Ninguna interrupción del embarazo en cinco años, ¿se puede abortar en Ceuta?

El Ministerio de Igualdad notificó hace unas semanas que no ha habido ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años en Ceuta, ni en clínicas privadas, ni en la sanidad pública, pero, ¿se puede abortar en la ciudad autónoma?, ¿hay ceutíes que abortan?, ¿cómo puede cambiar el anteproyecto de ley del 17 de mayo la situación de esta ciudad?

No está todo el contenido que el Ministerio de Igualdad tenía previsto, pero la reforma de la ley del aborto ha salido del Consejo de Ministros después de seis días de debate entre ministerios con un cálculo aproximado de 104 millones de euros. Pero, ¿cuál es el contexto de esta ley del aborto en España? En 1985 ya se publicó la legalización en tres supuestos de la susodicha, ésta ha tenido tres reformas. En primer lugar, la despenalización total –hasta la semana 14 de embarazo en la ley de plazos de 2010-. En segundo lugar, el Partido Popular en 2015 limitó el derecho a mujeres con discapacidad y subía la edad a 18 años sin permiso paterno. Actualmente, con la tercera reforma, se recupera la edad desde los 16 años sin permiso -que incluía la norma de 2010 para determinados supuestos- y se implementa la salud menstrual.

Para conocer la situación en Ceuta, y aunque este sea solo un anteproyecto que tendrá que pasar por los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo del Estado, El Pueblo de Ceuta ha querido conocer diferentes perspectivas que incluyen a la abogada y diputada del PSOE de Ceuta, Cristina Pérez, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Ceuta, Carolina Gallego, y adolescentes ceutíes menores de edad, pero con capacidad para decidir sobre su embarazo con esta nueva reforma. –para citar a estas menores se van a utilizar nombres ficticios, además, cabe señalar que como una de las características de Ceuta, se ha contado con mujeres de distintas culturas-.

«Paliar la situación de Ceuta es una decisión de confianza, que la ceutí se vea respaldada»

Es necesario mencionar, que el seis de abril del presente año la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta publicó un anuncio de licitación para el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a pacientes derivadas, con un valor estimado del contrato de 217.000 euros por un plazo de ejecución de tres años. Como explicaban en el informe justificativo del contrato, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dispone que “se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, que “se practique por un médico especialista o bajo su dirección” y que “se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado”. Sin embargo, en Ceuta no se puede ofrecer este servicio porque todos los médicos de servicio de Ginecología y Obstetricia se han acogido a su derecho de objeción de conciencia. Hasta el momento, las ceutíes que ejercen su derecho al aborto se deben trasladar a una clínica en Algeciras.

Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público

Este nuevo anteproyecto del que estamos hablando trae consigo el derecho al aborto hasta la semana 14 de gestación, a partir de ahí –hasta la semana 21- podrá realizarse un aborto terapéutico: interrupción por causas médicas (malformación o peligro para la vida de la madre). La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, cuestión que cambiaría la situación de Ceuta. Aunque existen dos vertientes: el registro de objetores de conciencia tanto en lo público como en lo privado, para Pérez es importante que a priori “un profesional pueda practicarlo”, entiende como necesario que previamente “haya un registro en el que el profesional de la medicina se pueda inscribir para no realizar abortos, es un derecho constitucional que no vamos a discutir, pero sí queremos que se articulen los medios para que la ciudadana que lo necesite pueda acceder a ello”. Esto va ligado a la segunda vertiente de este epígrafe, con la nueva reforma se conseguiría afianzar equipos médicos por comunidades autónomas incluyendo un reparto geográfico adecuado, accesible y en número suficiente –cerca del domicilio-.

Según Carolina Gallego el derecho a la objeción es particular de cada individuo -enfermero-médico-farmacéutico.-“No existe la posibilidad de objeción de conciencia de un grupo o servicio, sólo puede alegarse de forma individualizada. Y me consta que este no es el problema de que no se realicen abortos en la sanidad pública, es un tema de organización que depende del Gerente y del Director territorial, una decisión sobre qué cartera de servicios hay o no en el HUCE”, agrega Gallego.

Además, según la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, “no tiene previsto el INGESA aumento de recursos humanos respecto al servicio de Ginecología y Obstetricia, ni a nivel de facultativos, ni a nivel de enfermería o matronas, así que....esta es la voluntad política del mismo gobierno que saca la ley a bombo y platillo como un logro nuevo para las mujeres, pero no pone medios para llevarlo a cabo. Lo que vulgarmente se llama, papel mojado...... o propaganda para un electorado que no conozca la verdadera situación.”.

«Se ha permitido más de lo que se debía, pero ninguna mujer debe ser objeto de acoso por parte de nadie»

Lo que cree Pérez que se tiene que luchar es que “ese hospital al que se te traslade sea público y garantice una asistencia, requisitos, y que garantice el plazo, que la salud de la mujer va a ser la prioridad. Son circunstancias físicas y psicológicas complicadas y que la mujer siempre esté atendida. Aquí el interés a proteger es el de la mujer”. Cristina Pérez: “Paliar la situación de Ceuta primero es una decisión de confianza, que la mujer ceutí se vea respaldada a la hora de dar ese paso, hablamos abiertamente y como algo que sucede porque tiene que suceder y es una situación traumática. Las ceutíes deben tener confianza en la sanidad de Ceuta para que se puedan contemplar los abortos como recoge el anteproyecto de ley”.

Carolina Gallego recalca que efectivamente, desde 2018 no se realiza ningún aborto voluntario en Ceuta en el sanidad pública, y es “porque no ha habido voluntad política por parte del gobierno socialista-podemos, dado que el INGESA de Ceuta (y su servicio de ginecología) depende del Ministerio de Sanidad, por tanto de unos ministros socialistas que no han tenido a bien dar las instrucciones y dotar de medios adecuados a nuestra área sanitaria para que se pueda abortar voluntariamente en Ceuta en el sistema público”. Gallego: “Desde 2018 tenemos un Director Territorial (que se dice a sí mismo socialista), y que fue elegido por la Delegada del Gobierno, de un gobierno socialista”.

“Si sus hijas estuvieran en esa situación, ¿qué harían?”

Abortar desde los 16 sin permiso ha suscitado mucha polémica en ciertas ideologías, frases como: “No puede comprar alcohol pero sí matar una vida”. La diputada explica que “La mujer es dueña de su cuerpo, yo le diría a esos señores que tanto necesitan ese consentimiento, si decide abortar una mujer con 16 y un día o 18 menso un día y sus padres no la autorizan, ella tiene que asumir tener un hijo que en ese momento no es -una persona es el que se mantiene con vida después de 24 horas de su nacimiento, eso lo dice el código civil del siglo 19-, ¿por qué tenemos que condenar a la mujer?”. Además, Pérez plantearía a esos comentarios retrógrados que “si sus hijas estuvieran en esa situación, ¿qué harían, le pagarían una clínica privada para que no se armara escándalo?”.

Como siempre, aboga por la igualdad y pide no banalizar, “estamos hablando de salud y un sistema de salud tiene que ser garantista con los derechos de sus pacientes”. Otra de las vertientes de este anteproyecto es la eliminación del permiso paterno para mujeres “con discapacidad”, pero Pérez especifica que “no son incapacitadas, un discapacitado parece que no puede decidir su vida, puede serlo hoy en día por un problema medular, pero sigue teniendo capacidad volitiva y puede decidir. No condenemos a las capas sociales medias y bajas y garanticemos, no excluyamos del sistema a los que no tenemos que excluir”.

«El aborto no se practica porque no ha habido voluntad política del Gobierno»

En Ceuta, si una mujer quiere abortar por lo público no lo tiene tan fácil como pagando dinero en una clínica privada de la Península. Realizan ecografías, esperan tres meses casi al límite de las 14 semanas y ofrecen los tres días de reflexión y el sobre con información de recursos, todo esto vulnera la capacidad de una mujer, y aunque el anteproyecto elimina los tres días de reflexión y el sobre informativo solo lo dan si lo solicitan, la actual ley sigue mermando nuestros derechos. Para la abogada “la externalización de determinados servicios provoca precariedad y desigualdad. Desigualdad porque la mujer es lo suficientemente responsable para saber a lo que va y los motivos, si tienes ese protocolo se tiene que aplicar en lo público y en lo privado.”.

En esto coincide Carolina Gallego, “la ley es igual en lo público que en lo privado”. Para la secretaria de CCOO, el poder abortar sin permiso a los 16 años es un “problema de seguridad jurídica para los trabajadores: el aborto es un procedimiento invasor y agresivo, que supone riesgo para la salud del paciente, y precisa consentimiento por escrito”. Gallego: “Si le pasa cualquier cosa a la menor de 16 años (no emancipada, o sea, bajo la patria potestad de sus padres), y el médico no ha informado a los padres (y según la nueva ley lo podría hacer), se ve expuesto a que, acogiéndose a esta legislación en vigor, los puedan denunciar por no haber informado en un caso de riesgo para la vida o salud del menor”. La nueva reforma pone al facultativo o sanitario que atienda a la mujer en una “cuerda floja jurídica, expuestos siempre a las denuncias de los padres, de quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor”, sentencia Gallego.

«¿Quién dice que el móvil no es un peligro y decirle a su hijo que utilice preservativos sí lo es?»

La Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal “para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo” entró en vigor el 14 de abril de este año. A propuesta del PSOE, esta Ley establece penas de prisión de tres meses a un año o trabajos a la comunidad de 31 a 80 días para quienes “coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Pérez: “¿Tan incapaces nos consideran a las mujeres para que necesitemos tres días para decidir si abortamos o no? ¿Tan disminuidas ven nuestra capacidad? Una chica que va a abortar lo tiene claro, creo que eso es un menosprecio a las mujeres”.

En cuanto al famoso sobre con información que se ha eliminado, la abogada considera que “una mujer que decide eso ya ha barajado si le va a faltar leche o si su pareja va a responder, lo ha valorado todo, y cuando cree que no es posible ninguna de esas vías decide abortar, la mujer tiene capacidad para pedirlo”: Además, le parece un “acoso”, son situaciones muy vulnerables, “ya está bien, se ha permitido más de lo que se debía, pero ninguna mujer debe ser objeto de acoso por parte de nadie, porque las acosaban”.

“Les encanta magnificar y decir que no puede ir a trabajar con la menstruación”

Otro de los epígrafes más polémicos desde la filtración del borrador de este anteproyecto fue la salud menstrual que se recoge en la ley. Se establece, según informó Irene Montero, la salud menstrual como derecho fundamental de la salud. Además, para las reglas que no permiten hacer vida normal, se dará baja incapacitante pagada por la Seguridad Social sin tiempo mínimo cotizado. Otro de los puntos era la gratuidad o reducción de IVA de los productos de higiene femenina que definitivamente no han salido adelante, aunque sí lo serán, al menos, en centros educativos, los centros que ofrecen Servicios Sociales para mujeres en riesgo de exclusión social y prisiones; además de ser más respetuosos y ecológicos. Sobre esto, Cristina Pérez: “Entiendo que cuando no hay proyectos como en los partidos de la derecha y extrema derecha les encante magnificar y decir que no puede ir a trabajar con la menstruación. Se está hablando de incapacitante, si no es así irá a trabajar, si está con unos dolores que no puede moverse, hemorragias, etc., evidentemente no puede trabajar. Pero ahora también pasa, si estoy en cama con dolores horrorosos, llamo al médico voy y te dan una incapacidad temporal”.

Para la diputada socialista la mujer es suficientemente responsable, lleva una casa y le cuesta conciliar la vida laboral y familiar, y “una mujer que no esté impedida va a ir a trabajar como ha ocurrido siempre, pero si hay momentos en que su dolor y circunstancias de salud le impiden acudir a su puesto, mejor que esté regulado y todos puedan acceder a una baja médica”. Además, todo avance que suponga una gratuidad de estos productos, “bienvenido sea”, aunque resalta que a lo mejor “no ha habido tiempo suficiente para regular esa circunstancia. Debemos ir viendo la evolución de la nueva norma que en determinados supuestos va a ser gratuito, y a partir de ahí será modificar. Desconozco el dato y motivo concreto, pero tiene que ser uno de los objetivos y fines del PSOE para que a una mujer no le suponga una merma en sus escasos ingresos a veces”.

Salud reproductiva, salud sexual y educación

Este anteproyecto de ley especifica que la mujer tiene la decisión sobre cualquier tratamiento invasivo durante el parto siempre y cuando no corra en riesgo la vida. Carolina Gallego especifica que respecto al derecho de decisión, ya estaba recogido en la Ley 41/2002: Artículo 2. Además, “no consumirá ningún día del permiso de maternidad”, esto se refiere al permiso que se concede para dar a luz, que se fija en la semana 39, no en la 36 como adelantaba el borrador. Para Pérez lo importante es que no reste de la baja maternal, “serán ajustes de seguridad social, lo importante es que la madre y el padre puedan estar con sus niños el máximo tiempo posible”. Según detalla, se daban circunstancias en que embarazos se veían casi a término, se hacía pesado y las imposibilitaba, “tenían que coger baja maternal y restaba de esas semanas, eso no se puede permitir. La baja maternal que empiece cuando nace el niño o la niña y lo anterior que sea una baja incapacitante porque no puedes acudir a tu puesto de trabajo”, sentencia.

Como socialista, Cristina Pérez agrega que todo lo que sea formación es una “fuente de evitar problemas”. Los alumnos de un centro educativo que saben y conocen, seguramente “no se va a ver obligada a abortar, porque va a hacer un planificación familiar, tengo edad de estudiar y no tener un hijo, hablará con su pareja de utilizar un método anticonceptivo, etc.”. Asimismo, se promueven con esta ley los anticonceptivos masculinos, liberándonos así a las mujeres de toda responsabilidad. A la diputada le parece interesante porque es “hora que los hombres asuman responsabilidades”. Pérez: “Me parece bien e interesante la educación sexual en institutos, esos chicos y chicas son las mujeres del futuro, van a tener un conocimiento individual. Quitemos esos tabúes, les damos un móvil desde que nacen y le ponemos a Peppa Pig para que no nos molesten, ¿quién dice que el móvil no es un peligro y decirle a su hijo que utilice preservativos sí lo es? Hay que informar y el hombre tiene que ser cada vez más responsable de las relaciones que se mantienen.”.

“Se juega con los más vulnerables de esta sociedad, con quien no puede tener una vida digna”

Por último, aunque la ley es extensa y existen muchos puntos que tratar, se ha querido hablar sobre los vientres de alquiler, que se consideran como forma de violencia contra la mujer y se prohíbe la publicidad en agencias de este tipo de servicios. Además, se sancionará a los medios de comunicación que lo publiciten. Aunque es una modificación, sigue sin ser delito, porque no está recogido en el Código Penal. Pérez entiende “que es un atentado contra la mujer, pero habría que buscar alternativas a esas personas que quieren tener un bebe y no pueden porque su naturaleza se los impide”. Asimismo, explica que en estos supuestos se juega con los “más vulnerables de esta sociedad, con quien no puede tener una vida digna. Sin dejar de creer que es un tema de violencia contra la mujer me gusta ser respetuosa con quien requiere y presta este servicio. Existe una necesidad de ser madre para algunas mujeres, pero quien decide ser madre y no puede no es fácil”.

Sara (Adolescente de 17 años)

< El aborto es un tema que “hay que tomarlo con bastante seriedad, porque hay que ser bastante responsable para tomar una decisión así”, explica Sara, para ella lo “correcto” es que “no estuviera permitido que los menores abortasen sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, ya que es algo bastante peligroso”.

Claro que puede pasar cualquier “error, accidente o por ejemplo alguna violación, y en este último caso los padres también estarían de acuerdo con ella, y siendo el caso que fuese mayor de edad, con más razón fuese el motivo que fuese, que decidiese ella misma, ya que a cierta edad, ya son más autónomas las personas”, prosigue. Aunque para esta joven es importante “siempre pensar las cosas antes de hacer cualquier cosa, porque a día de hoy existen muchas precauciones y alternativas para poder evitar que ocurra algo así”.

Sara: “En cuanto a mi religión que es el islam, está prohibido el aborto, excepto en casos extremos , yo siendo musulmana no lo haría, y si fuese por mis padres, tampoco me dejarían, pero respeto las decisiones de todo el mundo”.

Paula (Adolescente de 17 años)

< Sobre qué opinión le merece la reforma que vuelve a situar la edad del aborto sin permiso paterno en 16 años, Paula explica que le parece “muy bien”. “Si ha tenido un imprevisto como violaciones, es normal que quiera abortar, de hecho debería poder hacerlo”, continúa. Sobre si abortaría en caso de quedar embarazada, contesta que “sí, con 16 años sí”. Paula: “Me puede quitar mucha vida y posibilidades de hacer cosas”. Además, “no matas a un bebé, no hay bebé”. También apunta que los comentarios que escucha “los dicen sin saber si el bebé tendría una buena vida”.

María (Adolescente de 16 años)

< “Hay padres que por su cultura no te dejan abortar”, para María es importante esa decisión, porque “hay padres que no están ahí para apoyarte, y te ves teniendo que tener un niño que no puedes cuidar porque tus padres son religiosos”. María explica que con su edad, “no es normal tener un bebé”. Asimismo, María opina que un bebé “te arruina la vida” a esa edad. María: “Mejor que no nazca a que nazca en malas condiciones”. Además, en su caso sus padres “no” la apoyarían “porque son creyentes que sí es una vida”, argumenta la menor de 16 años.

Fatima (Adolescente de 16 años)

< “Es mi cuerpo y yo decido”, así comenzaba su intervención Fatima, que con solo 16 años está segura que no quiere ser madre a esa edad, abortaría y sus padres “la apoyarían”. Además, en caso de quedar embarazada teniendo pareja se lo comentaría, pero no dejaría que decidiese por ella. Fatima: “Todo el mundo puede abortar y puede tener derechos, es una decisión propia, es una vida que no sabes cómo vas a mantener con esta edad. En mi casa es como en cualquier otra, he hablado con ellos en casa sobre el aborto y me apoyan”.