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V.S.C.
Martes, 27 de noviembre de 2018
SUCESOS

La tía de Rabea Mohamed sí figuraba como demandante de VPO

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El recurso de la exconsejera de Asuntos Sociales incide también en que la Comisión Local no tenía competencias para adjudicar

El grueso del recurso contra el procesamiento en el ‘caso Emvicesa’ de Rabea Mohamed, exconsejera de Asuntos Sociales, coincide con el de la que fuera su compañera de Gobierno, Susana Román, y con la que comparte ahora imputación en esta macrocausa que investiga la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial. La defensa de ambas exconsejeras, dirigida por Jorge Martin Amaya, basa sus argumentos para pedir el sobreseimiento libre de Rabea Mohamed y Susana Román de los delitos que se les imputa en el hecho de que la acusación se apoya en la ordenanza de 2006 que no es de aplicación en la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar, donde se debía aplicar el Acuerdo Marco con el Ministerio de Vivienda de 2007.


Sobre el delito de tráfico de influencias que se imputa a Mohamed después de que un familiar resultara adjudicatario de una vivienda, señala el recurso que la jueza le imputa el haber participado en la adjudicación de una vivienda de cuatro dormitorios a favor de la mujer de su tío, quién no consta ser demandante de vivienda. Sin embargo, se adjunta un “compromiso” del entonces subdirector general de la Vivienda, Antonio López, de fecha 2 de Marzo de 2010 a tenor del cual se comprometía a elevar a la Comisión Local de la Vivienda para su estudio la situación de esa familia en la promoción de las 170 VPO. Un compromiso que, incide la defensa, es “muy anterior inclusive a que Rabea Mohamed formara parte de la citada Comisión”.


Por otro lado, advierten también que la mujer del tío de la exconsejera, sí que estaba registrada como demandante de vivienda y aportan la prueba de ello. Algo que entienden, es más que suficiente para exonerar a Mohamed de este delito. Mientras, sobre los delitos de malversación de caudal público, se insiste en el recurso en que las viviendas siguen siendo de titularidad pública y que se adjudicaron en régimen de alquiler, pudiendo recuperarse su uso. Y en cuanto a la prevaricación, subrayan, que Mohamed no firmó ninguna resolución porque “no había resolución que firmar”. 

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