El Gobierno del presidente Juan José Imbroda valoró en agosto en unos 100 millones de euros las pérdidas anuales que le genera la decisión marroquí.


Borrell anunció el 13 de septiembre que, tras la visita ese mismo día a Rabat de Pilar Jurado, directora general de Aduanas, se iba a crear un grupo de trabajo hispano-marroquí para intentar resolver el problema creado por la iniciativa unilateral marroquí. Un mes después el grupo sigue sin existir y el tráfico de contenedores en el puerto de Melilla “registra ya una caída del 40%”, según explicó Antonio Mena, presidente de los agentes de aduana melillenses, en un foro recién celebrado en Cádiz.


La Plataforma de Empresarios, que reagrupa a los principales afectados en Melilla por la medida marroquí, publicó el lunes un comunicado en el que tacha de “inaudita, inadmisible e irresponsable” la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. Salvo la comparecencia de Borrell en la correspondiente comisión del Congreso, la actuación consiste en guardar silencio para que este contencioso con Marruecos pase inadvertido.


En la reunión que, el 13 de septiembre, mantuvo Pilar Jurado con su homólogo marroquí, Nabyl Lakhdar, este esgrimió un argumento para justificar el cierre de un plumazo de la aduana: su existencia no de sustenta en ningún acuerdo, señalan fuentes conocedoras de aquella sesión. La decisión de abrir la aduana de Melilla quedó, sin embargo, recogida en el tratado hispano-marroquí de Fez de 1866 y fue reconfirmada a petición marroquí, aunque no se firmó ningún nuevo documento, poco después de finalizar el protectorado español sobre Marruecos en 1956.


Si aún no se ha creado el grupo de trabajo que anunció Borrell es porque Rabat considera que no hay nada de qué discutir y que su decisión no tiene vuelta atrás.

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