Crece la inquietud entre el profesorado de Ceuta por la polémica entre Gobierno y MUFACE

La inquietud crece por momentos en los pasillos de los colegios públicos de Ceuta entre profesores que ven peligrar un modelo de asistencia sanitaria-en muchos casos privada- al que tienen derecho desde hace décadas. La polémica entre el Gobierno y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) lleva meses en el candelero político después de una licitación desierta y el amago de entidades como Asisa, DKV y Adeslas de frenar su aportación debido a unas supuestas pérdidas millonarias que no suplen desde el Ejecutivo Central con sus licitaciones. En la ciudad autónoma los perjudicados serían miles de docentes a los que la simple idea de tener que recurrir por obligación a la Seguridad Social para acudir al hospital les da vértigo tras analizar la situación deficiente en materia de sanidad que se sufre desde hace décadas en este enclave español.

“Está todo el mundo súper preocupado. Todos mis compañeros de este instituto y de otros estamos hablando del tema”, subraya una profesora del IES Abyla que prefiere no dar su nombre. El argumento de la docente, como de otras con las que conversó este diario, se basa en dos temas principales: los problemas crónicos de la sanidad pública en Ceuta y los inconvenientes que sufrirían en caso de desaparecer MUFACE no solo ellos, también sus familias.

“La sanidad pública está fatal en Ceuta. Muy mal. Está colapsada y nosotros no queremos depender de la Seguridad Social aquí. Es verdad que la privada no está especialmente bien, pero por lo menos no tenemos que esperar listas interminables. Además, siempre nos queda poder desplazarnos a la península para poder consultar con un especialista”, razona la profesora del centro público.

MUFACE lleva desde 1975 gestionando el “mutualismo administrativo”, una suerte de modelo de asistencia sanitaria pública que se presta en colaboración con aseguradoras y se brinda a través de colaboradores privados. Los datos oficiales plasman lo importante que es este organismo en España: de 770.000 funcionarios, 424.000 eligieron -porque tienen opción- la sanidad privada. El director provincial de la entidad en Ceuta, Aldo José Fernández, no quiso dar declaraciones a este medio.

Solo en Ceuta, ciudad conocida por su alto número de funcionarios -en 2023 el Instituto Nacional de Estadística (INE) los cifraba en 9.400-, hay 4.845 personas -gran parte de ellas docentes- que actualmente se benefician del modelo asistencial de MUFACE. Profesores y sindicatos con los que contactó este diario no se quieren ni imaginar lo que supondría que todos recayeran en el sistema público de salud de la ciudad autónoma, tildado como “el peor de toda Europa”, según la propia UE.

Para el presidente de la Junta de Personal Docente de Ceuta, Paco Lobato, la “inquietud” entre el profesorado es evidente ya que “un trozo grande” de los perjudicados tienen que ver directamente con el área de Educación. “Llevamos muchísimos años con este régimen”, explica.

Lobato hace un análisis de la situación y aprecia ciertos conflictos que ya se han dado en el pasado cada vez que hay que renovar un concierto. Ese tira y afloja entre Estado y compañías de seguro no sorprende al presidente de la Junta de Personal Docente, pero sí añade una circunstancia nueva que le parece relevante y que ha marcado el debate político las últimas semanas.

“Hay algo que no ha ocurrido nunca. El Ministerio de Sanidad, que además no tiene competencias en este aspecto -recaen sobre Función Pública-, por una cuestión de lucha ideológica o partidista entre PSOE y Sumar, andan ahí tirándose los trastos a la cabeza y utilizándonos a nosotros en medio de esa pelea”, expresa.

Lobato se refiere a las declaraciones de hace unos días de la ministra de Sanidad, Mónica García (SUMAR), en las que elogió el sistema de salud público de España y recalcó que estaba preparado para absorber a esas decenas de miles de funcionarios que actualmente acuden a los centros sanitarios privados. El debate lo puso sobre la mesa y desencadenó en una polémica entre socios de gobierno y sindicatos.

Coincide Lobato con sindicatos y profesores en que la peculiaridad de Ceuta agravaría las deficiencias de un sistema de salud ya de por sí en colapso, aunque se muestra optimista. “Existe inquietud entre el colectivo, pero también esperanza de que se pueda resolver”, concluye.

Un 60% profesores

La situación preocupa “y mucho” a la presidenta de ANPE Ceuta, Remedios Acosta. El sindicato que representa, uno de los mayoritarios en el ámbito de la enseñanza pública en España, aún no se ha pronunciado a viva voz como, por ejemplo, CSIF, pero critica de alguna forma a ambos lados de la barrera: tanto al Estado como a Muface.

“De todos los funcionarios que se verían perjudicados casi un 60% son de la enseñanza. Nosotros echamos mucho en falta transparencia tanto por parte del Gobierno como de la propia mutualidad en este proceso. Tiene que haber una comunicación más fluida entre ellos”, remarca.

La exigencia principal para Acosta es que el Gobierno “priorice” una nueva licitación que garantice que MUFACE preste una “cobertura de calidad”. “Es importante que no se vean los servicios mermados”, puntualiza. La presidenta de ANPE asegura que Ceuta y Melilla serían de las zonas más afectadas, pero insiste en que conserva la esperanza de que el Ejecutivo Central “reaccione”.

“Los profesores estamos muy preocupados. Constantemente están preguntando. Yo también estoy preocupada. Lo que queremos es que se solucione pronto”, concluye.

Una maestra de un centro público de Ceuta que prefiere no identificarse corrobora las palabras de Acosta. “Pretenden incorporarnos a los mutualistas a la asistencia sanitaria del INGESA. Teniendo en cuenta el elevado número de funcionarios que hay en la ciudad nos parece imposible que se nos garantice una asistencia de calidad. Claro que en caso de que no se ofrezcan respuestas llevaremos a cabo manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública”, advierte.

Riesgo de movilizaciones

Los rumores sobre posibles movilizaciones en caso de que la situación no se resuelva fluyen de boca en boca entre sindicatos, pero el que ha realizado el anuncio de forma clara y contundente ha sido hasta el momento CSIF, que ha fijado una fecha para las protestas: 16 de diciembre a las puertas de todas las delegaciones del Gobierno en España.

“Nosotros tenemos clara nuestra posición: no vamos a permitir que MUFACE muera. Esto es un modelo asistencial que forma parte de las condiciones laborales de los funcionarios desde el momento en el que ganan la oposición”, explica tajante Juan Iglesias, presidente de CSIF en Ceuta. En su línea se mantiene Estefanía Lara, representante del mismo sindicato, pero en materia educativa, en la ciudad autónoma.

“Somos los únicos que nos estamos pronunciando y los que estamos defendiendo a la mutua desde el minuto cero. Esto afectaría no solo a los profesores de Ceuta, también a muchos funcionarios de la Administración General del Estado. Desde el sector de Educación no descartamos movilizaciones si esto no se resuelve”, advierte Lara.

Después del ‘plantón’ de las aseguradoras al Gobierno en el último concurso, Iglesias espera que las reuniones y las cuentas que el Estado ha pedido a las compañías para justificar subidas propicien ese tan esperado nuevo pliego de licitación. “Creemos que reinará la cordura, que escuchen y que ofrezcan algo atractivo”, zanja.

Los profesores de los colegios públicos de Ceuta y los sindicatos de Educación esperan con una ansiedad aparente una solución rápida antes de que finalice el año. Las aseguradoras piden una subida que sería histórica y el Gobierno pone trabas en un asunto ya politizado mientras se guarda el as en la manga de prorrogar por nueve meses el contrato vigente con MUFACE mientras se negocia. Las dudas se disiparán en enero.

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