“La salud de los empleados públicos no puede convertirse en moneda de cambio”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación por la crisis que atraviesa la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), afectando a miles de empleados públicos y sus familias. Juan Iglesias, presidente autonómico de CSIF en Ceuta, ha detallado los desafíos que enfrenta este sistema de cobertura sanitaria, cuya renovación del convenio con aseguradoras sigue en el aire.

Pregunta.- ¿Que opina CSIF sobre la crisis generada por la situación de MUFACE?

Respuesta.- En primer lugar, aclarar que Muface es un organismo público autónomo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. No depende del Ministerio de Sanidad. Todas las personas adscritas a esta mutua son funcionarios, tanto en activo como jubilados, y familiares beneficiarios. Su origen se remonta a la reforma de la Seguridad Social en 1975, cuando se creó la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. A Muface pertenecen todos los cuerpos docentes (que representan el 65%) y funcionarios de la Administración General del Estado.

Muface, junto con las otras dos mutualidades de menor tamaño, Isfas y Mugeju, pactan cada dos o tres años –dependiendo de la licitación- unas condiciones económicas con aseguradoras de salud para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por alguna de las tres aseguradoras que actualmente prestan servicio en Muface (Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV). Actualmente, el 70% de los mutualistas escoge la segunda opción. El pasado 8 de octubre, el Gobierno debería haber aprobado las condiciones definitivas del próximo convenio, pero Muface, el Gobierno y las aseguradoras no han llegado a un acuerdo económico al respecto. Las aseguradoras aducen que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio. El presente convenio finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Para prestar este servicio, la Secretaría de Estado de la Función Pública cada dos o tres años abre un concurso al que se pueden presentar las aseguradoras de salud. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. Según los últimos datos del concierto en vigor de Muface, el gasto medio por beneficiario fue de 1.138 euros en 2023. Sin embargo, el coste por ciudadano en el sistema público fue de 1.927 euros, según consta en el informe del Ministerio de Sanidad de 2022.

El gran problema de la renovación del convenio es estrictamente económico es un sistema infrafinanciado, en el último concierto, que se estableció para un periodo de tres años —2022, 2023 y 2024— solo hubo tres compañías de seguros que decidieron participar: Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV. Aunque ahora son solo tres, en convenios anteriores participaron otras aseguradoras, como Sanitas, Caser o el Igualatorio de Cantabria, pero decidieron no optar a nuevas licitaciones al considerar que les generaba muchas pérdidas.

La Dirección General de Muface realizó una primera oferta de una subida de un 24%. A continuación, el Gobierno rebajó esta cantidad a un 14% (13,5% en el primer año más un 0,5% en el segundo año), lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Tras las críticas recibidas por el escaso presupuesto, el Ejecutivo subió este porcentaje al 17%. La licitación se quedó desierta. Para Adeslas, Asisa y DKV esta subida es insuficiente porque los llevaría a perder mucho dinero cada año.

El Gobierno para la elaboración de una nueva licitación procedió a convocar una consulta preliminar de mercado y, atendiendo a las aportaciones de las aseguradoras; en la nueva licitación incorporo una novedad al concierto, pasando de una prima lineal a una incremental, en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes, por tanto no hay un incremento de la prima de promedio sino que según los tramos de edad en unos aumenta y en otros disminuye.

La nueva licitación recoge una subida del 33% a tres años, y el plazo para participar se acaba a 15 de enero de 2025, y ya tenemos conocimiento de que tanto Adeslas como DKV no van a participar en la misma púes aseguran que a pesar de esta nueva oferta tendrían grandes pérdidas, 250 millones en los tres años del nuevo concierto es lo que cuantifica Adeslas la pérdida que tendría, desconocemos lo que va a hacer Asisa; y lo que va a pasar.

Desde CSIF consideramos que el gobierno saco la licitación muy tarde, y es el responsable de la incertidumbre e intranquilidad generada, le exigimos que haga público lo que dijeron las aseguradoras, debemos de conocer lo que han planteado las compañías de forma razonada.

Si ha existido alguna reunión con las distintas empresas susceptibles de participar en esta nueva licitación, más allá de la consulta pública de mercado, y el resultado de la misma.

P.- ¿Que consecuencias directas prevé que tendrá esta situación para los miles de mutualistas afectados en Ceuta?

R.- Estamos inmersos en una crisis que afecta no solo a los empleados públicos, sino al conjunto de la sociedad, como usuarios de la sanidad pública.

Sin embargo, son los empleados públicos los que están sufriendo desde ya las consecuencias de esta crisis. En CSIF hemos asumido la labor de portavoz de nuestros representados, y como tal, hemos estado recopilando cientos de emails con casos reales, de mutualistas a los que se les están negando pruebas, tratamientos incluso aplazando intervenciones quirúrgicas y que no cumplen con los criterios para sacarse un seguro privado. Y hemos trasladado esas quejas al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios.

Lo que hemos exigido al Gobierno es que resuelva las situaciones de desatención que han sufrido centenares de mutualistas y sus familiares (aplazamiento de citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas) y que exijan responsabilidades a las compañías aseguradoras que prestan el servicio. Y, Muface ha alentado a los mutualistas a trasladar sus quejas por las situaciones de desatención tras nuestro requerimiento.

Tenemos a más de 1,5 millones de personas sin saber qué sucederá con su atención sanitaria más allá de enero, en una situación de desinformación y desamparo, preguntándose: Si tengo una patología que requiere un seguimiento, ¿A quién debo acudir? Si acudo a mi médico y me da cita más allá de enero, ¿Voy a poder acudir a esa cita?

Por nuestra parte, somos los únicos que hemos asumido desde el minuto cero la responsabilidad de salir a la calle en nombre de todos los afectados para oponernos frontalmente a utilizar la salud de los empleados públicos como moneda de cambio, pues no puede responder a intereses económicos ni políticos.

Ceuta no es una excepción, sino que aquí el problema es más grave pues proporcionalmente tanto en Melilla como en Ceuta es donde más mutualistas hay, así como en el grupo de edad de mayores de 65 años donde también son mayoría en nuestra ciudad.

P.- Ante la posible falta de servicio, ¿Qué alternativas consideran que deben de implementarse para garantizar la atención sanitaria de los mutualistas?

R.- Después de la última reunión del Consejo General de Muface en la que se nos trasladó que el Gobierno tiene previsto dictar una orden de continuidad de la asistencia sanitaria para el mes de febrero, abonando a las empresas aseguradoras las cantidades previstas en la nueva licitación ( un 19’5% este 2025 del 33% total), y confiando en la renovación del concierto a partir del mes de marzo; y a tenor de las últimas noticias se empeñan en contradecir la tranquilidad que pretende transmitir el Gobierno, provocando exactamente todo lo contrario.

Queremos conocer que prorroga van a realizar durante la licitación, pues la misma parece no ajustarse a las condiciones marcadas en la Ley de contratación pública en su artículo 29.4 (tres meses de antelación al nuevo contrato), que establece 9 meses más de servicio.

Asisa no ha puesto pegas a la ampliación del convenio actual, pero Adeslas y DKV sí, han presentado alegaciones (que no se han tenido en cuenta por la Administración) durante el periodo de audiencia durante la elaboración de la prórroga, la resolución indica expresamente que se pone fin a la vía administrativa, pudiendo las compañías interponer recurso contencioso-administrativo.

Exigimos claridad en esta cuestión en lugar de hacer referencia a una tranquilidad que no existe.

Muface ha remitido un correo a los mutualistas en el que recoge que permitirá en enero que aquellas personas que decidan voluntariamente pasar de la cobertura pública-concertada a la asistencia de las comunidades autónomas (INGESA en nuestro caso) que puedan solicitar su cambio del 1 al 31 de dicho mes. Y que las personas que decidan seguir teniendo cobertura sanitaria mediante las aseguradoras, podrán desarrollar su opción de cambio, entre las diferentes compañías que participen en el concierto (hasta de ahora nadie ha confirmado participación alguna), cuando este se hubiera firmado y se conozcan las diferentes opciones de las que disponen.

Asimismo, Muface ha querido permitir, a aquellas personas que hubieran decidido en enero pasarse a la asistencia sanitaria de sus comunidades autónomas, que en este segundo momento coyuntural puedan revertir su opción sanitaria, puesto que ha podido ser producida por la incertidumbre y desatención sanitaria que rodea el concierto en los últimos meses.

En CSIF creemos que el correo remitido por Muface, debería de haberse realizado con una mayor claridad y transparencia, teniendo en cuenta el momento convulso en el que nos encontramos generado por tanta incertidumbre.

P.- ¿Como valora la gestión del Gobierno de la Nación respecto a este problema? ¿Ha habido falta de previsión o comunicación?

R.- La consecuencia de la inacción del Gobierno en este tema ha traído como resultado esta situación, eran conocedores de la infrafinanciación del servicio, de la fecha de finalización del concierto, la tardanza con la que han procedido a licitar nos ha colocado a todos en esta situación de desasosiego.

Recordemos que la Dirección General de Muface realizó una primera oferta de una subida de un 24%. A continuación, el Gobierno rebajó esta cantidad a un 14% (13,5% en el primer año más un 0,5% en el segundo año), lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Tras las críticas recibidas por el escaso presupuesto, el Ejecutivo subió este porcentaje al 17%. La licitación se quedó desierta. Para Adeslas, Asisa y DKV esta subida es insuficiente porque los llevaría a perder mucho dinero cada año.

Finalmente, después de que CSIF sacará a la calle, el sábado 14 de diciembre en Madrid a decenas de miles de funcionarios para pedir la continuidad del modelo, el Gobierno, el martes 17 hubiera presentado una nueva oferta de licitación para renovar el concierto de Muface, duplicando la inversión como pedíamos, esperábamos que hubiera un acuerdo con las aseguradoras que permitiera garantizar la asistencia sanitaria y la continuidad del modelo.

Las últimas noticias no permiten el optimismo, las aseguradoras que se han manifestado han anunciado que no acudirán a esa nueva licitación les acarrearía cuantiosas pérdidas, y el plazo finaliza en apenas dos semanas. Exigimos respuestas, saber lo que dijeron las aseguradoras, debemos de conocer lo que han planteado las compañías de forma razonada.

Por nuestra parte continuaremos vigilantes y mantenemos las medidas de presión hasta que se ofrezca a nuestros mutualistas la atención que merecen.

P.- ¿Que medidas piensa adoptar CSIF para defender los derechos de los mutualistas en esta situación?

R.- En CSIF llevamos defendiendo los derechos de los mutualistas desde siempre nunca nos hemos cruzado de brazos, ahí está la hemeroteca, ya en el año 2014 llevamos la defensa del mutualismo administrativo a las instituciones europeas, algo que hemos vuelto a hacer recientemente pero también nos hemos concentrado delante de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de toda España en su defensa los días 11 de noviembre y 16 de diciembre, realizamos una gran concentración delante de la sede de Muface en Madrid con más de 35.000 personas en defensa del mutualismo administrativo.

CSIF ha presentado ante el Defensor del Pueblo y en el Congreso de los Diputados centenares de quejas de mutualistas de Muface que han sufrido desatención y que hemos recibido en el correo que habilitamos para recogerlas, defendiendo su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas. Solicitando también a los grupos parlamentarios que sean conscientes de la situación para que presenten iniciativas parlamentarias en defensa del mantenimiento de Muface.

Igualmente hemos solicitado a todos los presidentes de las CC. AA, a todos los consejeros de Sanidad y a los portavoces de los respectivos grupos parlamentarios de todas las Asambleas Autonómicas la promoción de iniciativas parlamentarias, o un pronunciamiento en el sentido de oponerse a la desaparición del mutualismo administrativo e insten al Gobierno Central para que asegure la dotación presupuestaria que permita y garantice el sostenimiento y la viabilidad económica del mutualismo.

Desde el sindicato, nuestro presidente nacional, Miguel Borra, en una carta remitida este mismo lunes al Palacio de la Moncloa, y le indica que tras conocer la renuncia de las compañías aseguradoras a participar en la primera licitación, desde CSIF nos dirigimos al ministro Oscar López para trasladarle nuestra preocupación y solicitándole una reunión urgente para conocer la voluntad del Gobierno sobre la continuidad de la prestación asistencial del conjunto de mutualistas y beneficiarios afectados, sin que hasta el día de la fecha hubiéramos tenido contestación alguna por parte del citado Ministerio.

En la carta hacemos referencia a la situación de incertidumbre, inseguridad y preocupación que impera entre los afectados, considerando que esto es consecuencia, cuando menos, de una ineficaz gestión por parte del Gobierno para sacar adelante un nuevo concierto.

Por todo ello le solicitamos en su condición de Presidente del Gobierno que dé las indicaciones oportunas al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para que sin demora convoque a CSIF en su condición de sindicato más representativo e integrante del Consejo General de Muface, y nos informe personalmente de las medidas que se van a llevar a efecto para garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas y beneficiarios afectados, al tiempo que exigimos que en dicha reunión se nos dé traslado de los informes remitidos por las entidades medicas sobre el impacto del concierto, así como del informe pendiente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

P.- ¿Cree que sería posible establecer acuerdos con clínicas privadas o instituciones locales para paliar los efectos del vacío que dejará MUFACE?

R.- Las colaboraciones con aseguradoras privadas por las distintas Comunidades Autónomas ante el aumento de las listas de espera y el tensionamiento de los diferentes sistemas nacionales de salud con la consiguiente disminución de la calidad del servicio que perjudica a todos sería una posibilidad, pero no contemplamos ese escenario porque la desaparición del mutualismo sería un sinsentido del que nadie saldría beneficiado, y un fracaso mayúsculo de gestión por parte del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital así como del Gobierno en su totalidad.

P.- ¿Que exigencias concretas plantea CSIF tanto a MUFACE como al Gobierno de la Nación para resolver este conflicto?

R.- El mutualismo administrativo no puede desaparecer, nuestras exigencias pasaban por que el Gobierno sacara una nueva licitación urgente para asegurar su continuidad y transmitir tranquilidad a todos los afectados, la misma ya está en marcha, el plazo para que las aseguradoras presenten sus ofertas finaliza el 15 de enero, será para un periodo de tres años, con una nueva fórmula de cálculo de la prima, donde se pasa de un incremento lineal a un incremento en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad y menos por los más jóvenes y las previsiones del Gobierno son que en el mes de abril comenzará a aplicarse, por lo que el actual concierto quedará prorrogado por tres mes más.

Hasta de ahora no hay aseguradoras que hayan confirmado su participación en la nueva licitación, el fin del plazo esta cerca.

Como le indicaba antes exigimos conocer el contenido de los informes de las compañías aseguradoras, si además de las consultas preliminares se han tenido contactos con otras aseguradoras, y el informe pendiente de la Airef.

Reclamamos una reunión urgente al más alto nivel.

El mutualismo es un modelo que funciona, y este modelo sanitario público, prestado a través de la colaboración con aseguradoras privadas no solo debe de continuar, sino que desde el Gobierno se debe de garantizar la viabilidad económica del mismo, fortaleciéndole, mejorándole.

P.- ¿Que mensaje les enviaría a los mutualistas preocupados por esta situación? ¿Cómo puede CSIF apoyarlos en este contexto?

R.- Con el escenario actual, transmitir tranquilidad es complicado, confiamos en que finalmente imperará el sentido común. Ni los sistemas nacionales de salud están preparados para asumir este vuelco que vendría a incrementar más aún las listas de espera, ni supondría un ahorro económico, por no mencionar la destrucción de empleo. Desde CSIF hemos hecho nuestro trabajo, Muface a instancia nuestra invito a todos los mutualistas que hayan sufrido situaciones de desatención para que trasladen sus quejas a la mutualidad, y continuaremos vigilantes para que el proceso se cierre de forma satisfactoria para todo el conjunto de mutualistas.

P.- ¿Que mejoras estructurales considera que debería acometer MUFACE para garantizar la sostenibilidad del servicio en Ceuta?

R.- En Ceuta, Muface funciona de forma satisfactoria, somos la novena autonomía que se une al sistema de receta electrónica de los mutualistas con opción concertada y al de la opción publica de los mutualistas en Ceuta se implementó en 2022.

Las mejoras necesarias son en los conciertos y pasan ineludiblemente por una financiación adecuada, hace falta más dinero, para que las aseguradoras den una cobertura que garantice la calidad de la asistencia al mutualista y una apuesta decidida por el modelo, eso posibilitaría que más empresas aseguradoras participarán en las licitaciones e incluso que algunas de ellas se implantarán en la Ciudad mejorando lo que tenemos actualmente, incluso prestando servicios que posibiliten conciertos con la sanidad pública que ayuden a aliviar y reducir las listas de espera.

P.- ¿Esta CSIF en contacto con otros sindicatos u organizaciones para coordinar una respuesta conjunta a este problema?

R.- La defensa que CSIF hace del mutualismo es de siempre, desde el año 2010 de manera solitaria hemos venido denunciando los diferentes intentos de acabar con el mutualismo administrativo desde varios puntos de ataque políticos aduciendo la manida palabra “privilegio”. CSIF defiende mejorar a todos los colectivos y en ningún caso empeorar a todos, como parecen indicar algunos planteamientos de otras organizaciones.

Desde el minuto uno nos movilizamos, nadie nos dicta consignas, no tenemos ningún posicionamiento ideológico, somos independientes, así que marcamos nuestra hoja de ruta con las diferentes movilizaciones y a ella se sumaron respaldándola el sindicato justicia policial, JUPOL, y la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, era necesaria una respuesta rápida, clara y contundente, no podíamos ponernos de perfil a ver que sucede.

En Andalucía nos movilizamos de forma conjunta con otras muchas organizaciones sindicales. solicitando mejoras para el personal funcionario de la Administración andaluza, CSIF es el sindicato de las personas y en defensa de sus derechos nos manifestamos allá donde toca, nunca en función del color de aquellos que conforman los diferentes gobiernos autonómicos o el gobierno de la nación.

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