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EL PUEBLO
Martes, 27 de noviembre de 2018

“La aportación de la ex consejera Susana Román resulta demoledora”

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El abogado de López subraya que las aportaciones de ex consejera de Fomento, “acreditan que las hipótesis policiales parten de errores jurídicos de bulto”

Sin entrar en la polémica sobre si el órgano de adjudicación es la Comisión Local o la Comisión Técnica, la defensa del ex gerente  de Emvicesa destaca que los “fundados argumentos perfectamente documentados” aportados por la ex consejera de Fomento, Susana Román,  “exponen determinados errores que contienen los distintos informes policiales, que han dado lugar a otros errores en cascada en el planteamiento de los interrogatorios y, en último término, en el erróneo enfoque general de las presentes diligencias que persigue acreditar una hipótesis inverosímil”, por lo que destaca que “las presentes actuaciones están abocadas al sobreseimiento”. 


En este sentido, el abogado de López resalta en su escrito como “más relevante” la información y acreditación de que, “fijados los requisitos al aplicar los mismos a los solicitantes inscritos, la viviendas resultaron directamente adjudicadas”, por lo que Román afirma y acredita que: “… y por tanto estando acreditado el cumplimiento de los requisitos, fueron admitidos de forma automática al procedimiento (….). No fue necesario, por tanto, efectuar lista provisional ni subsanación de solicitudes”. Es decir, se trató de una adjudicación “directa”, “no fue necesario baremo” y “únicamente fue necesario la elaboración de una lista”. 


A este respecto, en el recurso presentado por la defensa de Antonio López se advierte que “frente a la ambigüedad, la imprecisión, la oscuridad y las innumerables contradicciones que pueden apreciarse en las manifestaciones de investigados y testigos, resulta indudable la calidad y objetividad de la información aportada por quien fue denunciante –en referencia a Susana Román– y que a presencia judicial reconoció que “se han cometido muchos errores y yo la primera”.


Aportación demoledora


El abogado de López no duda en afirmar que “las hipótesis incriminatorias se basaban en errores y datos indiciarios muy débiles procedentes de fuentes muy inseguras” y que frente a esa información, “la aportación de Susana Román resulta demoledora por cuanto que hace inverosímil la existencia de una trama organizada para la venta de casas de protección oficial”, señala el escrito de la defensa, que reitera que “abonar cantidades como 8.000 o 15.000 euros por una vivienda en alquiler de un año resulta manifiestamente inverosímil, a salvo de la hipótesis de la estafa usando de falsas influencias”.


Las hipótesis policiales parten de errores


En este sentido, el recurso presentado advierte que “el auto, salvo error u omisión, refiere de manera genérica supuestas prácticas pero no identifica un solo supuesto en que una vivienda se haya atribuido a una persona de modo injusto o arbitrario. Tampoco señala un solo caso del supuesto inverso: que se haya denegado una vivienda a quien legalmente le correspondiera”.


Por otro lado, señala que “si la atribución de las viviendas a los peticionarios fue directa y automática desaparece la posibilidad de influir de una u otra manera y la desaparecer la resolución injusta”. Y además “si se trataba de viviendas de alquiler bastaría la anulación de la atribución indebidamente realizada o la no renovación del alquiler anual”.


En síntesis, el abogado de  Antonio López subraya que las aportaciones de la exconsejera de Fomento, Susana Román, “acreditan que las hipótesis policiales parten de errores jurídicos de bulto”. 

 

El recurso presentado por Antonio López pone en duda la parcialidad de la juez del ‘caso Emvicesa’, Raquel Lucini

 

 

El abogado de López ha reclamado a través de su recurso el derecho de su defendido a que el mismo sea considerado por un tribunal imparcial, solicitando, de hecho, que ninguno de los magistrados que ratificaron durante los meses de su estancia en prisión su permanencia en la misma pueda formar parte de quienes dictaminen si dicho recurso se acepta o no.


Además, acusa a la juez del ‘caso Emvicesa’ de parcial, señalando que la juez Lucini, que instruyó el caso, de “auto-atribuirse el conocimiento de esta investigación que correspondía a otro juzgado que había conocido con anterioridad de los hechos y que los calificó como delito de estafa por el tráfico con falsas influencias”.


En este sentido, el abogado de López denuncia en su recurso “una prorroga de secreto infundado y excesivo en el tiempo” y la “interceptación de conversaciones” entre Lopéz y su letrado defensor. También reitera que “la relación de pareja entre la magistrada instructora y el inspector jefe encargado de parte de la investigación, que fue denunciada en un incidente de recusación” y que “la propia magistrada recusada reconoció”.


A este respecto, el escrito presentado señala “que el inspector que solicitaba limitar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones mediante una intervención telefónica a la autoridad judicial estuviera vinculado como pareja con la misma abrió una duda razonable sobre la apariencia de imparcialidad de quien tiene que decidir sobre ese sacrificio de derechos fundamentales de un ciudadano. Sin juez imparcial que decida sobre ese medio de investigación, la validez de los resultados de las intervenciones y de todas las diligencias que directa o indirectamente se deriven de ellas, ex 11.1 LOPJ pudieran quedar viciados de nulidad”.


 

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