CC.OO. denuncia el incumplimiento grave de la Ley por parte de Justicia

El plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico vence hoy, 7 de julio, y CCOO denuncia el incumplimiento grave de la Ley por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a ninguna de las fiscalías.

Según las informaciones de CCOO solo 25 de los 113 partidos judiciales del territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia (Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla) tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la digitalización de los procesos judiciales.

En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, solo Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada para el 7 de julio utilizar el expediente judicial electrónico en todos los órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz; La Rioja, Aragón, Cataluña y Andalucía, lo harán solo parcialmente y en la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y Euskadi no se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital encontrándose en diferentes grados de implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos.

Ninguno de los 1166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de los medios tecnológicos necesarios. Salvo Cantabria y Navarra, ninguna de las otras 48 Audiencias Provinciales ni ninguno de los otros 15 Tribunales Superiores de Justicia (en Murcia solo parcialmente) se ha podido poner en marcha el expediente judicial electrónico; en cuanto a los órganos centrales gestionados también por el Ministerio de Justicia, solo los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional utilizan desde hace años el mal llamado “papel 0”, mientras que el resto de la Audiencia Nacional (Salas y Juzgados de las jurisdicción penal) y todas las salas del Tribunal Supremo quedan por ahora excluidos de la digitalización.

Para CCOO esta lamentable e ilegal situación (recordemos que la disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia estableció el 7 de julio de 2016 como fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico) se ha debido, además de a la desidia del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias, al empecinamiento del ministro de Justicia Rafael Catalá que ya, en la precampaña electoral de las elecciones del 20D anunció el “papel 0” en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones telemáticas entre juzgados y profesionales.