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EL PUEBLO
Jueves, 10 de enero de 2019
POLÍTICA

Bruselas avala el acuerdo entre España y Marruecos para el retorno de migrantes

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El comisario de Migraciones, en respuesta al eurodiputado Miguel Urbán, señala que los migrantes irregulares pueden ser devueltos a un país de tránsito en consonancia con un convenio bilateral

 En Bruselas lo tienen claro. Los migrantes irregulares pueden ser devueltos desde España a Marruecos, como ocurrió este verano tras un asalto a la valla de Ceuta, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el retorno de 116 inmigrantes al vecino país. La decisión fue muy cuestionada en ese momento y el eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos, decidió preguntar a la Comisión si se había actuado de acuerdo a la legalidad. Ahora, el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, ha contestado a su pregunta señalando que la devolución no ha vulnerado ninguna normativa. 


En su pregunta, Urbán recordaba cómo en agosto, 116 personas llegaron a Ceuta y todas fueron devueltas a Marruecos (a excepción de dos posibles menores de edad) en una operación coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Dicha devolución, señalaba el eurodiputado, se efectuó en virtud del Acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en el año 1992, acuerdo de readmisión por el que Marruecos se comprometía a admitir a todas aquellas personas extranjeras que entraran en España a través de su territorio. No obstante, preguntaba Urbán si considera la Comisión que el Acuerdo entre España y Marruecos cumple los requisitos de la legislación europea.


Aplicación del acuerdo
En la respuesta, fechada este 9 de enero, Avramópulos explica que con arreglo a la Directiva relativa al retorno, los migrantes irregulares pueden ser devueltos a un país de tránsito en consonancia con un acuerdo o convenio de readmisión de la UE o bilateral, como el acuerdo que existe entre España y Marruecos. Eso sí, siempre y cuando, se garantice el pleno respeto de los derechos de los repatriados de conformidad con la legislación de la UE a la hora de aplicar tales acuerdos o convenios. En el caso del acuerdo de readmisión entre España y Marruecos, señala Avramópulos, no se incluye disposiciones incompatibles con el Derecho de la UE y es, en cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho internacional y de la UE. 


De conformidad con el artículo 4 del Código de fronteras Schengen, recuerda el comisario, los Estados miembros están obligados a actuar dentro del pleno respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Derecho internacional pertinente en materia de acceso a la protección internacional. Esto incluye la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y, en particular, el principio de no devolución (artículo 7 del Código de fronteras Schengen), que exige a la guardia de fronteras que respete plenamente la dignidad humana. Línea en la que la Unión Europea se manifestó contra las devoluciones en caliente en la frontera, pero que no se opone al acuerdo entre España y Marruecos para el retorno de inmigrantes una vez que estos son filiados tras pasar la frontera.


Urbán también recordaba en su pregunta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las devoluciones en caliente practicadas por España en la frontera con Marruecos son ilegales y violan el artículo 9 de la Directiva 2013/32/UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. Por ello, preguntaba, ¿qué medias plantea la Comisión sobre su modelo de políticas migratorias, particularmente en la frontera sur?


Seguimiento de las fronteras
Ante esto, Avramópulos traslada que la Comisión “ha tomado nota” de las críticas expresadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también supervisa la situación a través de sus propios mecanismos de seguimiento y evaluación. La última evaluación hasta la fecha es la evaluación de Schengen de España en materia de fronteras, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y abarcó las fronteras terrestres exteriores de Ceuta y Melilla. El 10 de octubre de 2018, la Comisión adoptó un informe, comunicado al Parlamento Europeo, según explica el comisario de Migraciones.

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