La reforma que agiliza los desalojos de okupas: ¿Cómo funcionará la nueva ley?

La reforma sobre okupación de viviendas, aprobada inicialmente en el Congreso el 14 de noviembre de 2024, busca acelerar el desalojo de ocupantes ilegales en España. La nueva ley, que aún debe superar un veto en el Senado, promete cambios significativos en los procedimientos judiciales relacionados con los delitos de usurpación y allanamiento de morada.

El principal objetivo de esta reforma es agilizar los trámites judiciales y distinguir entre dos tipos de delitos asociados con la ocupación ilegal. La usurpación se refiere a cuando una vivienda vacía es ocupada de forma ilegal, mientras que el allanamiento de morada se refiere a cuando una vivienda habitada es ocupada sin el consentimiento del propietario. En el caso de allanamiento, las autoridades podrán actuar de forma inmediata, restituyendo la propiedad al legítimo dueño. En ambos casos, el procedimiento judicial se llevará a cabo mediante juicios rápidos, con un plazo máximo de 15 días desde que los acusados son puestos a disposición judicial.

Este sistema supone una notable mejora respecto al actual procedimiento, que puede extenderse durante meses o incluso años, especialmente en los casos tratados por la vía civil. La reforma también elimina la intervención inmediata en casos de usurpación, aunque agiliza considerablemente su resolución.

Cabe destacar que la reforma no afecta a los casos de “inquiokupación”, que ocurre cuando un inquilino deja de pagar el alquiler pero se queda en la vivienda. Este tipo de conflictos continuará siendo tratado por la vía civil y no se beneficiará del proceso penal rápido propuesto para los casos de okupación.

El fenómeno de la okupación de viviendas ha crecido de manera significativa en España desde sus inicios en las décadas de los 60 y 70. Según datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2020 se registraron más de 90.000 denuncias por ocupación ilegal. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades con mayor número de casos, siendo Cataluña la región que concentra un 42% del total de okupaciones en el país.

Aunque el Código Penal de 1996 tipificó la okupación como un delito, la preocupación social sobre este fenómeno sigue en aumento. Por ello, la reforma que busca acelerar los desalojos se presenta como una respuesta a esta creciente demanda de soluciones eficaces.

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