La sentencia del juicio de Emvicesa podría conocerse antes de Navidad

De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por El Pueblo de Ceuta, la sentencia de la macrocausa del ‘caso Emvicesa’ podría conocerse antes de la suspensión del ejercicio judicial del año 2024 en la ciudad, que tendrá lugar el 20 de diciembre. De esta manera, quedaría en manos de la Audiencia Provincial establecer el tiempo para la presentación de los posibles recursos, bien contando los días hábiles o los naturales, ya que en el caso de fechas vacacionales señaladas y en verano, la justicia solo presta servicio en causas de alto interés público o en juicios que impliquen a personas privadas de libertad.

El juicio, que tuvo lugar en la sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta y que se prolongó durante el último trimestre de 2023, fue uno de los mayores procedimientos jurídicos contra la corrupción en la historia de la ciudad.

El ‘caso Emvicesa’ tiene sus raíces en un escándalo destapado en 2015, cuando El Pueblo de Ceuta publicó la denominada “lista fantasma" con 317 supuestos adjudicatarios de viviendas de protección oficial (VPO) en la barriada de Loma Colmenar. Estos inmuebles, financiados con fondos de la Administración General del Estado, estaban destinados a personas de bajos recursos a través de un proceso de adjudicación gestionado por la empresa pública.

La revelación de la lista provocó una investigación que culminó en la acusación de 54 personas, incluidos funcionarios, políticos y empleados de Emvicesa. Entre los principales implicados se encuentra Antonio López, gerente de la empresa entonces y exviceconsejero de Vivienda, quien fue acusado de liderar una trama de adjudicación irregular a cambio de sobornos con la complicidad de intermediarios.

Según la fiscalía, López utilizó a estos intermediarios, que contactaron con posibles compradores que pagaban un dinero en ‘b’, no recibían resguardo alguno y se garantizaban salir en una futura lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar. De acuerdo con el Ministerio Público, López blanqueaba el dinero conseguido por medio de la compraventa de otros inmuebles.

La investigación, apoyada por intervenciones telefónicas y seguimientos realizados por parte de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO), desveló cómo supuestamente López y sus colaboradores manipularon las listas de adjudicatarios, asegurando la entrega de viviendas a cambio de pagos ilegales. El operativo policial reveló también una estructura delictiva con distintos roles entre los detenidos, desde López como presunto cabecilla de la trama hasta sus colaboradores.

La fiscalía pidió inicialmente alrededor de 300 años de prisión para las 54 personas implicadas, si bien en sus conclusiones redujo la pena para López significativamente, de los 26 años de cárcel solicitados al principio a 13 años de prisión.

Otros acusados, como la exconsejera de Fomento Susana Román, el expolítico de Caballas Mohamed Ali o la exconsejera de Asuntos Sociales Rabea Mohamed también enfrentan cargos por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, pero igualmente vieron rebajadas sus penas al final del macrojuicio.

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