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EL PUEBLO
Lunes, 3 de diciembre de 2018

Los ‘compromisos’ respaldan la versión de Susana Román en el caso Emvicesa

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En estos documentos se hace referencia al Acuerdo Marco entre el Ministerio y la Ciudad como normativa aplicable en la adjudicación de las viviendas, como señala la defensa de la exconsejera

En el año 2013, la Ciudad a través de Emvicesa hacía entrega de las 170 VPO de Loma Colmenar. En dicho proceso, varios adjudicatarios renunciaban a la vivienda obtenida ya que esta no se ajustaba a las necesidades familiares, recibiendo unos documentos por escrito por parte de la Administración, en los que se instaba a la adjudicación de una vivienda a cada uno de ellos en la siguiente promoción, es decir, las 317 VPO de Loma Colmenar.


Estos documentos denominados ‘compromisos eran  realizados –según los implicados– para dar acomodación en futuras promociones a aquellos que siendo adjudicatarios de una vivienda no se ajustaba a sus necesidades. No obstante, la interpretación de la juez instructora del ‘Caso Emvicesa” es bien distista, ya que en el auto de procedimiento abreviado califica estos ‘compromisos’ como “documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda”, siendo “un seguro para los particulares (o eso se les hizo creer) de acceso a la vivienda que habían pagado y que se consumaría en la siguiente promoción”.


Fuera como fuese, existe un aspecto que ha pasado desapercibido hasta ahora en la redacción de estos ‘compromisos’ y que puede cobrar una especial relevancia en estos momentos. Y es que estos ‘compromisos’ –que figuran en el sumario– vendrían a respaldar la versión mantenida por la exconsejera de Fomento, Susana Román,  compartida por Mohamed Alí y Rabea Mohamed, que se basa en que la normativa aplicable para la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar -el único proceso por el que se imputa a la exconsejera- no es la Ordenanza sobre adjudicación de viviendas de la Ciudad Autónoma de 2006, si no el Acuerdo Marco entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda. 


Un cambio de la legislación aplicable señalado por Susana Román que la juez Lucini afirma estar “huérfana de toda prueba” y que “ha quedado descartada por las manifestaciones de la propia la señora Chandiramani, la jurídica de Emvicesa y el consejero de Fomento, pareciendo más una estrategia de defensa que una realidad jurídica”. 


Pues bien, en los citados ‘compromisos’, Antonio López se comprometía textualmente “a instar a la Comisión Local de la Vivienda en los términos del Acuerdo Marco suscrito con fecha 13 de marzo del 2007 entre el Ministerio de la Vivienda y la Ciudad de Ceuta, a la adjudicación de una vivienda de Loma Colmenar denominada 317 VPO a (...)”. Además, los documentos recogen textualmente que “la adjudicación se realizará conforme a las propuestas y criterios que establezca la Comisión Técnica de Evalución prevista en el acuerdo marco”.


Es decir, estos ‘compromisos’ inciden en que era la Comisión Técnica de Evaluación y no la Comisión Local quien ostentaba las competencias para establecer el proceso de adjudicación de viviendas y apoyaría de alguna manera lo defendido por Susana Román sobre que “en la promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar la adjudicación se efectuó de forma directa entre quienes, estaban inscritos en el registro de demandantes de vivienda creado por el Reglamento de desarrollo local del plan estatal de vivienda 2009-2012, y por tanto estando acreditado el cumplimiento de requisitos y siendo admitidos de forma automática al procedimiento. No fue necesario, por lo tanto, efectuar lista provisional ni subsanación de solicitudes”.


Es decir, “los adjudicatarios de dicha promoción se seleccionaron de forma directa entre los afectados por actuaciones urbanísticas, los discapacitados ordenados por grado de minusvalía, víctimas de violencia de género, y por último otra serie de destinatarios por prioridad social, en la medida en su composición familiar se ajustaba a las viviendas”, defiende Román.

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