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EL PUEBLO
Lunes, 26 de noviembre de 2018
CASO EMVICESA

La defensa de López destaca que “la investigación está basada en rumores”

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La defensa de López solicita el sobreseimiento del ‘caso Emvicesa’, fundamentando su recurso tanto en las irregularidades y anomalías procesales como en la inconsistencia del auto. Subraya que “el auto cierra una investigación está basada en rumores”, desvelando “una falta de base indiciaria mínima que pueda justificar la continuación de las actuaciones”

El juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial ya han comenzado a recibir los recursos de apelación o reforma contra el contenido del auto de procedimiento que la juez Lucini, instructora del ‘caso Emvicesa’, dictó la semana pasada con un total de 60 investigados.  Este es el caso del exgerente  de Emvicesa, Antonio López, cuya defensa presentaba este lunes un recurso de apelación, en el que solicita el archivo “para evitar acusaciones infundadas, indefinidas frente a las que no es viable el ejercicio del derecho de defensa y un juicio innecesario”, señalando que “no cabe que nos respondan esta petición que ‘en el juicio se verá’, pues sería remitirnos a debatir en el juicio si existen hechos suficientemente determinados que justifiquen que deba celebrarse el juicio”.

 

“Es conocido que en este momento procesal no se hace una valoración de la culpabilidad, no lo ponemos en cuestión. Pero ejercemos y reclamamos el derecho a no someternos a juicio si tras la instrucción no es posible, como el auto acredita, una mínima concreción de hechos delictivos”, recoge el escrito de la defensa.

 

En este sentido, además de “las graves anomalías e irregularidades procesales que jalonaron la tramitación de la causa”, el fundamento “esencial y nuclear” del recurso presentado es que el auto “desvela la falta de una base indiciaria mínima que pueda justificar la continuación de las actuaciones por los delitos señalados”, añadiendo que “sin datos o hechos concretos que puedan integrar aun indiciariamente los delitos por los que se acuerda continuar, la resolución procedente debe ser el sobreseimiento”.

 

El abogado de López defiende que “atendiendo al contenido del propio auto puede advertirse que no identifica ni un solo hecho concreto referido a mi mandante que pueda ser calificado de delito, más allá de vagas y genéricas afirmaciones”, señalando que “a pesar de los esfuerzos, la realidad es que el auto no ofrece una mínima concreción de hechos, de acontecimientos que puedan situarse en el tiempo y el espacio”, subrayando que “sin hechos mínimamente determinados no es viable una acusación fundada y la continuación del procedimiento”.

 

Imaginativas hipótesis policiales

Según la defensa, las diligencias desacreditan “las imaginativas hipótesis impulsadas por los oficios policiales”, que  parecían “dirigirse al descubrimiento de una gran organización criminal o mafiosa, cuyo cabecilla contaría con un ingente patrimonio en obras de arte y millonarios depósitos bancarios”, datos que “impresionaron a la opinión pública al ser filtrados a los medios de comunicación”, aunque “atendiendo a las cantidades que según el auto entregaron a otros investigados (nunca a mi defendido), apenas superarían los 60.000 euros”.

 

A este respecto, la defensa de López destaca que finalmente se ha demostrado que “las obras de arte eran láminas de doscientos euros, el depósito bancario atribuido a mi mandante era titularidad de EMVICESA, y simplemente no habían suprimido el nombre como apoderado de Antonio López, que empeñaba relojes para sobrevivir y necesitó de la ayuda de amigos para hacer frente a la fianza carcelaria”, añadiendo que “las expectativas policiales trasladas al juzgado no se han cumplido”. A este respecto, Calero reitera que el informe patrimonial policial contiene errores, como así lo expone detalladamente el Informe Pericial de Julio Cesar Calvo Malvar, Economista y Auditor. 

 

El recurso presentado incide en que “el auto que recurrimos se cierra sin que el juzgado haya acordado la declaración como investigados de ninguna de las personas o entidades que participaron en la adquisición de los únicos inmuebles adquiridos con préstamos hipotecarios a entidades bancarias, que se corresponden con el periodo de tiempo objeto de investigación”, advirtiendo que “no es posible imaginar un acto de lavado de activos consistente en una compraventa en la que la entidad vendedora (vinculada a una entidad financiera de primer nivel) no participe si la modalidad de banqueo es el pago en dinero “B” de parte del precio, como sugería la policía. Es decir, la realidad es que el Juzgado no da crédito al informe patrimonial policial”, subraya.
Rumores sin pruebas

 

“Lo cierto –destaca el escrito– es que el auto no puede situar en el tiempo ni una sola reunión de investigados”. Tampoco el auto señala “un solo contacto de Antonio López con los que denomina ‘clientes’, ni una sola entrega de un solo euro, porque tras la masiva búsqueda el auto no identifica una sola persona que afirme que le ha entregado un solo euro, ni una transferencia bancaria dudosa, ni un documento manipulado o alterado, ni una concreta operación que transforme fondos procedentes de un delito en dinero del circuito económico ordinario”, argumenta la defensa de López.

 

El auto arranca afirmando que denunciaron la existencia de contratos firmados por Antonio López y los adjudicatarios, pero “ni identifica ni puede identificar uno solo, pues no existe”, asegura el abogado del ex gerente.

 

Además, subraya que “el auto recurrido revela la imposibilidad de concretar los hechos que atribuye a mi mandante y ofrece una alternativa: o bien ‘colaba’ en las listas a quienes le ‘vendía’ una vivienda o bien ‘entregaba documentos’ creados falsariamente que parecían conceder un derecho a la vivienda los compromisos”, si bien “no puede situar en el tiempo uno solo de esos actos que parece que plantea como meras posibilidades. Ni dice a quién ‘coló’, ni a quién dio esos documentos que califica de supuestamente falsarios. No relaciona esos actos con las personas que dice que entregaron cantidades, ni con viviendas, ni con ausencia de derecho o incumplimiento de requisitos”.

 

Para la defensa de López, “el auto cierra una investigación que como expresamente indica, está basada en rumores, que incluye una genérica e irrespetuosa descalificación profesional de empleados de EMVICESA –algunos con más de diecinueve años de antigüedad– a los que, para poder seguir sosteniendo que López ‘colaba’ o ‘introducía documentos’ necesita convertir en pasivos, inútiles, incapaces de desarrollar sus funciones que han explicado con detalle y concreción en sus declaraciones judiciales, pero que como no corroboraban las hipótesis policiales han sido ignoradas”.

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