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EL PUEBLO
Martes, 27 de noviembre de 2018

“La investigación se tambalea porque está basada en suposiciones e hipótesis”

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El abogado defensor de cuatro de los cinco trabajadores de Emvicesa investigados señala que el auto de la juez Raquel Lucini “no señala hecho concreto alguno que justifique la imputación que se hace”, basada en “suposiciones sin fundamento ni prueba alguna”, por lo que “debe prevalecer la presunción de inocencia”

Al igual que hiciera este lunes la defensa del ex gerente de Emvicesa, el pasado viernes la representación legal de  cuatro de los cinco trabajadores de Emvicesa investigados en la causa, Ignacio Castro, presentaba un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción.


El escrito presentado afirma que el auto recurrido, se basa, “principalmente”, en las “declaraciones testificales realizadas por los trabajadores de Emvicesa en el curso de la instrucción y de las investigaciones posteriores que en las mismas se basan”. En este sentido, la defensa advierte que “esas declaración testificales, en todo caso, jamás pueden tener el carácter de auto-imputación”, añadiendo que “a pesar de la utilización en tal sentido que hace el auto recurrido, como es obvio, ni pueden ser utilizadas para justificar el auto que se recurre, como se ha hecho”.


Ante esta circunstancia, el letrado de los trabajadores de Emvicesa destaca que terminada la investigación, “se están tambaleando los indicios que los trajeron a la causa” y que éstos no deben seguir como investigados, ya que “ni de los correos electrónicos analizados se ha obtenido nada, ni ningún investigado por cohecho activo ha manifestado que haya pagado cantidad alguna” a estos trabajadores, “ni existen conversaciones telefónicas que demuestren participación alguna”, ni existe ninguna otra medida investigatoria valedora de su incriminación, más que el ‘análisis’ policial de su declaración como testigo, de la que tampoco se deduce participación el delito alguno”.


“Así lo reconoce el auto”, según la defensa, que “basa la imputación en suposiciones e hipótesis del tipo debieron saber, debieron denunciar, o algún rédito debieron tener, pero sin señalar hecho concreto alguno que justifique la imputación que se hace, como se debiera, a la hora de fijar los hechos en los que se debe basar la acusación”.


A este respecto, el recurso de la defensa subraya que “hubiera sido definitivo que algún ‘cliente’ hubiera dicho que los trabajadores les pidiera dinero, o que se les hubiera dado, o que les hubiera puesto en contacto con el gerente con intenciones aviesas, o que hubiera habido llamadas en tal sentido, o correos electrónicos, o seguimientos policiales, o que se les hubiera intervenido dinero alguno, o que se hubiera dado cualquier otro instrumento de investigación que hubiera delatado a mis representados”.


“Pero no los hay”, advierte la defensa, que añade que “ello a pesar de haber tenido el teléfono intervenido, a pesar de haber sido revisado por dos veces el ordenador de mis representados, a pesar de haber existido seguimientos al gerente, a pesar de que decenas de personas han pasado por el Juzgado y nadie ha dicho ni una palabra acusadora contra los mismos, y a pesar de la ingente investigación policial y judicial ejecutada”.


Llegados a este punto, “solo se les acusa de haber hecho un trabajo no conforme a las reglas administrativas de aplicación o de obediencia (debida) a su superior, cuando ello, en ningún caso, es motivo de justificación de una imputación penal”, se señala en el recurso.


Se dice en el auto recurrido que los investigados manifiestan “que no sabe cuál es el proceso de selección, quien lo hace, quien los fiscaliza, como se eligen los adjudicatarios, cuando y donde se publican las listas, etc.”, si bien la defensa afirma que “en sus declaraciones como investigados si que ilustran a su señoría sobre quien marca los cupos de las viviendas a adjudicar (la Comisión Local de Vivienda), qué Consejería concreta le remite los adjudicatarios a incluir, que proceso de aprobación de la lista se realiza, etc.”, No obstante y en todo caso, “tal desconocimiento u omisión tampoco justifica una imputación penal, siquiera tampoco por prevaricación por omisión”.


Mención aparte merece para la defensa de los trabajadores la expresión que el auto incluye, “para justificar la presunta participación” de estos, y que dice que su actuación se produce porque “solo puede contestarse por confirmar que obtenían réditos”, lo cual además, “de una suposición sin fundamento ni prueba alguna, es una absoluta falsedad, por cuanto si fuera cierto que mis mandantes hubieran obtenido rédito alguno, se le hubiera incluido también el delito de cohecho, lo cual no ha sucedido, como prueba que tal afirmación, cuando menos, es aventurada y está fuera de lugar”.


Para la defensa “no hay circunstancias que justifiquen la concreta imputación de mis mandantes por la realización de tales labores administrativas. Otros empleados no están siendo investigados, y también trabajaron por la tarde, o recibieron llamadas del gerente, o tuvieron participación en la tramitación administrativa del expediente”.


En este sentido, el abogador defensor no duda en afirmar que “no hay más llamadas, ni más correos electrónicos, ni más SMS, ni más conversaciones por Whatsapp o similar, ni imputaciones de terceros, ni intercepciones de cantidades en metálico, ni patrimonio no justificado, ni nada más en absoluto, salvo la creencia no fundada y no probada que se ayudó al gerente en su presunto quehacer delictivo, solo por la ejecución de los trabajos administrativos que tenían encomendados, y que realizaron del mismo modo que se había hecho en otras adjudicaciones con otros Gerentes, ó con otros Consejeros ó Presidentes de Emvicesa”.


“Y teniendo esto en cuenta, ha de prevalecer la presunción de inocencia a la continuidad de una imputación débil, que probablemente acabaría en una absolución posterior, o incluso en una retirada de la acusación, lo cual se antoja lógico a nuestro criterio, dicho esto con el máximo respeto y consideración a la Iltma Sra Magistrada de esta causa”, subraya la defensa de cuatro empleados de Emvicesa.

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