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EL PUEBLO
Miércoles, 7 de noviembre de 2018
ECONOMÍA

Adicae avisa: La batalla judicial sigue para los que pagaron el impuesto

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En la ciudad, 1.736 personas han pagado desde 2014 el impuesto de actos jurídicos documentados

Ante el revuelo social que ha generado el fallo del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, dejando esta carga en manos de los clientes, el Gobierno ha decidido obligar a la banca a asumir este gasto mediante un real decreto. La decisión ha sido aplaudida rápidamente por asociaciones de consumidores como Adicae, que aunque siguen adelante con las demandas colectivas para que la banca asuma el gasto con una retroactividad de cuatro años, valoran que el Ejecutivo regule esta cuestión y los clientes dejen de pagar este impuesto. 


En Ceuta, durante los últimos cuatro años, 1.736 personas han pagado este impuesto y se ha recaudado más de un millón de euros por este concepto. Según la sentencia del Supremo del 18 de octubre, estas personas podrían haber recuperado lo gastado. Sin embargo, ahora tendrán que acudir a la vía judicial para intentar recuperar el dinero que pagaron por el impuesto de su hipoteca. 


Y es que, la decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas presentadas por asociaciones como Adicae. Estas seguirán su curso mientras Adicae sigue recogiendo cientos y cientos de solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo y que han originado centenares de sentencias a favor de los consumidores.


1.736 afectados en Ceuta
La ajustada decisión del Supremo y la tomada por Sánchez “demuestra que la batalla judicial sigue en pie, y apunta a que acabará en el Tribunal de Justicia Europeo”, aseguran desde esta asociación. Adicae “no baja los brazos y sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar los gastos hipotecarios con asambleas, en su plataforma de afectados y en la web www.hipotecaconderechos.es”. Mientras, aplauden la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero, un supervisor que llevaban exigiendo más de diez años.

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